El Capitolio, 11 de junio de 2025 — La Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado celebró hoy una audiencia pública para analizar tres medidas claves que buscan fortalecer la protección de derechos ciudadanos, avanzar la transformación digital del sistema de salud y establecer garantías éticas frente al uso de inteligencia artificial en los servicios públicos. La sesión fue presidida por el senador Wilmer Reyes Berríos y contó con la participación de líderes de agencias, expertos técnicos y organizaciones del sector salud.
Portal de rastreo para víctimas de agresión sexual: un paso firme hacia la transparencia (PC 21)
Uno de los proyectos que más atención generó fue el Proyecto de la Cámara 21 (PC 21), de la autoría del representante Méndez Núñez, que propone crear la “Ley del Portal Electrónico de Rastreo del Equipo de Recolección de Evidencia Forense de Violencia Sexual”. Esta medida tiene como fin garantizar que toda víctima de agresión sexual pueda conocer, en tiempo real, el estatus y manejo de su kit forense a través de un sistema digital interagencial.
La Directora Ejecutiva del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), Dra. María S. Conte Miller, compareció personalmente y ofreció una ponencia contundente en respaldo a la medida. “Este sistema no solo fortalece la confianza ciudadana, sino que también empodera a las víctimas al permitirles seguir el rastro de su evidencia a través del sistema de salud y justicia, sin revelar datos personales”, destacó la doctora.
Conte detalló que desde 2020 hasta diciembre de 2024, el ICF ha recibido 641 kits con querella y 136 sin querella, todos ya incluidos en el sistema. El portal ha recibido más de 13,300 visitas y, según explicó, ha sido clave para eliminar el rezago en el análisis gracias a la contratación de laboratorios externos. “Actualmente manejamos internamente el 80% de los casos y tenemos fondos para enviar el resto. Estamos al día”, indicó Conte. Además, subrayó la importancia de que la ley establezca mecanismos de cumplimiento para las agencias involucradas.
La funcionaria también recomendó especificar cómo se notificarán los resultados a las víctimas, respetando la confidencialidad legal del proceso y estableciendo que esa divulgación recaiga sobre el Departamento de Justicia o la Policía. “Este proyecto es indispensable para consolidar el protocolo interagencial de notificación a víctimas y debe ser parte de una política pública que no solo digitaliza, sino humaniza la respuesta institucional”, concluyó.
Modernización del intercambio electrónico de información de salud (PS 613)
La audiencia también incluyó el análisis del Proyecto del Senado 613 (PS 613), que propone derogar la Ley 40-2012 para crear un nuevo marco legal que consolide el Puerto Rico Health Information Exchange (PRHIE) como entidad designada para el intercambio electrónico de información médica.
El secretario de Salud, Dr. Víctor Ramos, participó mediante videollamada desde Washington, y resaltó que “este proyecto representa una oportunidad para corregir errores pasados y finalmente establecer una estructura funcional que facilite la coordinación médica, evite duplicación de pruebas y mejore la atención al paciente”.
El Departamento de Hacienda también endosó la medida, argumentando que ofrece un modelo financiero sostenible mediante la combinación de fondos federales del Medicaid Enterprise System con aportaciones locales, sin afectar el presupuesto general. Además, Fresenius Medical Care Puerto Rico, una de las principales proveedoras de servicios de diálisis en la Isla, recomendó enmiendas al proyecto para permitir la interoperabilidad con redes nacionales existentes, como CommonWell Health Alliance y eHealthExchange. “No podemos imponer cargas técnicas innecesarias a proveedores que ya cumplen con los estándares federales”, expresó su portavoz.
Protección ciudadana frente a la inteligencia artificial en servicios públicos (PS 622)
El Proyecto del Senado 622 (PS 622), también discutido durante la audiencia, busca establecer la “Ley de Transparencia y Derecho a la Interacción Humana en Servicios Públicos Asistidos por Inteligencia Artificial”. Esta legislación obligaría a las agencias gubernamentales a informar cuando un ciudadano interactúa con sistemas automatizados, y garantizaría siempre el acceso a un ser humano para continuar el proceso.
Joshua Castro, presidente de Soy Un Glitch LLC, celebró la medida como “un paso crucial para proteger los derechos ciudadanos en la era digital”, pero advirtió sobre la necesidad de desarrollar capacidad técnica en el gobierno antes de su implementación. Recomendó crear un centro de especialización y capacitación que sirva como ente rector técnico.
Por su parte, la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Lcda. Valerie Rodríguez Erazo, a través de su portavoz, señaló que “es imprescindible que los ciudadanos sepan si están interactuando con IA, especialmente para proteger a las personas mayores y con limitaciones tecnológicas. Esta transparencia refuerza la confianza y previene confusión o manipulación”.
Ambos comparecientes coincidieron en que el proyecto debe aplicarse exclusivamente al sector público y no extenderse como referencia para el sector privado, para evitar frenar la innovación empresarial.
El senador Wilmer Reyes Berríos, presidente de la Comisión, cerró la audiencia agradeciendo a los deponentes y reafirmando su compromiso con una legislación informada, responsable y centrada en el ciudadano. “Puerto Rico tiene la oportunidad de liderar en áreas donde la tecnología, la justicia y los derechos humanos convergen. Este es un trabajo que no podemos postergar”, afirmó.
Sin embargo, el senador Reyes Berrios dejó consignado que no recibieron ponencias del PRITS ni se excusaron de la vista pública, a pesar de ser una entidad clave en la integración tecnológica del gobierno La Comisión continuará evaluando enmiendas y afinando los proyectos con el objetivo de que cada uno cumpla con los más altos estándares de equidad, eficiencia y transparencia.
