La presidenta y CEO de LUMA, dice estar consternada ante declaraciones públicas sobre alegadas intervenciones indebidas en el caso legal

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.Los señalamientos que han surgido públicamente sobre alegados intentos de influir en decisiones de jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico son sumamente preocupantes y merecen la mayor atención. Ante la gravedad de estas alegaciones, es indispensable que se investiguen a fondo y que se esclarezca, de manera transparente y creíble, si los hechos descritos ocurrieron.

Confiamos plenamente en la integridad del Tribunal Supremo y en que sus decisiones se fundamentarán exclusivamente en la ley y en los méritos de los casos ante su consideración, libres de presiones externas o intereses políticos. Nuestra preocupación no está dirigida a los jueces ni cuestiona a la institución. Surge de la seriedad de unas alegaciones que, de confirmarse, afectarían la confianza pública en la independencia de nuestro sistema judicial.

No estamos solicitando un trato especial ni favoreciendo un resultado en particular. Nuestra posición se presenta y se defiende ante el Tribunal mediante los mecanismos establecidos por ley. Ese es el único foro donde debe resolverse esta controversia.

Este asunto trasciende el caso de LUMA. La fortaleza de una sociedad democrática depende de la confianza de su gente en la imparcialidad de sus instituciones. Cuando las empresas deciden invertir, generar empleos y desarrollar proyectos en Puerto Rico, lo hacen con la expectativa de que las controversias se atenderán mediante procesos justos, independientes y confiables. La credibilidad de nuestras instituciones es esencial para el progreso y la estabilidad del país.

Por respeto al Tribunal Supremo, a las partes involucradas y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico, estas alegaciones exigen una investigación inmediata, rigurosa y transparente. Los puertorriqueños merecen conocer la verdad y tener la certeza de que ninguna persona, organización o interés político está por encima de la ley. Lo que está en juego no es un caso en particular, sino la confianza de nuestro pueblo en la imparcialidad de la justicia y en la fortaleza de las instituciones que sostienen nuestra democracia. Cuando surgen dudas de esta magnitud, la única respuesta aceptable es la verdad.

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