La Fortaleza, San Juan, Puerto Rico (17 de septiembre de 2026) – Con el firme compromiso de hacerle justicia a los pensionados, la gobernadora de Puerto Rico Jenniffer González Colón ha salido en defensa de este sector con acciones concretas a la vez que se evalúan, junto a la Junta de Retiro y otras agencias, alternativas económicas y presupuestarias que permitan brindar apoyo a quienes reciben las pensiones más bajas.
Durante la conferencia de prensa En Record encabezada por el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano y junto al director ejecutivo de la Junta de Retiro, Arnaldo J. Ortiz Miranda se recalcó el compromiso del Gobierno de Puerto Rico para atender las pensiones más bajas.
“Nadie puede vivir con una pensión de menos de $1,000 al mes. Esa es una realidad que no podemos ignorar. Yo estoy del lado de nuestros retirados y de nuestra gente más vulnerable”, afirmó la gobernadora.
González Colón señaló que su administración evalúa fuentes de ingresos recurrentes y medidas para reducir gastos en el Gobierno. Entre estas, destacó los esfuerzos para disminuir el gasto en contratos de servicios profesionales en las agencias.
La gobernadora indicó que, una vez concluyan las conversaciones técnicas con la Junta de Supervisión Fiscal, presentará ante la Asamblea Legislativa las enmiendas correspondientes con el objetivo es establecer una alternativa fiscalmente responsable y jurídicamente sostenible que permita atender las necesidades de los pensionados.
Como parte de ese análisis, se contempla la posibilidad de establecer aumentos progresivos que comiencen por quienes reciben las pensiones más bajas, sin imponer nuevos impuestos.
Por su parte, el director ejecutivo de la Junta de Retiro, Arnaldo J. Ortiz Miranda, explicó que la realidad económica de miles de jubilados requiere atención. De un universo de aproximadamente 143,000 pensionados, más de 55,000 reciben menos de $1,000 mensuales.
Ortiz Miranda destacó que la situación es particularmente apremiante para sectores vulnerables como los maestros pensionados que históricamente no cotizaron al Seguro Social.
En cuanto al reclamo de un grupo de agentes ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan impugnando la validez del “Reglamento para la Administración y Distribución de los Activos del Fideicomiso para el Retiro de la Policía”, autorizado por la Junta de Supervisión Fiscal, relacionado con el pago del 50% de la pensión, Ortiz Miranda defendió la aplicación del reglamento aprobado bajo la Ley 40 de 2020.
El director ejecutivo explicó que el Fideicomiso para el Retiro de la Policía cuenta con fuentes de financiamiento independientes del crédito del Gobierno de Puerto Rico, entre ellas los recaudos de la Comisión de Juegos provenientes de las máquinas tragamonedas.
Asimismo, aclaró que los ajustes en los pagos que reciben algunos policías retirados no se realizan de manera arbitraria, sino mediante una fórmula matemática establecida en la reglamentación que toma en consideración otros beneficios recibidos por los pensionados.
Hasta el momento, se han desembolsado $6.7 millones bajo la custodia de la Junta de Retiro, beneficiando a más de 1,680 policías retirados.
Ortiz Miranda destacó que las Leyes 146 y 147 de 2026 atendieron situaciones que habían generado en el sistema y establecieron disposiciones para su aplicación de manera prospectiva.
La Junta de Retiro exhortó a los pensionados que tengan reclamaciones a utilizar los mecanismos de reconsideración administrativa disponibles antes de acudir a los tribunales. La agencia reiteró que mantiene una política de puertas abiertas para atender las dudas y situaciones de los jubilados.
