(8 de octubre de 2026)-Luego de las vistas públicas que llevó a cabo el senado sobre el alegada contrato que no firmo de $38 millones de dólares de la oficina de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), la gobernadora Jenniffer González Colón, dijo que se está hablando de que en distintos estados se utilizan los fondos del TANF, los fondos federales, que en Puerto Rico en muchas ocasiones se devuelven, porque no hay iniciativas estatales para el uso de esos fondos federales. Y como parte de eso se evalúan distintas alternativas para el uso de fondos federales para no devolverlos. Y en esta ocasión se utilizaron modelos de lo que hacen otros estados. Y hay más de 20 estados que utilizan fondos del TANF, fondos federales, para estudiantes que son de desertores escolares, pero que están bajo los niveles de pobreza, que es como únicamente pudieran cualificar para este tipo de programa. Y en el caso de Puerto Rico se evaluó utilizar este programa que se utiliza en el estado de Luisiana. La diferencia es que luego de evaluarse, no solamente por el Departamento de la Familia, sino por el Departamento de Educación, se vio que no se podía usar ese programa porque no teníamos la cantidad suficiente de estudiantes por escuela para utilizarse, aparte de que las leyes estatales y la reglamentación federal no hacían ese programa ejecutable en Puerto Rico”, González Colón.
Asimismo, la gobernadora insistió en que la evaluación tenía que hacerse. Así que no se utilizó, no se aprobó. ¿Y esa evaluación, quién la hace? La tiene que hacer la agencia, que es la agencia con el peritaje para hacer eso. Así que de esa evaluación surgen, obviamente, todas estas acusaciones. Y yo creo que mi gobierno va a buscar todas las alternativas que tengamos para utilizar los recursos federales para darle servicio a la gente. Hay gente que no quiere que se utilicen los fondos federales y se sigan devolviendo, como históricamente se hacía.
Hay otra realidad también; aquí yo estoy trabajando en una transición del programa del PAN a SNAP, que, como ustedes saben, son los cupones de alimentos, y esto no es de ahora. Desde que yo era comisionada residente, tenemos una lucha multisectorial y fuera de partidos políticos a favor de esa transición del PAN al SNAP. Y eso conlleva que los funcionarios a cargo de esa transición tengan que estar en reuniones, tengan que estar entregando documentación y se tenga que estar dando seguimiento. Así que tiene que haber un cumplimiento ahí. Luego de estas imputaciones, señalamientos, llámenlas como ustedes quieran, la realidad es que aquí no ha habido contratación; ese programa funciona en otras jurisdicciones, aquí no se pudo dar porque no teníamos los elementos para hacerlo, no se cumplía con la reglamentación estatal, no se cumplía con la reglamentación federal y se descartó por la propia secretaria del Departamento de la Familia.
De eso, hacer imputaciones de que se contrató, de que hubo corrupción, etc., quedó demostrado a mi juicio en la vista de ayer que no hubo la contratación. Así que hacer imputaciones para dañar reputaciones me parece que es evidentemente la intención de algunos y qué bueno que ayer la secretaria del Departamento de la Familia pudo una vez más, no en un minuto, no en 30 segundos, contestar por varias horas lo que se le imputó.
¿Quiere decir que entonces, luego de lo que usted vio en el día de ayer, usted se reitera la confianza con la secretaria de la Familia?
La secretaria del Departamento de la Familia seguirá haciendo su trabajo. Había dicho que eso no se iba a dar. Había habido reuniones previas para descartar esa contratación.
