Expresiones autorizadas de la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo, Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez
3 de noviembre de 2026 – San Juan – La Jueza Presidenta del Tribunal Supremo, Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez, autoriza las siguientes expresiones sobre la firma del Proyecto del Senado 1096 por la Gobernadora de Puerto Rico:
“Lamento profundamente la decisión de la Gobernadora de firmar el Proyecto del Senado 1096. Durante el trámite legislativo y ante la propia Gobernadora, expusimos las serias preocupaciones constitucionales y operacionales que suscita esta medida. Pese a ello, el proyecto se convierte en ley sin que se hayan atendido los cuestionamientos fundamentales sobre la estructura y el funcionamiento de nuestros tribunales.
La nueva legislación redistribuye la autoridad para tomar decisiones esenciales en la administración judicial, sin alterar la responsabilidad que nuestra Constitución le asigna a la Presidencia del Tribunal Supremo. Este desajuste entre la facultad de tomar decisiones y la obligación de responder por sus consecuencias plantea serias interrogantes sobre la dirección administrativa y la capacidad de respuesta del sistema judicial.
No estamos ante un asunto meramente organizacional. Administrar los tribunales requiere tomar decisiones oportunas sobre recursos, personal y servicios en las distintas regiones judiciales. Nos preocupa que los cambios aprobados introduzcan incertidumbre en estos procesos y afecten la capacidad institucional de atender las necesidades de las personas que acuden a nuestros tribunales.
Ante este nuevo escenario, continuaré cumpliendo con firmeza y responsabilidad los deberes que me impone la Constitución. Asimismo, seguiré trabajando junto a mis compañeros jueces asociados y a toda la judicatura, con quienes comparto el compromiso de servir al país y garantizar el buen funcionamiento de nuestros tribunales.
Desde la Presidencia, examinaremos con rigor y seriedad el alcance de esta legislación, sus consecuencias para la administración de los tribunales y las alternativas jurídicas e institucionales disponibles para atender los cuestionamientos planteados.
Seguiremos defendiendo la independencia individual y organizacional de los tribunales, la continuidad de los servicios y la capacidad de respuesta de los tribunales a las necesidades del Puerto Rico de hoy. Ese compromiso trasciende a quienes ocupamos hoy los cargos públicos y protege a cada persona que acude al sistema de justicia.”
