(San Juan, Puerto Rico, 10 de noviembre de 2026) – El Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico (CCPA) y su Fundación (FCCPA) presentaron hoy, en la sede del Colegio en Hato Rey, el estudio “Radiografía estructural del sistema contributivo de Puerto Rico y sus principales distorsiones económicas”, realizado por ABEXUS y el economista Edwin Ríos. El análisis revela cómo la acumulación de impuestos, exenciones y regímenes especiales afecta el trabajo, la inversión y la competitividad de la Isla, y plantea una reforma integral que promueva el desarrollo económico, manteniendo la equidad y la capacidad del Gobierno para financiar sus servicios.
“Este estudio ofrece una mirada al sistema contributivo en su conjunto para entender cómo sus distintas disposiciones entrelazadas afectan las decisiones de las personas y los negocios. Queremos aportar una base de datos y evidencia que permita evaluar las alternativas de reforma por sus efectos sobre la inversión, la productividad y la equidad, además de su impacto en el recaudo”, expresó el CPA Rolando López, presidente de la FCCPA.
Algunos de los datos que examina el estudio, como es la alta concentración del recaudo en pocos contribuyentes y corporaciones, son conocidos. Lo que aporta el análisis son sus implicaciones cuando se examinan en conjunto: cuánto paga realmente cada grupo, cómo se suman los distintos impuestos en el presupuesto de una familia o en los costos de un negocio, y qué decisiones económicas terminan alterando.
Uno de los hallazgos que debe resultar interesante es el análisis de las tasas efectivas. La Ley establece tasas estatutarias que van de 0% a 33%, pero esto no refleja lo que se paga. Estas se aplican por tramos de ingreso y, antes de computar el impuesto, intervienen deducciones, créditos y descuentos. Por eso el estudio mide la tasa efectiva, es decir, lo que cada grupo realmente paga como proporción de todo su ingreso. Esa tasa efectiva, que es menor que la estatutaria, sube rápido entre $30,000 y $100,000 de ingreso: pasa de 2.9% a 12.6%, es decir, se cuadruplica. Desde $200,000 en adelante deja de subir y se queda entre 19% y 20%, muy por debajo del 33% estatutario. Por eso, el estudio plantea que toda propuesta, sea una tasa única, menos tramos o cambios al Crédito por Trabajo, debe medirse por cómo afecta esa tasa efectiva, sobre todo en el tramo de $30,000 a $100,000.
El CPA López señaló que “el estudio pone de relieve la carga total de la familia de ingresos medios, entre $40,000 y $60,000 al año. Ese grupo aporta por dos vías: paga contribución sobre ingresos y, como gasta la mayor parte de lo que gana, paga también IVU y arbitrios, mientras recibe poco o ningún Crédito por Trabajo. Además, la inflación le sube la carga sin que se apruebe ninguna ley: la deducción por dependiente sigue en $2,500; si se hubiera ajustado por inflación, hoy sería de $3,762. Y es el grupo que más se va a reducir con la emigración y el envejecimiento. Si se achica, el sistema pierde recaudos por las dos vías a la vez”.
Otro hallazgo de alto impacto es que el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) no grava solo el consumo final. El estudio estima que el 42.7% de su recaudo proviene de compras que hacen las empresas para operar. Ese impuesto, que los negocios no pueden recuperar, se acumula en cada etapa de la cadena y encarece producir en Puerto Rico. Ese costo no desaparece: si se traslada en su mayor parte a los precios, la carga real que paga el consumidor podría acercarse a 12.7%, frente al 11.5% que ve en el recibo; lo que no se traslada se absorbe en menores márgenes, salarios o inversión.
La conocida concentración del recaudo también adquiere otra dimensión. Solo alrededor de 3 de cada 10 personas de 15 años o más tienen contribución sobre ingresos a pagar, y si a ese grupo le va mal, o si parte de él se va de Puerto Rico, el Gobierno pierde mucho dinero de golpe. Además, la tasa máxima de 33% llega muy pronto, desde un ingreso neto de $61,500, un nivel bajo en comparación con Estados Unidos, lo que puede pesar en la decisión de profesionales con movilidad de quedarse o emigrar.
El estudio identifica, además, reglas que no responden a la productividad: actividades comparables pagan distinto según la fuente del ingreso, la forma jurídica o el régimen. En las corporaciones, la tasa regular puede llegar a 37.5%, más de diez puntos por encima del promedio de Estados Unidos, mientras que entidades con ciertos decretos pagan 4%. Cuando la diferencia es tan grande, el impuesto decide qué inversión es rentable, y el supermercado, la farmacia y el comercio de la esquina compiten en desventaja. Por eso, el estudio plantea que cada incentivo responda a una estrategia de desarrollo económico coherente y se evalúe por la inversión nueva que realmente atrae.
“A nivel municipal, la patente se cobra sobre las ventas, gane el negocio o no y el impuesto al inventario sobre la mercancía almacenada, se venda o no. Ambos pesan proporcionalmente más sobre los negocios pequeños y de poco margen, y el impuesto al inventario lleva a guardar menos mercancía de la prudente, lo que deja a la Isla más vulnerable.”, indicó el Presidente de la FCCPA.
La transformación demográfica añade presión a esta estructura. De continuar las tendencias actuales, el estudio proyecta unos 213,000 empleos menos para 2045 y una reducción de aproximadamente $843 millones anuales en los recaudos combinados de contribución sobre ingresos e IVU, expresados en dólares de 2025. El informe aclara que se trata de escenarios condicionados a la continuidad de esas tendencias, que ilustran el riesgo de financiar mayores necesidades públicas con una base contributiva cada vez más estrecha.
“Los hallazgos refuerzan la necesidad de evaluar el sistema de forma integral. Debemos reducir las diferencias injustificadas entre actividades comparables, simplificar el cumplimiento y dar estabilidad a las reglas, considerando siempre la capacidad de pago de las familias y las condiciones en que operan los negocios. Una reforma debe facilitar el trabajo y la inversión, y fortalecer la base que sostiene los servicios públicos”, manifestó el CPA Gerardo Torres, presidente del CCPA.
El estudio concluye que modificar impuestos por separado puede agravar las diferencias y concentrar aún más la carga contributiva. Por ello, plantea una reforma sustantiva que abarque las contribuciones sobre ingresos, el IVU, los arbitrios, la propiedad y los tributos municipales. Entre sus recomendaciones figuran ampliar las bases, ajustar por inflación las cantidades erosionadas, eliminar saltos abruptos y evaluar los incentivos según su costo y la actividad económica adicional que generan. La meta es reducir las distorsiones cuyo costo supera su beneficio, reconociendo que algunas diferencias responden a objetivos sociales o económicos legítimos. El estudio en detalle provee mucha más información de fondo.
¿Qué es la Fundación del Colegio de CPA de Puerto Rico?
En 1997 el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico creó la Fundación del Colegio de CPA de Puerto Rico como entidad independiente para promover el análisis y proponer soluciones a los problemas económicos y sociales de la Isla, colaborar con entidades públicas y privadas, y evaluar el impacto de medidas legislativas; financiada por aportaciones de miembros, empresas y público. La Fundación ha realizado estudios sobre impuestos, fraude ocupacional, incentivos económicos, reforma contributiva y estructura municipal.
