SAN SEBASTIÁN, PR – Una demanda judicial fue presentada ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla, contra el Municipio de San Sebastián y su alcalde, Eladio J. Cardona Quiles, por alegados actos de discrimen, hostigamiento laboral, represalias, despido ilegal y violaciones de derechos civiles contra tres miembros de la Policía Municipal. La acción judicial, presentada el pasado 12 de octubre de 2026, incluye reclamaciones económicas estimadas en $748,000, cantidad que podría aumentar conforme a los remedios adicionales solicitados.
Demanda Ponchada Contra Municipio de San Sebastían
Los demandantes, Carlos José Soto Rodríguez, José F. Valentín Ruiz y William F. González Ríos, señalan un presunto patrón de persecución laboral por parte de sus superiores. Según el documento judicial, las situaciones fueron notificadas a la administración municipal sin que se tomarán las medidas correctivas correspondientes.
Soto Rodríguez denuncia discrimen por su orientación sexual, comentarios ofensivos y trato desigual en la asignación de vehículos oficiales y horas extras. Alega que, tras presentar una querella formal en julio de 2025, fue separado temporalmente de sus funciones durante dos meses, perdió su balance de tiempo compensatorio y posteriormente se le retiró su motocicleta oficial.
Por su parte, el exsargento Valentín Ruiz sostiene que fue despedido por razones político-partidistas y en represalia por denunciar actuaciones de sus superiores. El demandante, militante del Partido Nuevo Progresista (PNP) y colaborador de Bryan Esteves, asegura que su separación ocurrió poco después de que este último fuera electo presidente municipal de la colectividad. Según la demanda, el vencimiento de su contrato fue utilizado como justificación para terminar su empleo.
Mientras tanto, González Ríos, con casi 28 años de servicio, denuncia el incumplimiento de acomodos razonables concedidos desde 2011 por condiciones médicas y creencias religiosas. Alega que fue asignado repetidamente a horarios contrarios a sus restricciones y a labores bajo el sol, poniendo en riesgo su salud. También sostiene que fue excluido de oportunidades de ascenso mientras se consideraba a agentes con menor antigüedad.
Uno de los principales señalamientos de la demanda apunta directamente al alcalde Cardona Quiles, quien presuntamente conocía las denuncias de los agentes y no intervino de manera efectiva para detener las irregularidades. Los demandantes responsabilizan tanto al primer ejecutivo municipal como al municipio por permitir la continuidad de estas prácticas.
La acción judicial reclama compensaciones por daños físicos y emocionales, pérdidas económicas y violaciones de derechos civiles. Además, solicita la reinstalación del sargento despedido, el cumplimiento de los acomodos razonables y medidas para evitar futuras represalias.
Los señalamientos forman parte de una demanda civil y deberán ser evaluados por el tribunal, por lo que todavía no constituyen determinaciones judiciales de responsabilidad.
