San Juan, Puerto Rico – (22 de junio de 2026) La Contralora de Puerto Rico, Lcda. y CPA Carmen Vega Fournier, informó hoy los resultados de una auditoría de cumplimiento realizada a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), en la que se identificaron deficiencias significativas relacionadas con la utilización de acuerdos de pago, la contratación de servicios, el control presupuestario de contratos médicos y los procesos de preintervención de facturas. La auditoría cubrió el período comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 31 de diciembre de 2023 y emitió una opinión cualificada, al concluir que las operaciones examinadas se realizaron, en términos generales, de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables, excepto por los tres hallazgos contenidos en el informe.
“Las situaciones identificadas evidencian debilidades en controles administrativos y fiscales que deben ser atendidas con prontitud para proteger los recursos públicos, fortalecer la transparencia institucional y garantizar el cumplimiento estricto de las disposiciones legales que rigen la contratación y los desembolsos gubernamentales”, expresó la Contralora, quien es de profesión abogada y Contador Público Autorizado (CPA).
Uno de los hallazgos principales revela que la CFSE formalizó 18 acuerdos de pago por $539,523 que no cumplían con las excepciones autorizadas por la Ley 98-2009 para este tipo de mecanismo. Según la auditoría, dichos acuerdos fueron utilizados para sufragar gastos relacionados con la operación administrativa de la Corporación y no para situaciones excepcionales vinculadas directamente con la atención médico-hospitalaria de trabajadores lesionados, propósito específico para el cual fue concebida la excepción legal.
Los acuerdos de pago examinados incluyeron desembolsos por $123,522 para la adquisición de equipo médico duradero; $374,119 para servicios de recogido, registro, transporte, almacenamiento, manejo, disposición y destrucción de expedientes médicos y administrativos; $6,512 para la obtención de copias de expedientes; y $35,370 para el pago de certificados de salud de empleados de la Corporación. La Oficina del Contralora concluyó que estos conceptos no estaban cobijados por las circunstancias extraordinarias contempladas por la legislación vigente para autorizar acuerdos de pago sin contratos previos.
La gerencia de la CFSE sostuvo que la compra de equipo médico duradero constituía un servicio directo al lesionado y que históricamente el Reglamento 7851 de 2010 había sido interpretado de forma amplia por los funcionarios responsables de administrar este mecanismo. Asimismo, el exadministrador planteó que la redacción del reglamento vigente permitía interpretaciones diversas y sugirió la aprobación de una nueva reglamentación más específica. No obstante, la Oficina del Contralor determinó que el hallazgo prevalece, al concluir que los desembolsos cuestionados estaban relacionados con operaciones administrativas de la Corporación y no con los servicios médico-hospitalarios contemplados por la Ley 98-2009.
La auditoría también identificó que la Corporación realizó pagos por $23,723 para la adquisición de servicios profesionales sin que existieran contratos escritos entre las partes, incumpliendo requisitos fundamentales de la contratación gubernamental. Los pagos estuvieron relacionados con certificados de salud para empleados de la Corporación y servicios médicos de transportación. Según el informe, la ausencia de contratos escritos impidió establecer de manera clara y precisa las obligaciones y responsabilidades de las partes, aumentando el riesgo de irregularidades administrativas y dificultando la adecuada justificación de los desembolsos efectuados.
Otro aspecto señalado por los auditores fue la formalización de acuerdos de pago sin contar con todas las certificaciones requeridas por reglamento para validar la situación contributiva y fiscal de los proveedores. La auditoría identificó acuerdos que carecían de certificaciones del Departamento de Hacienda relacionadas con la radicación de planillas y ausencia de deudas contributivas, así como certificaciones negativas del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), según correspondía. La Oficina del Contralora advirtió que estas omisiones impiden garantizar que los proveedores se encontraban al día en sus obligaciones fiscales y podrían limitar la capacidad del Gobierno para recuperar deudas pendientes.
El segundo hallazgo del informe está relacionado con la ausencia de controles presupuestarios efectivos sobre contratos de servicios médicos y profesionales. La auditoría determinó que los funcionarios responsables del Área Médica y del Área de Finanzas no establecieron mecanismos adecuados para monitorear el consumo de fondos asignados a contratos de servicios profesionales y consultivos. Como resultado, entre mayo de 2019 y noviembre de 2023 la Corporación aprobó 28 acuerdos de pago por $1.7 millones para atender obligaciones relacionadas con el Área Médica, incluyendo casos en los que los contratos vigentes habían agotado sus fondos antes de su vencimiento o mientras se gestionaban enmiendas contractuales.
La gerencia de la Corporación argumentó que la naturaleza de la misión institucional obliga a garantizar la continuidad de los servicios médicos a los trabajadores lesionados, aun cuando los contratos hayan alcanzado sus límites presupuestarios. Sin embargo, la Oficina del Contralora concluyó que la responsabilidad de monitorear y administrar adecuadamente los balances contractuales corresponde a la propia Corporación y no puede transferirse a los proveedores de servicios. Según el informe, la ausencia de controles adecuados limita la capacidad de la entidad para evaluar el desempeño financiero de sus operaciones médicas y podría afectar su estabilidad económica y operacional.
El tercer hallazgo señala deficiencias en los procesos de preintervención y revisión de facturas relacionadas con acuerdos de pago. Los auditores identificaron que 69 facturas por $98,774 fueron procesadas y pagadas sin incluir la certificación requerida de ausencia de interés, documento exigido por el Código Anticorrupción para certificar que ningún funcionario o empleado público tiene participación económica o interés en los contratos objeto de facturación.
Asimismo, la Corporación no pudo suministrar para examen 98 facturas por $112,927 emitidas entre los años 2014 y 2023. La ausencia de dichos documentos impidió verificar en todos sus detalles la corrección y legitimidad de los pagos efectuados. La administración indicó que parte de la documentación pudo haberse visto afectada por las circunstancias relacionadas con el paso del huracán María y por cambios operacionales en los sistemas utilizados para el manejo de facturas.
Como resultado de los hallazgos identificados, la Oficina del Contralora recomendó a la Junta de Gobierno de la CFSE asegurarse de que la administración implemente las medidas correctivas correspondientes. Entre las recomendaciones principales figura realizar las gestiones necesarias para recuperar los $539,523 desembolsados mediante acuerdos de pago formalizados en contravención de la Ley 98-2009, así como los $23,723 pagados por servicios realizados sin contratos escritos. Además, se recomendó fortalecer la supervisión de la Oficina de Contrataciones, capacitar al personal responsable de los procesos contractuales, implantar controles presupuestarios efectivos sobre los contratos de servicios profesionales y médicos, garantizar el cumplimiento de los requisitos de certificación en las facturas y reforzar los procesos de conservación y archivo de documentos fiscales.
La Corporación del Fondo del Seguro del Estado fue creada para proteger a los trabajadores lesionados y garantizarles tratamiento médico y compensación económica como parte del sistema de compensaciones por accidentes del trabajo en Puerto Rico. Durante los años fiscales examinados, la entidad generó ingresos por más de $3,542 millones, realizó desembolsos que superaron los $2,581 millones y efectuó aportaciones a otras agencias gubernamentales por aproximadamente $189 millones.
“La importancia de la Corporación para la protección de los trabajadores puertorriqueños exige una administración rigurosa, controles internos sólidos y un estricto cumplimiento de las leyes que regulan el uso de fondos públicos. La implantación de las recomendaciones emitidas contribuirá a fortalecer la gobernanza institucional, proteger los recursos públicos y garantizar que los servicios continúen presentándose de manera eficiente y transparente”, concluyó la contralora Vega Fournier.
El informe completo está disponible en www.ocpr.gov.pr.
