SAN JUAN, Puerto Rico – El 17 de marzo de 2026, un gran jurado federal del Distrito de Puerto Rico presentó una acusación formal contra 52 pandilleros de los municipios de San Juan, Morovis y Cataño por conspiración para poseer con intención de distribuir, posesión y distribución de sustancias controladas e infracciones relacionadas con armas de fuego, anunció W. Stephen Muldrow, Fiscal Federal del Distrito de Puerto Rico. Esta investigación fue liderada por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Grupo de Trabajo de San Juan de la Oficina de Policía de Puerto Rico (PRPB), con la colaboración del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina de Operaciones de Campo (OFO) y Operaciones Aéreas y Marítimas (AMO) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Hoy, durante las detenciones, las siguientes agencias brindaron apoyo: Guardia Nacional de Puerto Rico, Policía Municipal de Guaynabo, Policía Municipal de Bayamón y Policía Municipal de San Juan.
“Gracias al excelente trabajo de investigación de nuestros socios de las fuerzas del orden y fiscales, los líderes, sicarios y demás miembros de la violenta pandilla están siendo sacados de nuestras calles”, declaró el Fiscal Federal Muldrow. “Estas detenciones reflejan nuestra firme determinación de erradicar las pandillas violentas de nuestras comunidades”.
“Esta operación deja algo absolutamente claro: quienes eligen sembrar la violencia y envenenar nuestras comunidades serán perseguidos y desmantelados sin tregua”, afirmó el Agente Especial a Cargo Interino de la DEA, Evan Martínez. “No hay refugio seguro para las organizaciones criminales en Puerto Rico. Junto con nuestros socios federales y locales, estamos utilizando todos los recursos, todas las facultades y todas las estrategias para que estas personas rindan cuentas. No nos detendremos, no bajaremos el ritmo y no cejaremos en nuestro empeño hasta que nuestras comunidades sean más seguras y se haga justicia”.
La acusación formal alega que, desde 2018 hasta la fecha, la organización de narcotráfico distribuyó cocaína, marihuana, heroína y fentanilo en un radio de 300 metros (1000 pies) de los proyectos de vivienda pública Los Lirios (San Juan), Jardines de Cataño (Cataño), Juana Matos (Cataño), El Coquí (Cataño) y Nemesio Rosario Canales (San Juan), así como en zonas aledañas, con el fin de obtener importantes beneficios económicos.
El objetivo de la conspiración era distribuir grandes cantidades de sustancias controladas, tanto al por mayor como al por menor, en dichos proyectos de vivienda pública. En ocasiones, los miembros de la banda unían recursos de diferentes zonas, como los proyectos Luis Lloréns Torres y Vista Hermos, la Barriada Figueroa y otros dentro de los municipios de San Juan, Morovis y Cataño. La organización se autodenominaba “La Familia Nunca Muere” (en adelante, “LFNM”), también conocida como “Los Incorregibles”, “La Colectora” o “La Cole”. Los acusados se comunicaban entre sí mediante radios bidireccionales y teléfonos celulares, mensajería instantánea y redes sociales. Los miembros de LFNM promocionaban sus actividades, sus narcóticos, sus armas de fuego, su dinero y su pandilla a través de las redes sociales. Algunos líderes encarcelados participaban en reuniones utilizando teléfonos celulares de contrabando, normalmente mediante videollamada.
