SAN JUAN, Puerto Rico – En tres casos distintos, agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), con el apoyo de la Policía de Puerto Rico, arrestaron a tres hombres acusados de explotación infantil, anunció Héctor Ramírez Carbó, fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico.
Hoy, agentes especiales de HSI arrestaron a Samuel Alexander Meléndez Pérez, un hombre de 25 años residente de Canóvanas, Puerto Rico. Según documentos judiciales, en agosto de 2026, Meléndez Pérez transportó, a sabiendas, material de explotación infantil en su dispositivo móvil. Desde aproximadamente octubre de 2024 hasta agosto de 2026, Meléndez Pérez recibió, a sabiendas, pornografía infantil a través de dispositivos electrónicos. También se le imputó el cargo de posesión de pornografía infantil —incluyendo imágenes de menores prepúberes— en un teléfono celular.
En un caso no relacionado, el 3 de noviembre de 2026, agentes especiales de HSI arrestaron a Carlos Javier Rosado Rosado, de 21 años y residente de Vega Baja. Según la acusación, entre junio y septiembre de 2026, Rosado Rosado recibió, distribuyó y poseyó material de explotación infantil, incluyendo imágenes de menores prepúberes, en un teléfono celular.
En otro caso distinto, el 29 de octubre de 2026, agentes especiales de HSI arrestaron a Rubén Cautiño Latoni, un hombre de 37 años residente de Guaynabo. Según la acusación, desde aproximadamente abril de 2026 hasta septiembre de 2026, Cautiño Latoni poseyó pornografía infantil en un teléfono celular. Asimismo, se alega que, antes de cometer el delito señalado en esta acusación, Cautiño Latoni fue condenado en febrero de 2020, ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, por posesión de pornografía infantil.
La fiscal federal adjunta Elba Gorbea, de la Unidad de Explotación Infantil e Inmigración, está a cargo de la acusación en estos casos. «Estamos comprometidos a llevar ante la justicia a los acusados en estos casos y a proteger a todos los niños», afirmó Héctor Ramírez Carbó, fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico. «Quiero expresar mi agradecimiento a los agentes y a los colaboradores estatales y locales que trabajan incansablemente en la persecución de quienes cometen delitos sexuales contra menores».
«En menos de una semana, HSI San Juan arrestó a tres individuos bajo cargos de explotación infantil; uno de ellos fue hallado en posesión de más de 2,500 imágenes ilícitas, y otro ya había sido detenido anteriormente por HSI por el mismo delito. Estos casos ponen de relieve la grave y constante amenaza que representa la explotación infantil, un problema que requiere tanto la concienciación pública como una estrecha colaboración con las fuerzas del orden. HSI mantiene su compromiso de actuar con rapidez cuando los infractores violan la ley o las condiciones de su supervisión», señaló Yariel Ramos, agente especial a cargo interino de HSI San Juan.
De ser hallados culpables, el acusado Samuel Alexander Meléndez Pérez se enfrenta a una pena de prisión que oscila entre un mínimo obligatorio de 5 años y un máximo de 20 años; Carlos Javier Rosado Rosado se enfrenta a una pena de prisión que oscila entre un mínimo obligatorio de 5 años y un máximo de 20 años; y Rubén Cautiño Latoni se enfrenta a una pena de prisión que oscila entre un mínimo obligatorio de 10 años y un máximo de 20 años. Asimismo, tras cumplir su pena de prisión, los acusados condenados por estos delitos deberán enfrentar un periodo adicional y obligatorio de libertad supervisada —que puede ir desde 5 años hasta cadena perpetua— y estarán obligados a inscribirse en el Registro de Delincuentes Sexuales. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia correspondiente tras considerar las Directrices Federales para la Imposición de Penas (U.S. Sentencing Guidelines) y otros factores establecidos por la ley.
La división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) está investigando estos casos.
Para obtener más información sobre las iniciativas de HSI destinadas a proteger a los menores frente al abuso sexual en línea, visite https://www.ice.gov/topics/iGuardians.
Este caso se presentó en el marco del «Project Safe Childhood» (Proyecto Infancia Segura), una iniciativa a escala nacional lanzada en mayo de 2006 por el Departamento de Justicia para combatir la epidemia de explotación y abuso sexual de menores. Bajo la dirección de las fiscalías federales (U.S. Attorneys’ Offices) y la Sección de Explotación Infantil y Obscenidad, el «Project Safe Childhood» moviliza recursos federales, estatales y locales con el fin de localizar, detener y procesar de manera más eficaz a los individuos que explotan a menores a través de internet, así como para identificar y rescatar a las víctimas. Para más información sobre el «Project Safe Childhood», visite www.justice.gov/psc.
Una acusación formal es simplemente una alegación; todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.
