San Juan, Puerto Rico (9 de noviembre de 2026) – La senadora independiente por acumulación Joanne M. Rodríguez Veve y el senador Ángel Toledo López presentaron un proyecto de ley para crear el Fondo de Estabilización Tarifaria del Sistema Eléctrico de Puerto Rico. Esto es, una reserva de dinero público, bajo la custodia del Departamento de Hacienda, cuyo único uso sería dar créditos en la factura de luz cuando el costo del combustible suba de manera extraordinaria como ocurrió en octubre de este año. En esa ocasión, el cliente residencial típico vio su factura subir aproximadamente $42.27 al mes — de $228.59 a $270.86, un 18.5% — en un solo trimestre. Y hoy el Gobierno no tiene ninguna herramienta para amortiguar este tipo de golpe al bolsillo del puertorriqueño.
“En Puerto Rico, el costo de la luz no solo es caro, sino también impredecible. Ninguna familia debería tener que enfrentar aumentos extraordinarios de un trimestre a otro por factores que escapan de su control y que trastocan su presupuesto. Este Fondo no elimina por completo el impacto de esos aumentos, pero sí permite amortiguarlo y brindarles un alivio a los consumidores”, expresó Rodríguez Veve.
“Este proyecto protege al consumidor de posibles aumentos futuros, pues estamos creando una alcancía con reglas claras y fijando fechas al Negociado para ponerla a funcionar. Con esta propuesta no solo aseguramos el uso responsable del dinero público, sino además la protección de quienes más lo necesita: la familia y el pequeño comercio”, expresó Toledo López.
Cómo funcionaría el Fondo
Sería una reserva del Gobierno, no de la AEE. El dinero es del Gobierno de Puerto Rico y no puede usarse para pagar deudas de la AEE, para su quiebra ni para gastos de ninguna agencia. Solo podrá usarse para créditos en la factura.
Se activa solo ante aumentos extraordinarios. Cuando el ajuste por combustible suba dos centavos o más por kilovatio-hora de un trimestre a otro, o cuando el Negociado de Energía declare una emergencia de suministro o de generación.
Cubre parte del golpe, sin vaciarse. El crédito cubre hasta la mitad del aumento, y nunca se gasta más de una tercera parte del Fondo en un trimestre, para que siempre quede dinero para la próxima crisis.
De dónde sale el dinero. Se autoriza asignar al fondo: (1) asignaciones legislativas; (2) el 10% de los sobrantes del Fondo General de cada año; (3) las multas que cobre el Negociado y las penalidades que paguen los contratistas y suplidores de combustible que incumplan, entre otras.
Sin tocar el presupuesto ni la quiebra de la AEE. La medida no asigna dinero del presupuesto corriente y está diseñada para no chocar con PROMESA ni con los derechos de los acreedores.
Con fecha cierta y fiscalización. El Negociado de Energía tendrá 120 días para ponerlo en funciones; habrá informes cada seis meses a la Legislatura y el Fondo estará bajo la lupa del Contralor.
No es la primera vez que la senadora Rodríguez Veve presenta un proyecto en esta misma dirección. En 2022, tras un alza de 16.8%, ambos cuerpos aprobaron el P. del S. 728, que creaba un fondo de estabilización, pero el Gobernador lo vetó el 12 de octubre de 2022, no por el Fondo en sí, sino porque transfería al Fondo cuentas por cobrar de la AEE que estaban bajo la quiebra del Título III. Cuatro años después, el aumento es mayor que el de 2022 y seguimos sin una herramienta para amortiguar el impacto.
Desde entonces el Gobierno ha repartido más de $2,200 millones en sobrantes del presupuesto. De haberse guardado una décima parte, como propone el proyecto presentado, hoy habría más de $220 millones en reserva, suficientes para absorber más de la mitad del aumento de este trimestre.
“Mientras Puerto Rico siga dependiendo de combustible importado, y lo seguirá por años, esta herramienta es una necesidad, no un lujo. Hoy ponemos sobre la mesa esta propuesta; le toca a la Asamblea Legislativa y al Gobierno llenar el Fondo”, concluyeron los autores de la medida.
