san Juan, PR – 22 de noviembre de 2021 – La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico emitió hoy el siguiente comunicado con respecto a tres leyes que ampliarían los beneficios de los empleados gubernamentales retirados y que impondrían sobre los contribuyentes de Puerto Rico costos futuros sustanciales que el Gobierno aún no ha cuantificado en su totalidad:
La Junta de Supervisión solicitó al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico que dictamine que PROMESA prevalece sobre la Ley 80-2020, la Ley 81-2020 y la Ley 82-2020 y que dichas leyes son inconsistentes con el Plan de Ajuste para el Gobierno, el cual reduciría la deuda del Gobierno de Puerto Rico en casi un 80% y ahorraría a Puerto Rico más de $50 mil millones en pagos del servicio de la deuda.
La implementación de las tres leyes añadiría nuevos beneficios a los participantes del Sistema de Retiro de los Empleados y del Sistema de Retiro para Maestros, fondos que estaban en estado de insolvencia durante la adopción de PROMESA porque las administraciones anteriores habían dejado de financiar adecuadamente las promesas del Gobierno a los retirados. Las leyes en cuestión ofrecen nuevos beneficios que añadirían aún más costos a los pagos de pensiones actuales del Gobierno.
El año pasado, la entonces Gobernadora y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) acordaron no implementar las tres leyes hasta que el Gobierno y la Junta de Supervisión acordaran una solución del punto de vista de viabilidad financiera, si posible. Aunque la Junta de Supervisión ha tenido intercambios extensos con el Gobierno con relación a la Ley 80, los propios datos del Gobierno muestran que la Ley aumentará sustancialmente los costos sin que haya ninguna solución sobre cómo pagarlos. En junio de 2021, la Junta de Supervisión se ofreció a continuar explorando opciones para la posible implementación parcial de la Ley 80. El Gobierno nunca respondió.
En cambio, el 11 de noviembre de 2021, la Legislatura aprobó la Resolución Conjunta del Senado 171 para requerir la implementación de la Ley 80 en un plazo de 60 días, a pesar de los millones de dólares de aumento en los costos, la ausencia de cualquier plan para pagar estos costos adicionales y el acuerdo entre el Gobierno y la Junta de Supervisión de no implementar la Ley 80 (así como las Leyes 81 y 82) hasta que la Junta de Supervisión estuviera de acuerdo.
En respuesta, la Junta de Supervisión incluyó las Leyes 80, 81 y 82 entre las leyes del Gobierno sobre las cuales prevalece la orden del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos que confirma el Plan de Ajuste. La objeción de la AAFAF no solo caracteriza erróneamente los hechos y las circunstancias, sino que deja muy claro que la Legislatura y el Gobierno pretenden ampliar los beneficios de las pensiones, sin tener en cuenta el costo y sin ningún plan para pagarlas.
La orden propuesta para confirmar el Plan de Ajuste impediría tales acciones durante un periodo de diez años, sujeto a excepciones bajo ciertas condiciones, con el fin de cumplir el mandato legal de la Junta de Supervisión de que Puerto Rico logre responsabilidad fiscal y para asegurar que existan fondos para pagar las pensiones.
Los contribuyentes de Puerto Rico merecen claridad sobre los futuros gastos del Gobierno y los retirados del Gobierno merecen que haya fondos para pagar los beneficios de las pensiones que se les han prometido. La Junta de Supervisión continuará trabajando para lograr ambos objetivos y para poner fin al proceso de quiebra de Puerto Rico bajo el Título III de PROMESA.
