SAN JUAN, Puerto Rico – El 18 de noviembre de 2026, la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Silvia Carreño Coll, sentenció al exempleado del Departamento de Hacienda, Luis A. Jiménez-Guzmán, a 50 meses de prisión, dos años de libertad supervisada y al pago de una restitución de 5 millones de dólares por su papel en una conspiración de soborno para defraudar al Departamento de Hacienda de Puerto Rico (PRDT, por sus siglas en inglés), anunció Héctor Ramírez Carbó, fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico. El 2 de julio de 2026, Jiménez-Guzmán fue acusado y se declaró culpable de participar en una conspiración de soborno que conllevó la pérdida de aproximadamente 5,000,000 de dólares en ingresos fiscales para Puerto Rico, en violación del artículo 371 del título 18 del Código de los Estados Unidos (18 U.S.C. § 371).
Según el acuerdo de culpabilidad en el caso, Luis A. Jiménez-Guzmán conspiró, de manera consciente y deliberada, para cometer soborno en programas federales y fraude electrónico, además de aceptar sobornos a cambio de sus actos corruptos. Desde febrero de 2019 hasta marzo de 2023, Jiménez-Guzmán fue empleado y agente del Departamento de Hacienda de Puerto Rico; sus funciones incluían el acceso —tanto físico como electrónico— y la revisión de declaraciones de impuestos y documentos relacionados con la facturación y el cobro de contribuciones adeudadas. El acusado contaba con acceso privilegiado a las plataformas digitales del Departamento de Hacienda, específicamente al Sistema Integrado de Administración Tributaria de Puerto Rico (PRITAS) y al Sistema Unificado de Rentas Internas (GenTax/SURI). Esto le permitía acceder, monitorear y modificar la información de los contribuyentes, incluyendo la creación de créditos fiscales y la alteración de datos sobre el impuesto sobre la renta, impuestos por retención de empleados e impuestos sobre las ventas.
Como parte de la conspiración de soborno, Jiménez-Guzmán aceptó, de forma corrupta, pagos en efectivo y otros beneficios a cambio de ingresar información falsa en los sistemas del Departamento de Hacienda. Dicha información falsa fue presentada ante el Departamento de Hacienda con el fin de eliminar impuestos adeudados, evadir contribuciones y sustraer fondos. Por ejemplo, el 16 de agosto de 2021, Jiménez-Guzmán recibió un soborno de 10.000 dólares por parte de la «Persona H» para eliminar o reducir la deuda tributaria de uno de los clientes de dicha persona.
Jiménez-Guzmán solicitó y aceptó estos pagos ilícitos, mediante los cuales eliminó ilegalmente obligaciones tributarias ante el Departamento de Hacienda de Puerto Rico (PRDT, por sus siglas en inglés) y obtuvo reembolsos de impuestos indebidos para varios contribuyentes —tanto particulares como empresas—, lo que generó una pérdida total aproximada de 5.000.000 de dólares para el Departamento de Hacienda.
El anuncio fue realizado por el fiscal federal interino del Distrito de Puerto Rico, Héctor Ramírez-Carbó, y por Carlos R. Goris, agente especial a cargo de la oficina del FBI en San Juan.
El caso fue investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI). La fiscal federal adjunta Marie Christine Amy, de la Sección de Fraude Financiero y Corrupción Pública de la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico, estuvo a cargo de la acusación.
Esto forma parte de un esfuerzo continuo para combatir la corrupción pública y el fraude cometido por empleados del Departamento de Hacienda de Puerto Rico. La Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico anunció previamente, en octubre de 2025, la acusación formal contra veintiséis personas y corporaciones, así como la declaración de culpabilidad de tres empleados de Hacienda: Luis A. Jiménez-Guzmán, Harry E. Mueriel-Falero y Alexander Ortiz-Robles.
