Secretario de Agricultura avala iniciativa
(San Juan, Puerto Rico)-Como parte de su esfuerzo por modernizar y agilizar el gobierno, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, anunció hoy, jueves, la radicación de dos proyectos de ley dirigidos a la mayor transformación del Departamento de Agricultura en su historia, convirtiéndolo, en un departamento centrado en el agricultor y la actividad agrícola.
Con esto, se crea una reforma integral de la política pública agrícola de Puerto Rico presentando una nueva Ley Orgánica para el Departamento de Agricultura, sustituyendo el Plan de Reorganización de 2010 para alcanzar una estructura adaptada y atemperada a las necesidades actuales del sector agropecuario. Al mismo tiempo, se propone la adopción de un Código de Modernización Agrícola (Código) que unifique, actualice y fortalezca el marco legal que rige esta importante actividad económica.
“El Departamento de Agricultura se creó en diciembre de 1917 y desde entonces, aunque se han realizado cambios a su Ley Orgánica, y muchas otras enmiendas, el eje burocrático continúa siendo el mismo. Es hora de cambiar eso, de traer a esta Agencia a la tercera década del siglo 21 con la visión de promover activamente y con herramientas, la actividad agrícola en Puerto Rico. Este paquete de medidas que hoy presentamos hace eso y mucho más”, señaló Méndez.
“Esta reforma establece una administración en el Departamento basada en la eficiencia, rendición de cuentas, evaluación del retorno de la inversión gubernamental y la utilización responsable de los fondos públicos destinados al desarrollo agrícola. No más burocracia o gastos innecesarios. Buscamos crear una agricultura más competitiva, productiva, robusta y económicamente viable, capaz de generar empleos, atraer inversión y contribuir a la expansión de este sector”, añadió el Presidente Cameral.
El Presidente, también indicó que las medidas van dirigida a la preservación de terrenos de alto valor agrícola mediante la creación de reservas, servidumbres de preservación y otros mecanismos legales destinados a proteger los suelos productivos y garantizar su disponibilidad para las futuras generaciones.
En el pasado, Méndez ha impulsado la creación de una red de áreas marinas protegidas temporeramente en ciertas áreas costeras de la Isla con el objetivo de salvaguardar el medio ambiente y fomentar la repoblación de especies marinas.
La iniciativa cuenta con el apoyo del Secretario de Agricultura, Irving Y. Rodríguez, al igual que el Presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja, Joe ‘Joito’ Colón.
“Siempre promoveremos medidas que fomenten un Departamento de Agricultura más ágil, que responda a las necesidades reales de nuestros agricultores, facilite sus operaciones y les brinde las herramientas para crecer y competir. Con esta nueva legislación se busca reducir la burocracia, estimular la inversión, proteger nuestros terrenos agrícolas y abrir mayores oportunidades de comercialización para los productos puertorriqueños, tal y como establece el Plan de Gobierno de nuestra Gobernadora, Jenniffer González Colón. Nuestra prioridad es que el agricultor pueda concentrarse en producir, generar empleos y desarrollar su negocio, mientras avanzamos hacia una mayor producción local de alimentos y una agricultura económicamente más sólida para Puerto Rico. Los proyectos de Ley derogan leyes inoficiosas, modernizan procesos y reducen burocracia. Siempre respetaremos cualquier sugerencia para mejorar los proyectos que surgen durante el proceso legislativo y vistas públicas” indicó el Secretario de Agricultura.
Por su parte, el Presidente de la Comisión de Agricultura expresó: “Estos proyectos de ley representan el mayor cambio en el Departamento de Agricultor en los pasados 100 años. Entre otras cosas, se promueve la educación agrícola desde edades tempranas, el fortalecimiento de organizaciones juveniles como los Clubes 4-H y Futuros Agricultores de América, así como una mayor integración entre el Departamento de Agricultura, el Departamento de Educación y la Universidad de Puerto Rico. Con esto, impulsamos la investigación, desarrollo tecnológico y científico, procurando una agricultura de precisión y la digitalización para alcanzar mayor eficiencia para el beneficio del agricultor.”
Entre los aspectos más importantes de la nueva ley, el líder legislativo estableció reincorporar un crédito contributivo equivalente al 50 por ciento de la inversión agrícola elegible, sujeto a los requisitos establecidos, hasta un tope de $350,000 anuales por negocio exento. Se incluye, además, una asignación programática de $12 millones anuales en créditos contributivos para promover nuevas inversiones agrícolas.
El Código promueve la mayor preferencia por productos agrícolas puertorriqueños en las adquisiciones del Gobierno, generando oportunidades de comercialización y mayor demanda para la producción local mediante la iniciativa ‘De la Finca a la Escuela’, en la cual se establece la meta de que, a partir de 2030, el 30 por ciento de los alimentos adquiridos por el Departamento de Educación corresponda a productos agrícolas localmente producidos.
La reforma atiende las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas, estableciendo una propuesta de salario mínimo con aumentos escalonados y reconociendo los derechos de descanso. Se contempla un subsidio salarial gubernamental equivalente al 50 por ciento del salario mínimo federal por hora para agricultores bona fide elegibles, conforme a los criterios y requisitos aplicables. Se propone que los programas de asistencia nutricional y salud eximan de los cálculos de elegibilidad el ingreso de los trabajadores agrícolas, auspiciando al que labora, en lugar de penalizarlo.
De acuerdo con datos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (circa 2025), el sector agrícola emplea a unas 13,000 personas de forma directa y sobre 30 mil indirectamente.
Igualmente, se fortalecen los mecanismos de mercadeo, regulando efectivamente el uso de marcas institucionales, así como realzando el uso de las certificaciones de procedencia, promoviendo distintivos como ‘Cosecha de Puerto Rico’, ‘Crianza de Puerto Rico’, ‘Lácteo de Puerto Rico’ y ‘Pesca de Puerto Rico’, con el objetivo de destacar la identidad y calidad de nuestra producción local y facilitando que los consumidores identifiquen los productos de la Isla, sentando las bases para implementar denominaciones de origen y resaltar los productos que, por ubicación geográfica, gozan de características particulares.
Por otra parte, se establecen los parámetros para la otorgación de préstamos, garantías, fondos de semilla, incentivos y otras alternativas de acceso a capital para promover la creación, expansión y modernización de empresas agropecuarias, incluyendo el apoyo a pequeños y medianos productores locales. Del mismo modo, las piezas legislativas fomentan la creación de asociaciones de comercialización agrícola.
En el área de la administración, se elimina la duplicidad de funciones, simplificando los procesos y estableciendo mecanismos para que las solicitudes de permisos, licencias, certificaciones e incentivos agrícolas reciban determinaciones en un término máximo de 30 días.
Otro aspecto importante de las legislaciones es un nuevo esfuerzo para promover la industria del café local incorporando nuevas disposiciones para regular la calidad, procedencia, comercialización y precios mínimos del café, con el objetivo de fortalecer una de las industrias agrícolas más emblemáticas de Puerto Rico.
Se reconfigura la Carta de Derechos y Deberes del Agricultor estableciendo protecciones frente a reclamaciones irrazonables por molestias inherentes a las operaciones agrícolas. Mediante este estatuto, se procura proteger las operaciones agrícolas frente a reclamaciones irrazonables por molestias inherentes a la actividad, como ruidos, olores y movimiento de maquinaria, sin eliminar la responsabilidad por actos negligentes u otras conductas sujetas a reclamación judicial.
Según cifras del Departamento de Hacienda para el año 2024, el sector agrícola generó $877.13 millones en actividad económica, representando el 1.4 por ciento del Producto Nacional Bruto de la Isla.
