Por la insistencia y la acción legislativa de la senadora Rodríguez Veve se descubrió que $3.7 millones destinados a la Policía llevan once años intactos en una cuenta de Hacienda, sin fideicomiso, sin junta y sin que nadie rindiera cuentas.
San Juan, Puerto Rico (25 de agosto de 2026) – Como resultado de la fiscalización de la senadora independiente por acumulación Joanne M. Rodríguez Veve se descubrió la existencia, el paradero y el estado de abandono de aproximadamente $3.7 millones que por once años debieron invertirse en la Policía de Puerto Rico. Ese dinero, recaudado del bolsillo de los ciudadanos al amparo de la Ley 140-2014, ha permanecido por más de una década fuera del presupuesto, depositado en una cuenta bajo la custodia del Departamento de Hacienda, sin que agencia alguna diera cuenta de este.
Así lo confirma la Contralora de Puerto Rico mediante carta, como respuesta al referido que Rodríguez Veve presentara el 12 de noviembre de 2025, sobre el incumplimiento de la Ley 140-2014, estatuto que creó el Fondo y el Fideicomiso para el Mejoramiento Tecnológico, Profesional y Laboral de la Policía de Puerto Rico. La investigación de la Contralora valida, la investigación de la senadora. Entre sus hallazgos se concluyó que:
Existe una cuenta activa para el fondo del Mejoramiento de la Policía; dicha cuenta recibió 3.7 millones en depósitos provenientes del cobro de multas de tránsito; no se han utilizado los 3.7 millones depositados en esa cuenta; nunca se creó el fideicomiso que iba a administrar ese fondo; nunca se nombraron a las personas que formarían parte de ese fideicomiso; el incumplimiento con la creación del fideicomiso y su estructura administrativa fue lo que impidió la utilización de lo $3.7 millones que se supone que se usaran para el mejoramiento tecnológico, profesional y laboral de la Policía de Puerto Rico; hoy, ese dinero ni siquiera cuenta con autorización presupuestaria para usarse.
Esta información sale a la luz tras varios intentos de las agencias concernidas para obstaculizar el trabajo de fiscalización de la senadora Rodríguez Veve. Entre agosto y octubre de 2025, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y el Negociado de la Policía (NPPR) se negaron a responder las peticiones de información de la senadora, lo que la obligó a presentar un recurso de mandamus (SJ2025CV09587, Tribunal de Primera Instancia de San Juan). Solo bajo orden judicial las agencias produjeron certificaciones en las que aseguraron al tribunal que no existía “evidencia alguna” del fideicomiso, que el fondo había “quedado sin efecto legal” y que “no existía ningún fondo activo”.
El 7 de agosto de 2026, la Contralora Carmen A. Vega Fournier curso carta a la senadora Rodríguez Veve en la que revela los hallazgos señalados, los cuales desmienten las certificaciones emitidas por el NPPR y el DSP.
La senadora hizo constar su agradecimiento a la Contralora por la investigación realizada, pero también su desacuerdo con la conclusión de que no pueden identificarse responsables porque, según arguye la Contralora, la ley no asignó a nadie la obligación “exclusiva” de constituir el fideicomiso. Según Rodríguez Veve, ” los funcionarios obligados a actuar estaban identificados con claridad por la propia ley. Los llamados a actuar eran: el Superintendente de la Policía, el secretario de Justicia, el secretario de Hacienda, y el Gobernador, a quien correspondía nombrar los fiduciarios ciudadanos del fideicomiso. Cada uno de ellos tenía un rol que la ley le encomendó, y ninguno lo cumplió. Plantear que porque la obligación era de varios entonces no era de nadie, es un estándar que no existe en nuestro ordenamiento: un deber compartido entre agencias o funcionarios no es un deber inexistente.”
Por otra parte, la conclusión de la Contralora de que no hubo “pérdida, malversación o desvío” mide el daño con una sola vara. La senadora expresó que “el incumplimiento del deber no debería requerir la desaparición del dinero para consumarse: existe un daño real cuando se priva, por once años, del beneficio público que la Asamblea Legislativa ordenó, tecnología, adiestramiento y profesionalización de la Policía en el período más crítico de su reforma, y la lesión institucional que supone que un mandato legislativo pueda incumplirse sin consecuencia. Nuestro sistema de justicia no debe estar diseñado para que nadie responda cuando nadie cumple.”
Ante estos hallazgos, la senadora anunció las siguientes gestiones inmediatas:
Carta a la Contralora — Solicitará que la Oficina del Contralor rinda un informe especial a la Asamblea Legislativa conforme a su mandato constitucional y estatutario, junto con copia del expediente investigativo y la identificación precisa de la cuenta donde reposan los fondos.
Requerimientos a Hacienda y a la AAFAF — Exigirá el historial completo de depósitos desde 2014, para conciliar si los $3.7 millones representan la totalidad de lo que debió ingresar al Fondo por las cuatro fuentes de recaudo que dispuso la ley, así como información sobre el memorando de entendimiento sobre recaudos de multas electrónicas que el propio Negociado de la Policía reveló estar gestionando.
Legislación de rescate — Radicará legislación para rescatar el Fondo: asignar el balance acumulado a sus fines originales, tecnología, adiestramiento y profesionalización de la Policía.
“Los policías de Puerto Rico llevan once años esperando por un dinero que ya es suyo. Mi compromiso es simple: que esos $3.7 millones lleguen a donde la ley siempre ordenó que llegaran. El dinero está. Lo que nunca existió fue la voluntad de cumplir la ley. Esa voluntad la vamos a poner nosotros.”
