El Proyecto de la Cámara 1039, de la autoría del representante Ángel Morey, deroga una ley obsoleta y refuerza un marco legal más claro y uniforme
(El Capitolio, Puerto Rico – viernes, 10 de abril de 2026)- En un esfuerzo por fortalecer la claridad normativa y cumplir con las disposiciones sobre las oportunidades de reinserción social dentro del servicio público, la Cámara de Representantes aprobó, con 48 votos a favor, el Proyecto de la Cámara 1039, de la autoría del representante del Distrito 6, Ángel Morey Noble.
La medida propone derogar la Ley Núm. 70 de 20 de junio de 1963, al entender que su contenido ya fue incorporado, actualizado y ampliado en la Ley Núm. 8-2017, conocida como la “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”. El propósito es evitar duplicidad legal y administrativa, así como brindar mayor claridad y uniformidad en la aplicación de la política pública vigente sobre habilitación en el servicio público.
“La permanencia de ambas leyes regulando la misma materia resulta innecesaria y puede provocar duplicidad normativa, confusión interpretativa y aplicación inconsistente de la política pública sobre habilitación en el servicio público”, expresó el representante.
La Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) continuará siendo la entidad responsable de evaluar y adjudicar las solicitudes de habilitación, conforme a los criterios y requisitos establecidos en ley.
El proyecto, asimismo, enmienda disposiciones específicas de la Ley 8-2017 para aclarar el proceso aplicable a empleados públicos convictos que cumplen su sentencia en la libre comunidad, ya sea bajo sentencia suspendida o libertad bajo palabra, permitiéndoles solicitar habilitación conforme al procedimiento ya establecido por ley.
“Con esta medida, atendemos la necesidad de contar con un marco legal más claro, uniforme y actualizado, que permita proteger la integridad del servicio público, sin perder de perspectiva los principios de rehabilitación y reinserción que reconoce nuestro ordenamiento jurídico”, finalizó Morey Noble.
Ahora pasa a la consideración y evaluación del Senado de Puerto Rico.
