(El Capitolio) — El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, cuestionó hoy a la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, por qué el Departamento no tomó en cuenta que NOLA Education tenía 36 días de incorporada en Puerto Rico cuando se le recomendó para el proyecto Star Academy, una propuesta de hasta $38 millones que se pagaría con fondos del programa federal Temporary Assistance for Needy Families (TANF).
La secretaria defendió el proceso y sostuvo que la fecha de incorporación no es un requisito para evaluar las propuestas. Esto surgió durante la comparecencia de Roig Fuertes ante la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional, que preside la senadora Wanda “Wandy” Soto Tolentino, como parte de la investigación que ordena la Resolución del Senado 56. Su turno se dio después del testimonio de la exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Blanca Medina Díaz, quien en la mañana afirmó que la secretaria la presionó para firmar el contrato.
Además del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y de la presidenta de la Comisión, Wandy Soto Tolentino, estuvieron presentes en la vista los senadores Juan Oscar Morales, Eliezer Molina, Joanne Rodríguez Veve, Ada Álvarez Conde, Jeison Rosa Ramos, Migdalia Padilla Alvelo, Jamie Barlucea, Marissita Jiménez, María de Lourdes Santiago y José Luis Dalmau Santiago.
Rivera Schatz dirigió su turno haciendo una cronología de los hechos según transcurrieron. La secretaria dijo no tener precisión de cuándo empezó a promoverse Star Academy, pero ubicó una reunión el 12 de mayo en el Departamento de Educación en la que se discutió la propuesta. Cuando el presidente le planteó que para esa fecha el secretario de Educación había expresado reservas, porque esos servicios ya se ofrecían y no había suficientes estudiantes, respondió que no le constan. “No estoy pendiente de las expresiones públicas del compañero”, afirmó, y aseguró que Educación colaboró en todo el proceso.
Después vino el viaje a Luisiana, del 7 al 10 de diciembre de 2025, y el 30 de diciembre salieron las cartas de invitación, unos 20 días después de que NOLA Education se incorporara en Puerto Rico, según el presidente. Se enviaron 45 invitaciones y respondieron tres compañías: NOLA Education, Cocoloba y Litoral Vivo. El 16 de enero, un evaluador independiente entregó el informe que recomendó a NOLA Education, que para entonces tenía 36 días de incorporada.
Rivera Schatz cuestionó si, en un contrato de $38 millones, no era importante que la empresa recomendada tuviera poco más de un mes de existencia. Roig Fuertes insistió en que ese no es un elemento para la determinación y que, en los procesos por invitación, las propuestas se evalúan conforme a los requisitos, entre los que no está la fecha de incorporación.
El presidente cuestionó luego la participación de Cocoloba y Litoral Vivo, que, según planteó, han dicho que no se dedican a ese tipo de servicio, aunque la secretaria aseguró que ambas participaron. “Si ellos alegan que no participaron y no sometieron propuestas, estarían mintiendo”, afirmó. Luego matizó que solo dos de las tres compañías presentaron propuestas extensas y que la tercera envió una comunicación sobre sus servicios que “pudiera haberse interpretado también como una propuesta”. “El comité que evaluó no evaluó una carta: evaluó una propuesta, o por lo menos así debería ser”, le respondió Rivera Schatz. El senador Juan Oscar Morales, por su parte, afirmó que Cocoloba le escribió a la propia secretaria para decirle que no se dedica a ese servicio y que no presentaría una propuesta, y le preguntó cómo LAP Consulting pudo darle una puntuación a algo que no existe.
La secretaria también reconoció que en la agencia había personal capacitado para evaluar las propuestas. “Sí había funcionarios”, dijo ante la insistencia del presidente, aunque explicó que, por la magnitud del proyecto y para garantizar la transparencia, prefirieron un evaluador independiente. A preguntas de Morales, la secretaria confirmó que la firma LAP Consulting tiene contratos con el Departamento por $180,000 y $80,000 para múltiples funciones, entre ellas evaluar propuestas, y que su presidente, Luis Pedraza González, fue compañero de trabajo suyo en la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA). El senador Morales señaló que los evaluadores de LAP, entre ellos Ramón Rodríguez Montalbán y Misael Pérez, también trabajan en ASSMCA bajo un contrato que, según dijo, administra Pedraza.
Sobre el uso de los fondos, la secretaria indicó que hubo consultas generales con la Administración de Familias y Niños, que, según dijo, expresó que los fondos podían utilizarse para ese propósito, a la vez que aseguró que ese documento está a disposición de la Comisión. En la mañana, Medina Díaz había declarado que la respuesta federal concluyó que el proyecto no cumplía con los requisitos y que llegó después de la adjudicación.
Roig Fuertes confirmó además que el 20 de enero hubo una notificación de adjudicación y que el Departamento seguía con los trámites para formalizar el contrato cuando Medina Díaz asumió la dirección de ADSEF, el 6 de abril. En su ponencia escrita, sin embargo, había descrito ese paso como una selección preliminar que “debe distinguirse de una adjudicación” y había sostenido que no pudo haber gestiones para que la exadministradora firmara “ya que nunca hubo adjudicación”.
Sobre la cancelación, la secretaria explicó que, al cambiar el año escolar, el Departamento cruzó los datos de los estudiantes de séptimo a noveno grado con los de los menores de familias participantes del TANF. “Nos encontramos con la situación de que, aunque hay muchos niños alrededor de Puerto Rico, no tenemos más de 10 niños en una misma escuela. Eso imposibilitaba el proyecto”, dijo. Esa razón coincide con una de las reservas que, según Rivera Schatz, expresó el secretario de Educación desde mayo de 2025. El presidente resumió que todo el proceso, hasta la cancelación del 19 de mayo de 2026, “quedó en nada”. La secretaria respondió que quedó en “un proyecto que pudo haber sido extraordinario para las familias de Puerto Rico”. En su ponencia escrita, Roig Fuertes sostuvo que no se obligaron ni se desembolsaron fondos para la iniciativa.
Rivera Schatz destacó que, al día siguiente de la cancelación, el 20 de mayo, Medina Díaz envió la carta en la que dejaba constancia de que ADSEF no participó en la evaluación, la selección ni la adjudicación. “No tiene una relación”, respondió la secretaria. “Lo que ella dijo era verdad”, le planteó el presidente. Roig Fuertes sostuvo que la exadministradora no ocupaba el cargo cuando se trabajó la propuesta, que el proceso venía desde 2025 y que ADSEF sí participó, con reuniones, correos electrónicos y una carta conjunta al Gobierno federal que ella firmó con el exadministrador Ramón Burgos.
La secretaria afirmó también que el 13 de mayo, por instrucciones suyas, la licenciada Nicole Báez Ortiz se reunió con Medina Díaz y su equipo para reafirmarles que el proyecto no era viable y se había cancelado. Esa versión choca con la declaración jurada de la exadministradora, quien afirmó que en esa misma reunión la asesora legal de la secretaria seguía insistiendo en buscar alternativas para firmar el contrato.
La secretaria también respondió a los señalamientos de Medina Díaz. Aseguró que ella misma le advirtió, antes de la cancelación, que el proyecto no era viable, y que la exadministradora no divulgó las respuestas que el Departamento le envió el 22 de mayo, las cuales tiene disponibles para la Comisión. En su ponencia escrita, calificó de “totalmente falso” que ADSEF no participara, afirmó que las alegaciones de presión se formularon “sin elemento alguno” y atribuyó la destitución a pobre desempeño, insubordinación, ausencias a reuniones del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y demoras en la radicación de planes estatales, lo que, según el Departamento, “conllevó la devolución de fondos”.
Sobre el viaje a Luisiana, la secretaria sostuvo que no requería autorización federal. A su vez, Morales señaló que la carta que ella firmó ante la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) indicaba que viajarían la secretaria de la Familia, el secretario de Educación y un representante de La Fortaleza. Ante esto, Roig Fuertes respondió que por Educación viajó Dina Romero y por La Fortaleza, Josman Betancourt, pero el senador apuntó que la carta no incluye nombres ni designa a quién quedaba a cargo del Departamento, como exige la orden ejecutiva de la OGP. Añadió que el secretario de Educación le aseguró que no sabía que estaba incluido en el viaje. Igualmente, la secretaria explicó que el viaje se coordinó con personal de NOLA Education, según la agenda que envió la compañía. El senador indicó además que el entonces administrador de ADSEF, Ramón Burgos, no sabía del viaje y le pidió por correo electrónico al subadministrador Juan Avilés Silvestry el informe porque no conocía del viaje.
Morales también presentó un correo del 26 de noviembre en el que Avilés Silvestry les daba seguimiento a dos contrataciones e indicaba que la licenciada Itza García tenía interés en que se formalizaran. La secretaria confirmó que en ese intercambio escribió que la propuesta contaba con su “visto bueno”.
