La Fortaleza, San Juan, Puerto Rico, 15 de mayo de 2026 — La gobernadora Jenniffer González Colón firmó el Proyecto de la Cámara 636 ahora la Ley 205-2026, de la autoría del representante Wilson J. Román, para incorporar al Código Municipal de Puerto Rico disposiciones que fortalecen la organización y el funcionamiento de los programas municipales de voluntariado.
La medida añade un nuevo inciso al Artículo 1.010 del Código Municipal para disponer expresamente que los municipios podrán crear estos programas, previa aprobación de sus respectivas legislaturas municipales y cuando su capacidad fiscal y económica lo permita, conforme a la Ley del Voluntariado de Puerto Rico.
La legislación permite a los municipios adoptar reglamentos para establecer las normas y los procedimientos necesarios para administrar sus programas. Estos deberán atender los deberes y las responsabilidades de los voluntarios, así como los procesos de reclutamiento, selección, requisitos y renuncia.
Asimismo, contempla las protecciones aplicables en materia de responsabilidad civil y cobertura por accidentes, conforme a la Ley del Voluntariado de Puerto Rico. También permite acreditar las horas de servicio voluntario como experiencia previa para determinados procesos de empleo público, sujeto a la reglamentación correspondiente.
Los programas deberán preservar las salvaguardas de la legislación vigente, que dispone que el servicio voluntario no puede desplazar a personas que realizan labores remuneradas ni limitar la creación de empleos.
“Queremos facilitar que más ciudadanos participen y contribuyan al desarrollo de sus municipios. Esta medida reconoce el valor de su servicio y respeta la realidad fiscal de cada gobierno municipal, pues su implementación dependerá de los recursos disponibles y de la aprobación de su Legislatura Municipal”, añadió la primera ejecutiva.
González Colón firmó el Proyecto de la Cámara 1039, de la autoría del representante Ángel Morey Noble, ahora la Ley 206-2026 para simplificar y uniformar el marco legal que regula el proceso de habilitación de personas que han quedado inhabilitadas para ocupar puestos en el servicio público.
La medida deroga la Ley 70 de 1963 y enmienda las secciones 6.6 y 6.8 de la Ley 8-2017, conocida como la “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, para consolidar en un solo estatuto las disposiciones aplicables a este proceso.
“Con esta firma, organizamos nuestro marco legal para que el proceso de habilitación para el servicio público sea más claro y uniforme. Reconocemos la importancia de la rehabilitación y de que las personas puedan demostrar, por sus propios méritos y conforme a la ley, que están preparadas para reintegrarse a la fuerza laboral gubernamental, mientras protegemos el interés público y la integridad del servicio”, expresó la gobernadora.
La primera ejecutiva también firmó el Proyecto de la Cámara 1364 ahora Ley 207-2026, dirigida a fortalecer los derechos de los consumidores del servicio eléctrico mediante requisitos de transparencia, seguimiento y notificación que impidan el cierre de querellas sin su resolución efectiva.
La medida, de los representantes José Hernández, Yashira M. Lebrón, Axel Roque, Víctor L. Parés, Jorge Navarro y Ricardo Ocasio, añade un nuevo inciso a la Sección 6 de la Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico para establecer responsabilidades a toda empresa que opere el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica.
“Los ciudadanos merecen respuestas y soluciones cuando presentan una querella sobre su servicio eléctrico. No podemos permitir que una reclamación se dé por atendida mientras el abonado continúa enfrentando el mismo problema. Con esta medida, fortalecemos las herramientas para exigir seguimiento, comunicación y responsabilidad de la empresa encargada de operar el sistema”, expresó la gobernadora.
La legislación requiere que el operador mantenga un sistema que permita al cliente conocer el estatus de su reclamación, incluyendo el número de querella, la fecha de presentación, el tiempo estimado de respuesta y la fecha de cierre.
Asimismo, establece un mecanismo de confirmación con el cliente antes de considerar una querella como atendida. Cuando el abonado indique que la situación no ha sido resuelta, la empresa deberá continuar trabajando el caso sin exigirle que presente una nueva reclamación.
“Un número de querella tiene que representar un compromiso de atender al ciudadano. Si el problema persiste, corresponde continuar la gestión, sin obligar a la persona a comenzar de nuevo. Esta legislación pone al consumidor en el centro del proceso y exige mayor claridad sobre las acciones tomadas para resolver su situación”, añadió González Colón.
La medida excluye del proceso de confirmación las interrupciones relacionadas con mantenimientos programados, apagones masivos y relevos de carga. Además, concede a LUMA un término de 180 días, contados a partir de la vigencia de la ley, para realizar los ajustes necesarios a sus sistemas de manejo de querellas y procesos internos.
La gobernadora destacó que la debida notificación sobre el resultado de una reclamación también es esencial para que los consumidores puedan ejercer sus derechos y acudir a los mecanismos de revisión disponibles ante el Negociado de Energía de Puerto Rico.
Finalmente, la gobernadora Jenniffer González Colón firmó la Resolución Conjunta 65-2026, que ordena a la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), en coordinación con el Salón de la Fama del Deporte Riopedrense, diseñar, confeccionar e instalar un mosaico en la estación de Río Piedras del Tren Urbano en honor al fenecido baloncelista Juan “Johnny” Báez Mariño.
La medida, correspondiente a la Resolución Conjunta de la Cámara 307, es de la autoría de los legisladores María de Lourdes Ramos Rivera, José F. Aponte Hernández y José Hernández Concepción, y busca reconocer y divulgar las aportaciones de una figura que enalteció el nombre de Puerto Rico dentro y fuera de la cancha.
“Johnny Báez dejó una huella en nuestro deporte y un legado que merece ser conocido por las nuevas generaciones. Con este homenaje en Río Piedras, vinculamos nuestra historia deportiva con un espacio que forma parte de la vida diaria de miles de ciudadanos y celebramos a un puertorriqueño que llevó nuestro talento a escenarios internacionales”, expresó la gobernadora.
Báez, conocido como “El Indio de la Vía”, se destacó en el baloncesto escolar, universitario y superior, así como con el Real Madrid en España. También representó a Puerto Rico en competencias centroamericanas y panamericanas, consolidando una trayectoria de reconocimiento local e internacional.
La resolución dispone que ATI tome las medidas necesarias para cumplir con sus propósitos en un término de 180 días. El diseño, la confección y la instalación del mosaico deberán cumplir con las normas aplicables de seguridad, permisos y conservación estética de la estación.
Asimismo, la medida autoriza la gestión de aportaciones y donativos, así como acuerdos colaborativos para apoyar el financiamiento del mosaico.
“Queremos que nuestros espacios públicos también cuenten la historia de nuestra gente. Este mosaico será una oportunidad para que quienes transitan por Río Piedras conozcan y recuerden las aportaciones de Johnny Báez al deporte puertorriqueño”, añadió González Colón.
La iniciativa recibió el respaldo de ATI durante el trámite legislativo, al reconocer su valor cultural y educativo y su contribución al realce histórico y comunitario de los espacios públicos.
