SAN JUAN, Puerto Rico – El 24 de septiembre de 2026, un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal contra 28 miembros de una organización delictiva de los municipios de Juana Díaz, Villalba y Coamo. Se les imputan cargos de conspiración para poseer con intención de distribuir, posesión y distribución de sustancias controladas, así como violaciones relacionadas con armas de fuego, según anunció Héctor Ramírez Carbó, Fiscal Federal Interino para el Distrito de Puerto Rico. Esta investigación fue liderada por la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Fuerza de Choque de Ponce del Negociado de la Policía de Puerto Rico (PRPB), con la colaboración de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS). Hoy, durante los arrestos, brindaron apoyo las siguientes agencias: el Buró Federal de Investigaciones (FBI), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (US Marshals Service) y el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico.
“Los arrestos en este caso subrayan la determinación de la Fiscalía Federal y de sus socios en las fuerzas del orden de defender el estado de derecho y llevar ante la justicia a criminales violentos que amenazan a nuestras comunidades”, declaró el Fiscal Federal Interino Ramírez-Carbó. “Estas detenciones reflejan nuestro compromiso de erradicar a las bandas violentas de nuestras comunidades”.
“A través del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (Homeland Security Task Force), la DEA y nuestros socios federales, estatales y locales permanecemos unidos en una sola misión: proteger al pueblo de Puerto Rico. El fentanilo es una droga extremadamente peligrosa que cobra vidas y destroza familias; continuaremos persiguiendo implacablemente a las organizaciones violentas que se lucran con él”, afirmó Michael Mayer, Agente Especial a Cargo de la División del Caribe de la DEA. “Operaciones como esta demuestran la eficacia de nuestras alianzas, no solo para desmantelar organizaciones de narcotráfico y reducir la violencia, sino también para evitar que drogas letales lleguen a nuestras comunidades. Cada kilogramo incautado, cada organización criminal desarticulada y cada punto de venta de drogas desmantelado representa vidas potencialmente salvadas. La División del Caribe de la DEA mantiene un compromiso inquebrantable con una nación libre de fentanilo y con la seguridad de nuestros ciudadanos”. La acusación formal sostiene que, a partir de 2022, la organización de narcotráfico distribuyó heroína, fentanilo, cocaína base (crack), cocaína, marihuana, tramadol y clonazepam en un radio de 1.000 pies de los complejos de vivienda pública Enudio Negrón, Maximino Miranda y Villa Del Parque, así como en el barrio Pastillo y zonas aledañas, todo ello con el fin de obtener importantes ganancias económicas.
El objetivo de la conspiración era distribuir cantidades tanto al por mayor como al por menor (para venta a nivel de calle) de sustancias controladas en los complejos de vivienda pública Enudio Negrón, Maximino Miranda y Villa Del Parque (también conocido como Kennedy), así como en el barrio Pastillo y sus alrededores. Esta organización también transportaba y distribuía cantidades de cocaína del orden de los kilogramos en el territorio continental de los Estados Unidos. Los acusados se comunicaban entre sí mediante radios bidireccionales y teléfonos celulares, utilizando mensajería instantánea y redes sociales.
Se alega que miembros de la organización de narcotráfico participaron en actos violentos, incluidos tiroteos y asesinatos, para mantener el control del tráfico de drogas en las zonas que dominaban.
Los acusados desempeñaron diversos roles para promover los objetivos de la conspiración de narcotráfico, tales como líderes, proveedores, propietarios de puntos de venta de droga, encargados de hacer cumplir las normas (enforcers), mensajeros, vendedores, vigilantes y facilitadores. Veinte (20) acusados enfrentan un cargo de posesión de armas de fuego en relación con un delito de narcotráfico, y catorce (14) de ellos enfrentan un cargo de posesión de una ametralladora en relación con un delito de narcotráfico. Los acusados que figuran en la acusación formal son:
[1] Jeremy José Maldonado-Rivera, a.k.a. “Jere/El Patrón/La J/El Loco”
[2] Jerome Javier Cruz-Santiago
[3] Javier Sánchez-Pérez, a.k.a. “Javi/Javielito”
[4] José Armando Rodríguez-López, a.k.a. “Armandito/Mamando”
[5] Roric Harvey Núñez-García, a.k.a. “El Colo/Colorao/Rubio”
[6] Jomar Javier Cruz-Santiago, a.k.a. “Truco/Truko”
[7] Anthony Cruz-Rodríguez, a.k.a. “Anton”
[8] Yamil Hernández-De Jesús, a.k.a. “Pulpi/Yamito/Yamo”
[9] Jonathan Daniel Colón-Santiago, a.k.a. “Curry”
[10] Eliezer Steven De Jesús-Martínez
[11] Carlos Omar Costales-González, a.k.a. “Maro/Goldo”
[12] Cristobal Manuel Santiago-López, a.k.a. “Cristo”
[13] Jadiel Carlid Gaston-García
[14] Miguel Ángel Alvarado-Ortiz, a.k.a. “Mikito/Minguito/Mickeyto/Miko”
[15] Jorge Esteban Sosa-Pomales
[16] Jayson Santiago-Rivera
[17] Kevin Camacho-Franceschi, a.k.a. “Hongo/Honguito”
[18] Luis Daniel Colón-Santiago, a.k.a. “Wiso”
[19] Christian Jasnel Cruz-García, a.k.a. “Oreja”
[20] Luis Armando Rivera-Merlo, a.k.a. “El Negrito/El Negro de Guayanilla”
[21] Emmanuel Santiago-Bermúdez, a.k.a. “27”
[22] Wilbert Torres-Cortés, a.k.a. “Wilbul”
[23] Jonathan Adolfo Santiago-Guzmán, a.k.a. “Manota”
[24] Héctor Jomar Torres-Rodríguez, a.k.a. “Changa”
[25] Luis David Colón-Malavé, a.k.a. “Willo”
[26] Hermarilis Rosado-Ortiz, a.k.a. “Elma/Patita”
[27] Yarielis Michelle Morales-Rodríguez, a.k.a. “Golda”
[28] Nitzaliz Yadielis Rivera-Curet
El Fiscal Federal Adjunto (AUSA) y Jefe de la Sección de Pandillas, Alberto López-Rocafort, la Subjefa de la Sección de Pandillas y AUSA, Teresa Zapata-Valladares, y el AUSA Joseph Russell están a cargo de la acusación en este caso. De ser condenados por los cargos relacionados con drogas, los acusados enfrentan una pena mínima de 10 años y hasta cadena perpetua. Si son condenados tanto por los cargos de drogas como por los de armas de fuego incluidos en el sexto cargo de la acusación, enfrentan una pena mínima de 15 años y hasta cadena perpetua. Los acusados imputados por la posesión de ametralladoras en apoyo al narcotráfico, según el séptimo cargo, enfrentan una pena mínima obligatoria de treinta años de prisión, la cual deberá cumplirse de manera consecutiva a cualquier otra pena impuesta por los cargos de narcotráfico. Todos los acusados enfrentan una solicitud de decomiso de bienes relacionados con el narcotráfico por un valor de 4.158.080 dólares.
Este proceso penal forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), establecido mediante la Orden Ejecutiva 14159, titulada “Protección del pueblo estadounidense contra la invasión”. El HSTF es una alianza gubernamental integral dedicada a desmantelar cárteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y contrabando de personas que operan tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Mediante una colaboración interinstitucional histórica, el HSTF canaliza toda la capacidad de las fuerzas del orden de Estados Unidos para identificar, investigar y procesar la totalidad de los delitos cometidos por estas organizaciones, las cuales han alimentado durante mucho tiempo la violencia y la inestabilidad dentro de nuestras fronteras. En el desempeño de esta labor, el HSTF pone especial énfasis en investigar y procesar a quienes participan en el tráfico de menores u otros delitos que afectan a niños. Asimismo, el HSTF utiliza todos los recursos disponibles para procesar y expulsar de Estados Unidos a los extranjeros que han cometido delitos violentos. La HSTF de San Juan está integrada por agentes y funcionarios de las siguientes entidades federales asociadas: FBI, ICE-HSI, CBP (OFO, AMO y Patrulla Fronteriza), el Servicio de Alguaciles de los EE. UU. (U.S. Marshals Service) para Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU., DEA, ATF, IRS, la Guardia Costera de los EE. UU., el Servicio de Investigación de la Guardia Costera de los EE. UU., el Servicio de Inspección Postal de los EE. UU., el Departamento de Estado, el Servicio Secreto de los EE. UU., la iniciativa HIDTA de Puerto Rico/Islas Vírgenes de los EE. UU., TSA, FAA y las Fiscalías Federales para los distritos de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes de los EE. UU. La HSTF también cuenta con la participación de las siguientes agencias estatales y locales del orden público: el Departamento de Policía de Puerto Rico; los Departamentos de Policía Municipal de San Juan, Carolina, Guaynabo, Barceloneta y Ponce; la Guardia Nacional de Puerto Rico (Programa Antidrogas); el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico; el Departamento de Hacienda de Puerto Rico; la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico; y el Departamento de Policía de las Islas Vírgenes.
Una acusación formal es meramente una alegación, y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.
