La Cámara de Representantes evalúa el proyecto que persigue derogar la Ley de la Judicatura de 2003
(El Capitolio – 6 de octubre de 2026) – El director de la Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT), Sigfrido Steidel, impugnó ante la Cámara de Representantes la reestructuración institucional del Poder Judicial que propone el Proyecto del Senado 1096, tras reiterar que la eliminación prospectiva de la categoría de juez municipal tendría consecuencias importantes sobre la operación y presupuesto del sistema de justicia.
El togado aseguró que los jueces municipales son el primer punto de contacto de la ciudadanía con el sistema judicial, por lo que sus funciones son críticas e “irremplazables”. Remover esta clase requerirá ajustes en la distribución de la carga de trabajo y en los recursos disponibles para garantizar la continuidad de los servicios, advirtió Steidel.
“La conversión de las 85 plazas de jueces municipales a plazas de jueces superiores no solo conlleva ajustes salariales, sino también podría requerir la asignación de la estructura de apoyo institucional que actualmente, de ordinario, acompaña a cada juez superior”, comentó el jefe de la OAT en vista pública de la Comisión de lo Jurídico, presidida por el representante José “Che” Pérez Cordero.
El titular señaló que el impacto fiscal de la medida sería significativo debido a que un juez superior representa un costo anual de $571,573 al considerar su salario, las aportaciones patronales, el personal de apoyo y la infraestructura que ocupa. En contraste, estimó el costo anual de un juez municipal en $250,651.
Steidel indicó que, entre otras responsabilidades, los jueces municipales atienden solicitudes de órdenes de protección, determinaciones de causas para arresto, asuntos de salud mental, conflictos vecinales y otras controversias que requieren atención inmediata.
“No debemos perder de perspectiva que lo más importante, lo que nosotros tenemos que procurar, como ente administrativo, es que los tribunales funcionen”, manifestó, por su parte, la jueza Maritere Colón, directora administrativa auxiliar de la OAT. “Los jueces municipales son el frente. A veces les llamamos las salas de emergencia de los tribunales”.
El panel de la OAT también advirtió que la adopción de la legislación, que pretende derogar la Ley de la Judicatura de 2003, requerirá una enmienda a la Constitución en tanto ciertas disposiciones incidan sobre aspectos de la Rama Judicial que el ordenamiento jurídico encomienda a la jueza presidenta del Tribunal Supremo.
Los deponentes reafirmaron su oposición a conferir al pleno del Tribunal Supremo la creación de ciertas oficinas, dependencias o divisiones administrativas, así como la selección y nombramiento de personal directivo. Para la OAT, el lenguaje propuesto en el proyecto intenta “desdibujar la distinción constitucional entre la función de reglamentar y la función de dirigir la administración”.
“Tal como está redactado el proyecto de ley bajo análisis, reduce sustancialmente el ámbito de autoridad administrativa del juez presidente a uno de ejecutor pasivo de la reglamentación del pleno. Esto no es cónsono con el texto y el historial constitucional”, declaró Steidel.
Sin embargo, el representante Pérez Cordero opinó que la postura de los deponentes está sujeta a su interpretación de la Carta Magna y sostuvo que, según dispuesto en la propuesta legislativa, la supresión de los jueces municipales ocurrirá según venza el término de nombramiento de 12 años de cada togado.
“Todo esto lo estamos viendo desde supuestos, porque eso va a determinar y va a depender de la propia reglamentación que se incorpore y las competencias que les den a esos propios jueces, una vez cada uno de estos jueces termine por completo su tiempo de nombramiento”, mencionó el legislador.
El Colegio de Abogados coincidió a través de una ponencia escrita que la medida plantea “serios problemas constitucionales”. Aunque no asumió una posición sobre el proyecto, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, dijo en un memorial explicativo que se enmarca en las facultades constitucionales de la Asamblea Legislativa.
Empleados reclaman inclusión
Por su parte, la Asociación de Empleados Judiciales de Puerto Rico favoreció la aprobación de la medida sujeto a enmiendas que reconozcan al capital humano como pilar de la reforma judicial y su derecho a pertenecer a organizaciones bona fide.
Para ello, el presidente Amircal Gerena instó a incorporar disposiciones transitorias que protejan al personal actual; habilitar mecanismos de revisión salarial; formalizar una trayectoria de progreso profesional y fomentar el readiestramiento tecnológico.
“Sin ese capital humano, que casualmente es pasado por alto en este proyecto, es imposible que la Rama Judicial pueda operar. La experiencia acumulada durante más de dos décadas bajo la legislación vigente debe utilizarse también para identificar aquellas áreas relacionadas con la administración del personal que requieren actualización”, reclamó Gerena.
Mientras, la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura –que agrupa a los jueces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones– expresó en una ponencia escrita su respaldo a la propuesta legislativa. La jueza Enid Gavilán, presidenta de la organización, afirmó que la eliminación prospectiva de los jueces municipales resultaría en términos de labor uniformes para los magistrados.
En la audiencia pública participaron, además, los representantes José “Conny” Varela Fernández, Adriana Gutiérrez Colón y Gabriel Rodríguez Aguiló.
