(El Capitolio – 29 de septiembre de 2026) – La Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social, presidida por el representante Ricardo “Chino” Ocasio Ramos, inició este martes el análisis del Proyecto de la Cámara 1409, medida dirigida a actualizar y fortalecer el derecho de acceso de las personas con impedimentos que utilizan animales de asistencia, en armonía con la ley federal vigente.
La pieza, presentada por el representante Pedro “Pellé” Santiago Guzmán, a petición de Fundación Luz para tus Ojos, busca ajustar la “Ley de Animales de Asistencia para Personas con Impedimentos” de 1970, para atemperarla a los estándares federales de la Americans with Disabilities Act (ADA), la Fair Housing Act y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación.
En vista pública, el Lcdo. José Montalvo Vera, abogado principal de la Defensoría de Personas con Impedimentos (DPI), manifestó que la agencia “apoya la propuesta medida ya que reconoce la problemática que tienen las personas con impedimentos que requieren la ayuda de animales de asistencia para entrar a los lugares de uso público y vehículos”.
“La entrada de una persona con impedimento y su animal de asistencia a vehículos y lugares de uso público no debe condicionarse a pruebas burocráticas innecesarias que limiten su autonomía y dignidad”, explicó el deponente.
No obstante, recomendó unas enmiendas al lenguaje de modo que la DPI solo intervenga en casos de discrimen en el empleo, cuando se trate del ámbito público, puesto que sería el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos los encargados de las instancias en el empleo privado.
Además, sugirió que se añada dentro de la definición de persona con impedimento el término sensorial para que abarque los distintos tipos de impedimentos tales como el físico y mental y mantener así la coherencia técnica del ordenamiento.
Exhortó también, que se establezca un término en específico para referirse al “perro de servicio”, de modo que no se cause confusiones administrativas y barreras de acceso adicionales.
A favor también estuvo Wilma Rivera, directora de la Oficina Estatal para el Control de Animales del Departamento de Salud, puesto que “procura eliminar las barreras que afectan el acceso de las personas con discapacidad acompañadas por animales de asistencia”.
“La eliminación de exigencias generales de tarjetas, chapas, registros o certificados como condición de acceso, armoniza la legislación local con los estándares federales descritos en la propia medida y reduce la posibilidad de prácticas discriminatorias derivadas del desconocimiento”, agregó la funcionaria quien enfatizó que es esencial ofrecer orientación a las personas que trabajan con público. Esto para evitar los casos de discrimen contra personas que utilizan animales de servicio como herramienta de independencia funcional.
Rivera del DS explicó que, en el contexto de los hospitales, clínicas y otras instalaciones de salud “el derecho debe coexistir con las medidas de control de infecciones, salubridad y seguridad necesarias para proteger a los pacientes, visitantes y personal”, por lo que recomendó que la determinación de limitar la presencia de un animal se realice de forma individualizada basada en evidencia objetiva y riesgo concreto que presente el animal de servicio. Asimismo, detalló que la participación de la agencia se limitaría a funciones de asesoría en el proceso de elaboración del reglamento y en la preparación de los rótulos informativos sobre la aplicación de la ley en centros de salud.
Por su parte el Lcdo. Edwin Ocasio de la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV), apoyó la medida bajo discusión al aseverar que “resulta compatible en términos generales con la política pública dirigida a eliminar barreras que puedan limitar la participación plena de las personas con impedimentos en el empleo y en otros ámbitos de la vida en comunidad”.
De forma particular, apoyó que la legislación procure eliminar los requisitos documentales que puedan constituir una barrera indebida de acceso, a la vez que vio con buenos ojos el que se establezca un mecanismo de verificación cuando la necesidad del animal no sea evidente. Esto sería similar a la legislación federal en cuanto si el animal es requerido por razón de impedimento y el trabajo para el que ha sido adiestrado, sin requerir demostración de la tarea, ni diagnóstico de la persona.
Este proyecto establece que el derecho no será irrestricto, ya que, si el animal que acompaña a la persona no está bajo un control efectivo o representa una amenaza directa para la seguridad de otras personas o para la prestación del servicio público en el lugar, podrá requerirse que el animal sea retirado del establecimiento.
Ocasio de ARV enfatizó que debe clarificarse dentro del lenguaje del proyecto que estas enmiendas “no sean interpretadas como una ampliación de los criterios de elegibilidad o del catálogo de servicios que la ARV viene obligada a proveer bajo el Programa Estatal de Rehabilitación Vocacional”.
“La utilización de un animal de asistencia por una persona con impedimento no determina, por sí sola, elegibilidad para los servicios de la ARV, ni la medida propuesta impone a esta Administración la obligación de adquirir, sufragar, certificar o adiestrar animales de asistencia”, explicó el deponente.
Sin embargo, la Lcda. Alayra Figueroa González, secretaria asociada de Educación Especial del Departamento de Educación (DE), no respaldó que esta agencia sea incluida entre las entidades que estén cobijados bajo esta intención tal y como ha sido radicada la pieza.
“La inclusión de las instituciones educativas no puede descansar en una regla general de acceso sin considerar la condición de los menores de edad, la capacidad real de los planteles, la seguridad de la comunidad escolar, el control efectivo del animal, la responsabilidad civil y la disponibilidad de recursos para atender apoyos que puedan ser necesarios”, indicó la funcionaria.
Por lo tanto, expresó que se excluya a la agencia del alcance de la medida, “hasta que se desarrolle con la participación del DE, la Oficina de Seguridad, la División Legal, las agencias responsables de seguros y las entidades con peritaje pertinente, una propuesta específica para el entorno escolar”, de modo que se proteja de manera balanceada los derechos del usuario con los demás estudiantes y la comunidad escolar.
Figueroa González especificó que el lenguaje de la pieza debe armonizar los derechos federales ya reconocidos con la responsabilidad de la persona usuaria del animal de servicio, sus padres o encargados, a la vez que se determina cómo se atenderán los casos de menores que requieran este apoyo.
No obstante, esta postura fue refutada por la Lcda. Yessica M. Guardiola, asesora legal de las organizaciones Luz para tus Ojos y la National Federation for the Blind, al indicar que el estado de derecho federal ya contempla estos acomodos dentro de la comunidad escolar.
A renglón seguido, el Departamento de Justicia (DJ), mediante ponencia sometida y firmada por su secretaria, Lcda. Lourdes Goméz Torres, coincidió con los fines legislativos del proyecto al tiempo que puntualizó que esta ley aprobada hace 56 años “debe ser enmendada para atemperarla a las leyes federales y actualizarla a las necesidades de la población con diversidad funcional de estos tiempos”.
De otro lado, comparecieron Miguel Hernández, presidente de la Fundación Luz para tus Ojos, junto a otras organizaciones en favor de los derechos de las personas con impedimentos, quienes aseguraron que a diario enfrentan “barreras concretas al intentar acceder a lugares abiertos al público, a servicios de transportación y lugares de empleo”, lo cual los limita en su aspiración de ser independientes, por lo que urgieron a aprobar el proyecto en discusión.
El presidente de la comisión, el representante Ocasio Ramos, calificó como “positiva” esta propuesta la cual podría ser ampliada para abarcar no solo a las personas con limitaciones visuales, sino otras condiciones que necesitan de este servicio con la finalidad de que puedan alcanzar un mayor grado de independencia.
En igual términos se expresó el representante Santiago Guzmán, quien sostuvo que es “un gran paso” para atender el desfase de la ley local en comparación al estado de derecho federal.
El Departamento de Vivienda pidió ser excusado de esta vista pública, de la que participaron los representantes Roberto López Román y Nelie Lebrón Robles.
