Pretender presentar una imagen de abandono e inacción por parte del Departamento de la Familia, mezclando controversias ajenas a los procesos de adopción, con situaciones que requieren un análisis serio, responsable y ajustado a la realidad de los servicios que diariamente ofrecemos a nuestros menores, es informar a medias, de forma tergiversada, acomodaticia y respondiendo a intereses lejanos al bienestar general del pueblo.
Rechazamos categóricamente cualquier insinuación de que los procesos de adopción han sido relegados o que las controversias públicas han provocado una paralización de los servicios dirigidos a nuestros niños y adolescentes. Esta administración continúa trabajando, mediante sus equipos especializados, para garantizar la protección, seguridad y bienestar de los menores bajo custodia del Estado.
Existen procedimientos legales, evaluaciones sociales, determinaciones judiciales y planes de permanencia que deben cumplirse para proteger los derechos de los menores bajo la custodia del estado en plan de adopción. Reducir estos procesos a una “alegada falta de voluntad administrativa” solo demuestra un desconocimiento absoluto de la complejidad que conlleva cada caso.
En cuanto a los señalamientos relacionados con menores que permanecen temporalmente en oficinas del Departamento, mientras se identifica un recurso de ubicación, es importante explicar que, tras una remoción, cada caso requiere una evaluación individual de las necesidades particulares del menor, con el propósito de identificar la alternativa más adecuada para garantizar su protección, seguridad y cuidado.
A través de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), la agencia atiende los retos relacionados con la disponibilidad de cuidadores y evalúa alternativas con compañías proveedoras para ampliar los recursos disponibles. La ubicación de un menor no puede realizarse de manera improvisada, ya que requiere considerar sus necesidades particulares, el cumplimiento de los requisitos de licenciamiento o certificación de los hogares y la verificación de antecedentes de las personas que estarían a cargo de su cuidado. Incluso, existen situaciones en las que, habiéndose identificado un recurso familiar, los resultados de estas evaluaciones obligan a considerar otras alternativas para garantizar la seguridad del menor.
Cuando una ubicación no puede concretarse de inmediato, las unidades del Departamento cuentan con espacios preparados para ofrecer atención provisional a niños y adolescentes, incluyendo artículos de primera necesidad, productos de higiene personal, ropa, alimentos y materiales de recreación. Asimismo, la agencia dispone de servicios de amas de llaves mediante contratación externa para atender determinadas necesidades de cuidado, incluyendo situaciones que requieren atención durante la noche.
Reconocemos que existen retos relacionados con la disponibilidad de personal de estas compañías proveedoras. Precisamente por ello, ADFAN continúa evaluando alternativas para ampliar la disponibilidad de cuidadores y fortalecer los recursos existentes. Cuando no se consigue inmediatamente este servicio, el personal del Departamento, incluyendo asistentes de servicios a la familia, técnicos y trabajadores sociales, asume con compromiso la atención y el cuidado de los menores mientras se identifica una alternativa adecuada. Por tanto, presentar estas situaciones como si los menores fueran simplemente abandonados en oficinas de la agencia, omite los procedimientos de protección, evaluación y atención que se realizan durante ese periodo.
Asimismo, resulta incorrecto presentar las iniciativas dirigidas a fortalecer los procesos de adopción, incluyendo las actividades de orientación, capacitación y promoción, como si fueran esfuerzos aislados o gastos que sustituyen la atención directa a los menores.
Estas iniciativas forman parte de una estrategia para promover la adopción, fortalecer las herramientas de los profesionales y ampliar las oportunidades de encontrar familias permanentes para quienes legalmente puedan ser adoptados.
Las controversias públicas relacionadas con otros asuntos administrativos no han detenido las operaciones del Departamento, ni han desviado la responsabilidad de nuestros profesionales con las poblaciones que servimos. Los asuntos sujetos a evaluación o investigación siguen sus procedimientos correspondientes, sin que ello implique una interrupción de los servicios esenciales.
También, es importante reconocer el compromiso de nuestros trabajadores sociales y demás profesionales, quienes diariamente enfrentan situaciones complejas y sensibles. Precisamente por ello, hemos desarrollado iniciativas de capacitación, autocuidado, manejo del desgaste emocional y fortalecimiento de la coordinación operacional entre nuestras regiones, con el propósito de brindarles mayores herramientas para el desempeño de sus funciones.
Reiteramos que nuestra prioridad continúa siendo garantizar la seguridad de cada menor, fortalecer las alternativas de cuidado, promover la reunificación familiar cuando corresponda y facilitar los procesos de adopción conforme a la ley y al mejor bienestar de nuestros niños.
