11 de mayo de 2022 (San Juan, Puerto Rico) – Los representantes del sector docente y estudiantil ante la Junta Universitaria de la Universidad de Puerto Rico (UPR) denuncian que la Oficina de Transformación Institucional (OTI), adscrita a la Junta de Gobierno, y la compañía BluHaus Capital LLC (BluHaus), contratada por la OTI, por negarse a ofrecer información a la Junta Universitaria sobre el Plan Piloto de Recursos Compartidos de la UPR.
La OTI fue impuesta a la UPR por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en 2018. La OTI contrató a la compañía BluHaus para que elaborara un plan piloto de recursos compartidos entre recintos. El plan piloto fue aprobado por la Junta de Gobierno en diciembre de 2021 luego de una presentación en PowerPoint a pesar de que el plan escrito no había sido compartido como parte de los documentos a discutirse en esa reunión.
Antes de la aprobación por la Junta de Gobierno del plan piloto, la Junta Universitaria había solicitado que se hiciera una presentación sobre este plan en una de sus reuniones para que los representantes claustrales pudieran informar detalles sobre el plan a sus representados.
Luego de varios meses solicitando esa información, en la reunión de hoy de la Junta Universitaria estaba en agenda que la OTI ofrecería finalmente el informe solicitado. Sin embargo, la Presidenta Interina Dra. Mayra Olavarría informó que la OTI no comparecería a ofrecer el informe.
El Plan Piloto de Servicios Compartidos ha sido mencionado recientemente por la JSF que requiere su implantación como requisito para aprobar $20 millones adicionales al Presupuesto de la UPR para el año fiscal 2022-2023. Según el Plan Fiscal de la UPR certificado por la JSF el plan se desarrollará en tres etapas. La primera etapa corresponde al plan piloto, en la segunda etapa participarán los recintos de Ponce, Bayamón, Carolina, Humacao, y Cayey y en la última etapa los recintos de Mayagüez, Río Piedras y Ciencias Médicas junto con la Administración Central.
Nuevamente, la Junta de Gobierno está implementando un plan que afecta el futuro de la universidad a espalda del cuerpo de mayor representatividad de la comunidad universitaria que es la Junta Universitaria, según establecido por la Ley de la Universidad de Puerto Rico. Esta situación recalca la importancia de aprobar una nueva ley universitaria que evite estos comportamientos arbitrarios.
