El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, hizo las siguientes expresiones:
El Gobierno de Puerto Rico rechaza la petición de varios periodistas que exigen que no se realice “lives” como mecanismo de información al pueblo.
Asimismo, la Fortaleza pide un balance en la información para que también se comunique lo bueno del gobierno. Ante los planteamientos presentados a la Gobernadora, por parte de unos periodistas entendemos pertinente aclarar varios asuntos y reiterar que esta administración mantiene una política de apertura, comunicación y respeto hacia los medios de comunicación y los profesionales del periodismo. Tan reciente como el pasado 9 de octubre de este año, la gobernadora Jenniffer González Colón se reunió con los dos gremios de periodistas , la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y la Overseas Press Club.
Reconocemos la importancia de la prensa en una sociedad democrática, pero de igual manera, entendemos que el ejercicio periodístico y la función gubernamental deben desarrollarse dentro de un marco de respeto mutuo, responsabilidad y rigor en el manejo de la información.
Antes de todo queremos destacar que en tan solo a través de los espacios informativos “En Récord” y “Asunto Semanal” se han celebrado 260 conferencias de prensa a las cuales se convocan 425 entre periodistas y editores por correo electrónico y canal de Whatsapp. Esa cifra ni siquiera incluye las conferencias encabezadas por la gobernadora y la diferentes agencias del gobierno. Estos encuentros han sido abiertos a los medios de comunicación y se ha facilitado el acceso incluso a periodistas que no cuentan con la credencial de prensa emitida por el Departamento de Estado. Esto se ha hecho aún cuando los tribunales han validado la facultad del Gobierno de Puerto Rico para requerir dicha identificación, de manera similar a como ocurre en instalaciones federales, incluyendo el Tribunal Federal.
Es la primera vez en la historia que un gobierno tiene está iniciativa de acceso a la información. En algunas de las ocasiones los medios no llegan y aún así se celebra la conferencia siendo días festivos.
A continuación, atendemos cada uno de los planteamientos: Alegados ataques a la credibilidad de los periodistas por parte del Secretario de Asuntos Públicos, agradeceremos que se nos presenten casos específicos en los que se entienda que han ocurrido expresiones de menosprecio hacia algún periodista. Es importante establecer una diferencia entre atacar la credibilidad de un profesional de la prensa y aclarar, corregir o cuestionar información que no ha sido debidamente validada. En múltiples ocasiones se presentan premisas, datos o señalamientos que requieren aclaraciones. Es responsabilidad de los portavoces gubernamentales ofrecer información correcta y precisar los hechos cuando sea necesario.
La libertad de prensa incluye el derecho a preguntar, así como la responsabilidad del Gobierno de responder, aclarar y corregir información.
De otro lado, queremos aclarar que en La Fortaleza, hay un espacio de trabajo y condiciones para la cobertura periodística ante el cierre de la sala de prensa, la sala de prensa la cual apenas se utiliza desde la pandemia del COVID y actualmente, se encuentra en un proceso de mejoras y acondicionamiento de sus instalaciones. Precisamente para evitar que estos trabajos afectaran las labores periodísticas, se notificó, y se habilitó un espacio alterno a pocos pasos de la sala habitual.
Dicho sea de paso, apenas se utiliza aún estando disponible. El espacio destinado a la prensa, ha estado disponible para los profesionales autorizados, independientemente de que exista o no una conferencia de prensa convocada. Naturalmente, el acceso a otras instalaciones de La Fortaleza está sujeto a los protocolos de seguridad y a las funciones propias de cada área.
Sobre la puntualidad en las conferencias de prensa, reconocemos la importancia de respetar el tiempo de los periodistas y sus compromisos profesionales. Se realizan esfuerzos para que las conferencias de prensa comiencen a las horas anunciadas.
Sin embargo, como ocurre en cualquier agenda ejecutiva, pueden surgir situaciones oficiales que provoquen ajustes o retrasos. Continuaremos trabajando para reducir estas situaciones.
En torno a la publicación del protocolo sobre la identificación del Departamento de Estado, este asunto ha sido explicado en múltiples ocasiones, incluso en el ámbito judicial. Los procedimientos de identificación responden a disposiciones administrativas y de seguridad relacionadas con el acceso a instalaciones gubernamentales. No obstante, cualquier solicitud de información adicional sobre los protocolos vigentes puede ser atendida por los canales correspondientes. Mientras que el registro de equipo mediante canes y personal policial, es un procedimiento de inspección que forma parte de las prácticas de seguridad establecidas para determinadas instalaciones y actividades oficiales. Entendemos que estas medidas se han ido moderando y ajustando conforme a las circunstancias. En el caso de periodistas debidamente identificados y pertenecientes a medios de comunicación reconocidos, no se requiere una inspección especial de sus equipos por su condición de periodistas, sin perjuicio de las medidas generales de seguridad aplicables.
Sobre las solicitudes de información, diferimos de la apreciación generalizada de que los oficiales de prensa y comunicación del Ejecutivo no atienden las solicitudes de los medios. Existe comunicación constante entre los periodistas y los equipos de prensa de las distintas agencias gubernamentales. Además, durante tres días a la semana se ofrecen oportunidades de interacción directa con la prensa, en las que los periodistas pueden presentar preguntas y planteamientos. En esos espacios, no siempre se presentan las solicitudes de información que posteriormente se señalan como desatendidas. Esto no significa que no puedan existir situaciones particulares que ameriten seguimiento.
Agradeceremos que se identifiquen las agencias que alegadamente no responden para poder atenderlas. El cumplimiento de los compromisos de entregar información gubernamental conlleva en determinadas ocasiones, procesos de recopilación, verificación y validación entre distintas dependencias. Estos procedimientos pueden requerir tiempo, particularmente cuando se trata de información técnica, administrativa o que involucra varias agencias.
Reiteramos el compromiso de dar seguimiento a las solicitudes y de facilitar la información pública conforme a los procedimientos y disposiciones legales aplicables. Entorno a los alegados límites arbitrarios de preguntas por los medios de comunicación en la inmensa mayoría de las conferencias de prensa se ofrece oportunidad de participación a los distintos medios. Las mismas duran más de dos horas. Cuando las preguntas se realizan durante actividades oficiales que tienen una agenda previamente establecida, en ocasiones resulta necesario organizar las intervenciones y limitar inicialmente a dos preguntas por medio, una práctica utilizada durante distintas administraciones. Estas medidas responden a consideraciones de tiempo y organización, no a un interés de impedir preguntas o restringir la labor periodística. La mejor evidencia de esto es el récord de todas las expresiones de la Gobernadora. En esa dirección le pedimos a ustedes que se busque un balance en la información para que también se comunique lo bueno del gobierno. La mayoría de la cobertura se difunde en temas no relacionados con los anuncios.
En torno a la divulgación de la agenda oficial de la Gobernadora, los registros diarios de comunicaciones y convocatorias evidencian que las actividades públicas de la Gobernadora se anuncian regularmente a los medios de comunicación. Existe evidencia documental de estas notificaciones. Es importante distinguir entre las actividades públicas, que se comunican para facilitar la cobertura periodística, y los compromisos internos, reuniones de trabajo o asuntos oficiales que no necesariamente constituyen eventos abiertos a la prensa.
Por tanto, no compartimos la apreciación de que exista una política de ocultar la agenda pública de la Gobernadora. Nos parece importante aclarar que si lo que se está solicitando es que el Gobierno limite o suspenda sus mecanismos de comunicación directa con el pueblo. Las transmisiones en vivo y las plataformas digitales constituyen herramientas legítimas de comunicación gubernamental que permiten informar de manera inmediata a la ciudadanía.
La comunicación directa con el pueblo no sustituye el trabajo de la prensa, como tampoco el ejercicio periodístico impide que el Gobierno utilice sus propios canales de información. Ambos mecanismos pueden y deben coexistir. La administración tiene la responsabilidad de mantener informada a la ciudadanía y continuará utilizando los medios tradicionales, las conferencias de prensa y las plataformas digitales para cumplir con ese deber. El gobierno de Puerto Rico rechaza la gestión de exigir como comunicamos al pueblo los asuntos que en au mayoría no son difundidos por la prensa.
Reiteramos nuestro respeto hacia los periodistas y los medios de comunicación, así como el reconocimiento de su función fiscalizadora. Sin embargo, ese respeto debe ser recíproco. El Gobierno tiene el derecho y la obligación de aclarar informaciones incorrectas, establecer protocolos de seguridad, organizar sus actividades oficiales y comunicarse directamente con la ciudadanía. No toda aclaración constituye un ataque a la prensa, no toda medida administrativa representa una restricción y no toda comunicación directa del Gobierno implica excluir a los periodistas.
Estamos en la mejor disposición de atender situaciones concretas, evaluar recomendaciones razonables y continuar fortaleciendo los canales de comunicación. Nuestro compromiso es con la transparencia, el respeto institucional y, sobre todo, con el derecho del pueblo de Puerto Rico a recibir información correcta, oportuna y verificable.
