Más de 20 mil familias esperan por un techo mientras sigue intacta la regla que excluye a Puerto Rico de la línea de pobreza federal; el comisionado tenía su propio proyecto radicado, con un coautor sentado en el comité, y no lo incluyó en el ROAD to Housing Act
(lunes, 19 de octubre de 2026; El Capitolio, San Juan) El senador por acumulación Ángel Toledo López emplazó hoy al comisionado residente, Pablo José Hernández, a explicarle al país por qué no logró incluir en el 21st Century ROAD to Housing Act la enmienda que corrige la desigualdad en los límites de ingreso para vivienda pública y Sección 8 en Puerto Rico, pese a tener su propio proyecto radicado desde febrero de 2025.
“Pablo José prometió cambio y se durmió en las pajas. Van para dos años perdidos. Tenía el proyecto en la mano, su coautor Ritchie Torres estaba sentado en el comité que escribió la ley, y esa ley la escribieron demócratas como Elizabeth Warren y Maxine Waters junto a republicanos. Pablo José, dile al pueblo por qué no metiste con los demócratas la enmienda de Puerto Rico en el ROAD to Housing Act”, expresó el senador.
Desde el 17 de enero de 2014 la ley federal define a las familias de ingresos extremadamente bajos con el mayor de dos números, la línea de pobreza federal o el 30 por ciento de la mediana de ingresos del área. A esas familias van por ley al menos 75 de cada 100 vales de Sección 8 y 40 de cada 100 admisiones a vivienda pública. Esa misma ley dice, con nombre y apellido, que la línea de pobreza no aplica a Puerto Rico (“shall not apply in the case of public housing agencies or projects located in Puerto Rico”, 42 U.S.C. 1437a(b)(2)(C)(i)). En 2026 esa línea es de $33,000 para una familia de cuatro, y en todos los estados el tope es esa cifra o una mayor. En San Juan la ley deja el tope en $12,400. HUD lo sube a aproximadamente 20,000 por decisión administrativa desde 2023, según su propia notificación PDR-2026-02, y esa decisión se puede revertir cualquier año.
El salario mínimo en Puerto Rico es de $10.50 la hora, y un sueldo a tiempo completo son $21,840 al año. Con ese ingreso, una familia de cuatro en San Juan supera el tope de Sección 8 y pierde la prioridad en el residencial. En Florida esa misma familia está en el grupo que va primero en la fila. El techo para entrar a un residencial en San Juan, $33,100, es prácticamente la misma cifra que en Florida marca el piso de los más pobres, $33,000.
“Lo que en Florida es el piso, en San Juan es el techo. Esa regla castiga al que trabaja y reporta su sueldo, y la protección que tenemos hoy depende de una firma en HUD. Por eso había que ponerla en ley cuando pasó la oportunidad, y la oportunidad pasó por el frente del comisionado”, añadió Toledo López.
La solución existe desde que la entonces comisionada Jenniffer González radicó en febrero de 2024 el Puerto Rico Low-Income Housing Support Act, con el apoyo de la Asociación de Constructores y con Ritchie Torres de coautor. El 8 de septiembre de 2024, en campaña, Hernández Rivera prometió impulsar la revisión de esos límites. El 27 de febrero de 2025 radicó el H.R. 1696 como autor principal, otra vez con Torres, miembro del Comité de Servicios Financieros. La medida se refirió a ese comité el mismo día y no ha tenido vista ni votación desde entonces. Hernández Rivera no es miembro de ese comité; sirve en Recursos Naturales y Seguridad Nacional.
El 21st Century ROAD to Housing Act se armó con cuarenta proyectos que senadores de ambos partidos ya tenían radicados. Pasó el Comité de Banca del Senado 24 a 0 el 29 de julio de 2025 y el Comité de Servicios Financieros 50 a 1 el 17 de diciembre de 2025, sesión en la que nadie presentó la enmienda de Puerto Rico. Pasó la Cámara 390 a 9, el Senado 89 a 10, la Cámara 396 a 13, el Senado 85 a 5 y la Cámara 358 a 32, y se convirtió en ley el 11 de julio de 2026. Tiene 59 secciones y ninguna toca la línea de Puerto Rico. En los dieciséis meses entre la radicación del H.R. 1696 y la entrada en vigor de la ley, el comisionado no emitió una sola expresión pública sobre ella. Cuando el Congreso la aprobó, el Gobierno de Puerto Rico reaccionó a través de PRFAA; su oficina se quedó callada.
“Emplazo al comisionado a hacer público el expediente completo de sus gestiones para incluir a Puerto Rico en el ROAD to Housing Act, entre febrero de 2025 y junio de 2026. Cartas, correos, reuniones. Si le pidió a alguien que incluyera la enmienda, que lo muestre y diga quién le dijo que no. Si no se lo pidió a nadie, que lo diga. Puerto Rico tiene derecho a saber si su comisionado peleó por su propio proyecto o si lo radicó para el comunicado y lo dejó morir”, sostuvo.
Según la Administración de Vivienda Pública, 20,142 familias esperan por una unidad en los 328 residenciales públicos repartidos por 77 municipios o por un vale de Sección 8, después de depurar un registro que llegó a superar 34,000 solicitantes.
“Puerto Rico no está en la ley porque su comisionado no la trabajó. Anuncia lo que otros consiguen y deja morir lo que es suyo. Pablo José, el comisionado del cambio, se durmió en las pajas. Que explique por qué”, concluyó Toledo López.
