La organización reclama transparencia sobre el proceso de auditoría y advierte que, a más de cuatro meses del anuncio de la identificación de los fondos, miles de docentes continúan esperando su compensación.
A más de cuatro meses de que el Gobierno anunciara la identificación de $90.4 millones para saldar la deuda acumulada de la Carrera Magisterial, la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) y su Local Sindical reclamaron hoy respuestas concretas sobre el estado de los procesos fiscales y administrativos que mantienen pendiente el desembolso de los fondos a más de 5,850 docentes activos y no activos del sistema público de enseñanza.
Durante una conferencia de prensa, el presidente de la AMPR, Prof. Víctor M. Bonilla Sánchez, y el secretario general de su Local Sindical, Prof. Ángel Javier Pérez Hernández, recordaron que esta espera se suma a más de una década de reclamaciones por compensaciones salariales reconocidas bajo la Ley de Carrera Magisterial.
El 22 de junio, la gobernadora Jenniffer González Colón anunció la identificación de los recursos. La determinación fue reconocida públicamente por la AMPR como un avance importante hacia la justicia salarial del magisterio. Sin embargo, transcurridos más de cuatro meses, los desembolsos continúan pendientes y los docentes afectados desconocen cuándo recibirán el dinero que les corresponde.
“Desde el primer día reconocimos la importancia del anuncio de la gobernadora para atender una deuda histórica con el magisterio. Pero la verdadera justicia salarial no se alcanza con identificar o asignar los fondos, sino cuando cada maestra y maestro elegible reciba la compensación que por derecho le corresponde. Hoy solicitamos un calendario claro y acciones concretas para culminar los pagos”, expresó Bonilla Sánchez.
La preocupación de la AMPR surge ante la prolongación de un proceso de auditoría que, según la información ofrecida por las autoridades educativas, permanece pendiente como parte de los trámites necesarios para autorizar el desembolso. En julio, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, indicó que se habían completado los cómputos individuales y que aguardaba directrices de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). En agosto, el director de OGP, Orlando Rivera Berríos, estimó que la auditoría de las reclamaciones tomaría aproximadamente dos meses, antes de presentar la información a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para las autorizaciones correspondientes.
Ante ello, la AMPR solicitó conocer el estado de la auditoría, las verificaciones y autorizaciones pendientes, la fecha prevista para su conclusión y cuándo comenzarán los desembolsos.
“Reconocemos que el manejo de los fondos públicos requiere rigurosidad y el cumplimiento de los controles fiscales correspondientes. Sin embargo, esos procesos también deben desarrollarse con diligencia, transparencia y términos definidos. El magisterio merece conocer qué falta para completar el proceso y cuándo finalmente recibirá su dinero”, añadió el presidente de la AMPR.
Por su parte, el secretario general de la Local Sindical recordó que el reclamo por el cumplimiento de Carrera Magisterial ha sido una prioridad de la organización desde mucho antes del anuncio gubernamental. Desde el 2019, la AMPR y su Local Sindical han promovido acciones judiciales, gestiones legislativas, querellas al amparo del Convenio Colectivo y reuniones continuas con distintas administraciones del Departamento de Educación para exigir el cumplimiento de las obligaciones salariales contraídas con los docentes.
“Esta lucha no comenzó hace cuatro meses. Llevamos años reclamando que el Departamento de Educación cumpla con un derecho reconocido por ley. Nuestros maestros invirtieron tiempo, dinero y sacrificios personales para alcanzar una preparación académica que debía traducirse en una compensación salarial. Cumplieron con todos los requisitos que el propio Estado les exigió. Lo que estamos reclamando es que finalmente se honre esa obligación”, sostuvo Pérez Hernández.
Como parte de ese seguimiento, la AMPR escribió a la JSF en julio y a OGP durante agosto para solicitar acción expedita. Según la organización, esas comunicaciones permanecían sin respuesta oficial al momento de reiterar sus reclamos.
El 26 de octubre, la Asociación entregó nuevas cartas a la gobernadora y al director de OGP. A la mandataria le solicitó intervenir para agilizar los procesos y establecer un calendario y a OGP le requirió información sobre la auditoría, los trámites ante la JSF, la disponibilidad de fondos y las fechas proyectadas para los pagos.
“Nuestra organización ha utilizado consistentemente los mecanismos de diálogo y comunicación institucional para procurar soluciones. Confiamos en que las entidades responsables puedan coordinar sus esfuerzos y ofrecer al magisterio la certeza que merece. La AMPR continuará dando seguimiento a cada trámite hasta que este compromiso se materialice”, puntualizó Bonilla Sánchez.
Finalmente, ambos dirigentes reiteraron que la Asociación de Maestros de Puerto Rico y su Local Sindical continuarán fiscalizando el proceso y defendiendo los derechos de los docentes activos, jubilados y no activos a quienes se les adeuda la compensación hasta que el Gobierno complete los procesos pendientes y haga efectivo el pago de esta deuda histórica.
