SAN JUAN, Puerto Rico – El 12 de noviembre de 2026, agentes especiales del FBI arrestaron a Jonathan David Mercado Valladares, un hombre de 29 años residente de Ponce, bajo cargos penales relacionados con la explotación infantil, anunció Héctor Ramírez Carbó, fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico.
Según los documentos judiciales, desde aproximadamente febrero de 2023 hasta febrero de 2026, Mercado Valladares tomó fotografías de menores —incluidos menores prepúberes— y produjo imágenes en las que aparecían realizando actos sexualmente explícitos, utilizando aplicaciones en su dispositivo móvil. Además, entre marzo y julio de 2026, Mercado Valladares —empleando sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos con acceso a internet— poseyó imágenes y videos de pornografía infantil, que incluían material de menores prepúberes o menores que aún no habían cumplido los 12 años de edad.
«Las acusaciones en este caso involucran la explotación sexual de menores, una conducta que causa un daño profundo y duradero a las víctimas. Proteger a los niños es una de las máximas prioridades del Departamento de Justicia; continuaremos trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios de las fuerzas del orden para identificar a los delincuentes, rescatar a las víctimas y exigir responsabilidades conforme a la ley federal», declaró Héctor Ramírez Carbó, fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico. «Reconocemos al FBI por su labor investigativa diligente y constante, así como por su apoyo en este asunto».
«La explotación de menores no será tolerada. Los delincuentes que utilizan tecnologías emergentes para victimizar a menores no están fuera del alcance de las autoridades. El FBI seguirá persiguiendo a quienes atacan a los más vulnerables para que respondan por sus actos. Si usted explota a menores, este es un mensaje para usted: espere ser identificado, arrestado y procesado. La justicia lo encontrará», afirmó Carlos R. Goris, agente especial a cargo de la oficina del FBI en San Juan.
De ser hallado culpable de los cargos, el acusado se enfrenta a las siguientes penas: (1) transporte de pornografía infantil: de cinco a 20 años de prisión. (2) producción de representaciones visuales obscenas de abuso sexual infantil: de 15 a 30 años de prisión; y (3) posesión de pornografía infantil: un máximo de 20 años de prisión. Todas las condenas conllevarán, además del periodo de encarcelamiento, un periodo de libertad supervisada. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de los Estados Unidos (U.S. Sentencing Guidelines) y otros factores establecidos por la ley.
El FBI está investigando el caso, y la fiscal federal adjunta Daynelle Álvarez Lora, de la Unidad de Explotación Infantil e Inmigración, está a cargo de la acusación.
Este caso se presentó como parte del «Project Safe Childhood» (Proyecto Infancia Segura), una iniciativa a nivel nacional lanzada en mayo de 2006 por el Departamento de Justicia para combatir la epidemia de explotación y abuso sexual infantil. Bajo la dirección de las fiscalías federales (U.S. Attorneys’ Offices) y la Sección de Explotación Infantil y Obscenidad, el «Project Safe Childhood» aúna recursos federales, estatales y locales con el fin de localizar, detener y procesar de manera más eficaz a los individuos que explotan a menores a través de internet, así como para identificar y rescatar a las víctimas. Para obtener más información sobre el «Project Safe Childhood», visite www.justice.gov/psc. Una acusación formal (imputación) es simplemente una alegación; todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.
