22 de octubre de 2026 – San Juan, PR – La Jueza Presidenta del Tribunal Supremo, Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez, autoriza las siguientes expresiones sobre la aprobación final del Proyecto del Senado 1096 por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
“Hoy se ha consumado una decisión legislativa de profunda gravedad para el orden constitucional de Puerto Rico. Con la aprobación del Proyecto del Senado 1096, la Asamblea Legislativa ha optado por desatender las serias advertencias sobre una medida que trastoca el diseño constitucional de la administración judicial y amenaza con debilitar el funcionamiento de una de las tres ramas de nuestro gobierno.
La Constitución de Puerto Rico establece una distribución clara de responsabilidades: el Tribunal Supremo adopta las reglas para la administración de los tribunales y el Juez Presidente dirige esa administración. El proyecto aprobado desvirtúa esa distinción al trasladar al Pleno decisiones esenciales para ejercer la dirección administrativa, mientras mantiene sobre la Presidencia la responsabilidad constitucional de responder por el funcionamiento del sistema judicial.
La separación de poderes y el sistema de pesos y contrapesos no son meras formalidades, sino garantías fundamentales de nuestra democracia. Aunque la Asamblea Legislativa tiene facultades para organizar el sistema judicial, su ejercicio debe respetar los límites y las responsabilidades que la Constitución establece para proteger la independencia del Poder Judicial.
No podemos llamar modernización a una reforma que debilita la capacidad de dirección de una rama constitucional, ni rendición de cuentas a un modelo que separa la autoridad de la responsabilidad.
Durante meses, el Poder Judicial compareció ante la Asamblea Legislativa y presentó sus preocupaciones constitucionales y operacionales para evitar estas consecuencias. Lamentablemente, esos planteamientos no fueron atendidos. La decisión de ignorarlos no elimina los riesgos advertidos, sino que traslada sus posibles consecuencias al funcionamiento de los tribunales y, en última instancia, a las personas que dependen de sus servicios.
Quiero reiterar que esta controversia no se trata de mi persona ni de las facultades de quien hoy ocupa la Presidencia del Tribunal Supremo. Se trata de preservar una estructura constitucional que debe trascender a quienes ocupamos cargos públicos y a las mayorías legislativas de turno.
La Constitución no puede quedar subordinada a la voluntad de una mayoría legislativa, por amplia que esta sea. Si la Asamblea Legislativa entiende que debe modificarse la distribución de responsabilidades establecida en nuestra Constitución, el camino legítimo es proponer una enmienda constitucional y someterla a la consideración del pueblo de Puerto Rico. Nuestra democracia exige que todas las ramas de gobierno respeten los límites y las responsabilidades que el propio pueblo estableció para proteger sus instituciones.
Exhorto a la Gobernadora de Puerto Rico a ejercer su facultad constitucional de veto y detener una legislación que, a nuestro juicio, compromete el diseño constitucional de la administración judicial y pone en riesgo la estabilidad institucional del Poder Judicial.
Esta decisión trasciende cualquier diferencia política, cualquier administración y cualquier presidencia. Lo que está en juego no es quién ejerce el poder hoy, sino el respeto a las instituciones que deben servirle al país mañana.
La defensa de nuestra Constitución exige algo más que invocarla: exige respetarla, incluso cuando hacerlo resulte incómodo.”
