SAN JUAN, Puerto Rico – La Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico, a través del Fiscal Federal Interino Héctor Ramírez-Carbó, en colaboración con las agencias asociadas de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF), anuncia los siguientes resultados de enjuiciamiento correspondientes a la semana del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2026.
La HSTF es una fuerza de tarea interinstitucional permanente de las fuerzas del orden, creada mediante orden ejecutiva para combatir a las organizaciones criminales transnacionales, incluidos los cárteles, las redes de tráfico y las organizaciones terroristas extranjeras. Condenas mediante declaraciones de culpabilidad: El 1 de septiembre de 2026, Álvaro Ortiz-Callejas se declaró culpable de conspiración para importar narcóticos y de complicidad (ayuda e instigación) en la importación de narcóticos en el caso penal 23-085 (PAD). Según la acusación formal, el acusado fue imputado por conspirar para importar y por ayudar e instigar la importación de cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína. El acusado fue arrestado el 18 de octubre de 2024. El tribunal fijó la fecha de la sentencia para el 7 de diciembre de 2026. La Fiscal Federal Adjunta (AUSA) Lani Lear está a cargo del procesamiento del caso. El 2 de septiembre de 2026, Edgar Santiago-Vázquez se declaró culpable del primer cargo de la acusación formal en el caso penal 25-215 (SCC) y de los cargos primero y séptimo de la acusación formal en el caso penal 25-392 (SCC).
Según la acusación formal, el acusado fue imputado por conspiración para distribuir sustancias controladas. El acusado fue arrestado el 25 de septiembre de 2026. El tribunal fijó la fecha de la sentencia para el 4 de diciembre de 2026. El Fiscal Federal Adjunto (AUSA) R. Vance Eaton está a cargo del procesamiento del caso. El 2 de septiembre de 2026, Enrique Falcón-Lopez se declaró culpable del primer cargo en el caso penal 25-275 (RAM). Según la acusación formal, el acusado fue imputado de conspiración para cometer fraude electrónico, bancario y postal. El acusado fue arrestado el 17 de junio de 2025.
El tribunal fijó la fecha de la sentencia para el 12 de enero de 2027. La fiscal federal especial adjunta (SAUSA) Vanessa Bonano está a cargo de la acusación en este caso. El 3 de septiembre de 2026, Lucas José Pérez se declaró culpable del primer cargo en la causa penal 22-520 (RAM). Según la acusación formal, el acusado fue imputado de conspiración para fabricar o distribuir cocaína con fines de importación ilegal. El acusado fue arrestado el 10 de julio de 2025 en la República Dominicana y extraditado a Puerto Rico el 21 de agosto de 2025. El tribunal fijó la fecha de la sentencia para el 2 de diciembre de 2026. La fiscal federal adjunta (AUSA) Camille García Jiménez está a cargo de la acusación en este caso. El 4 de septiembre de 2026, Yariel Enrique Morales-Fuentes se declaró culpable del primer cargo en la causa penal número 25-272 (SCC). Según la acusación formal, el acusado fue imputado de conspiración para poseer sustancias controladas con intención de distribuirlas. El acusado fue arrestado el 10 de julio de 2025. El tribunal fijó la fecha de la sentencia para el 4 de diciembre de 2026.
Los fiscales federales adjuntos (AUSA) Laura Díaz-González y Andrés Orr están a cargo de la acusación en este caso. Sentencias: El 1 de septiembre de 2026, Josué Isaac-Febus, alias “Tonto/Doble T”, fue sentenciado por la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, María Angongiorgi-Jordán, a nueve (9) años de prisión, seguidos de ocho (8) años de libertad supervisada, por su participación en una organización violenta de narcotráfico que operaba desde varios proyectos de vivienda pública en las áreas de Carolina y San Juan, principalmente el proyecto de vivienda pública Sabana Abajo. Según los documentos judiciales, el acusado fue formalmente acusado el 5 de diciembre de 2024 en la causa penal 24-453 (MAJ) y se declaró culpable el 13 de mayo de 2026. Los fiscales federales adjuntos (AUSA) Laura Díaz-González y Joseph Russell están a cargo de la acusación en el caso.
El 2 de septiembre de 2026, el acusado Jesús M. Cruz Martínez fue sentenciado por el juez presidente del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Raúl Arias-Marxuach, a 30 meses de prisión y tres años de libertad supervisada por conspiración para cometer fraude bancario, fraude electrónico y fraude postal. Según los documentos judiciales, el acusado fue formalmente acusado el 12 de junio de 2025 en la causa penal 25-275 (RAM) y se declaró culpable el 4 de junio de 2026. La fiscal federal adjunta especial (SAUSA) Vanessa Bonano está a cargo de la acusación en el caso. El 2 de septiembre de 2026, Ángel Ocasio-Cancel fue sentenciado por el juez presidente del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Raúl M. Arias-Marxuach, a 60 meses de prisión y ocho (8) años de libertad supervisada por conspiración para distribuir sustancias controladas. Según los documentos judiciales, el acusado fue formalmente acusado el 3 de septiembre de 2026 en la causa penal 25-365 (RAM) y se declaró culpable el 4 de junio de 2026. El fiscal federal adjunto (AUSA) Andrés L. Orr está a cargo de la acusación en el caso.
El 3 de septiembre de 2026, Jeuris Rodríguez-Payano fue sentenciado por el juez presidente del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Raúl Arias-Marxuach, a una pena de prisión de 118 meses y cinco (5) años de libertad supervisada por conspirar para fabricar o distribuir 323 kilogramos de cocaína con fines de importación ilegal. Según los documentos judiciales, el acusado fue formalmente acusado el 5 de diciembre de 2022 en la causa penal 22-520 (RAM) y se declaró culpable el 11 de junio de 2026. La fiscal federal adjunta (AUSA) Camille García Jiménez estuvo a cargo de la acusación en el caso.
El 3 de septiembre de 2026, Raúl González-Santiago fue sentenciado por el juez presidente del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Raúl M. Arias-Marxuach, a 84 meses de prisión —24 meses por el cargo uno y 60 meses por el cargo siete, que deberán cumplirse de forma consecutiva— y seis (6) años de libertad supervisada por conspiración para distribuir sustancias controladas. Según los documentos judiciales, el acusado fue formalmente acusado el 3 de septiembre de 2025 en la causa penal 25-365 (RAM) y se declaró culpable el 10 de junio de 2026. El fiscal federal adjunto (AUSA) Andrés L. Orr está a cargo de la acusación en el caso. El 4 de septiembre de 2026, Robert Martínez-Limas fue sentenciado por el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Pedro A. Delgado Hernández, a una pena de seis (6) meses de reclusión domiciliaria y cuatro (4) años y seis (6) meses de libertad a prueba (probation) por posesión con intención de distribuir 10 kilogramos de cocaína.
Según los documentos judiciales, el acusado fue formalmente acusado el 22 de agosto de 2024 en la causa penal 24-280 (PAD) y se declaró culpable el 20 de abril de 2026. La fiscal federal adjunta (AUSA) Camille García Jiménez estuvo a cargo de la acusación en el caso. El 4 de septiembre de 2026, Rodney Alexis Maldonado-Márquez fue sentenciado por el juez presidente del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Raúl M. Arias-Marxuach, a una pena equivalente al tiempo ya cumplido en prisión y a seis (6) años de libertad supervisada por conspiración para distribuir sustancias controladas. Según los documentos judiciales, la acusada fue imputada formalmente el 3 de septiembre de 2025 en la causa penal 25-365 (RAM) y se declaró culpable el 18 de junio de 2026.
El fiscal federal adjunto (AUSA) Andrés L. está a cargo de la acusación en este caso. El 4 de septiembre de 2026, Barbara Valentín-Rivera fue sentenciada por el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Pedro A. Delgado, a una pena equivalente al tiempo ya cumplido en prisión y a tres años de libertad supervisada por conspirar para poseer cocaína con intención de distribuirla y para lavar las ganancias derivadas del narcotráfico. Según los documentos judiciales, la acusada fue imputada formalmente el 29 de septiembre de 2021 en la causa penal 21-359 y se declaró culpable el 18 de mayo de 2026. El fiscal federal adjunto (AUSA) Ricardo Imbert Fernández está a cargo de la acusación en este caso. Estos procesos judiciales forman parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), establecido mediante la Orden Ejecutiva 14159, “Protección del pueblo estadounidense contra la invasión”. El HSTF es una alianza gubernamental integral dedicada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y contrabando de personas que operan dentro de los Estados Unidos y en el extranjero. Mediante una colaboración interinstitucional histórica, el HSTF dirige todo el peso de las fuerzas del orden de los Estados Unidos a identificar, investigar y procesar la gama completa de delitos cometidos por estas organizaciones, las cuales han alimentado durante mucho tiempo la violencia y la inestabilidad dentro de nuestras fronteras. Al realizar esta labor, el HSTF pone especial énfasis en investigar y procesar a quienes participan en el tráfico de menores u otros delitos que involucran a niños. Asimismo, el HSTF utiliza todas las herramientas disponibles para procesar y expulsar de los Estados Unidos a los extranjeros delincuentes más violentos.
El HSTF de San Juan está integrado por agentes y funcionarios de las siguientes entidades federales asociadas: FBI, ICE-HSI, CBP (OFO, AMO y Patrulla Fronteriza), el Servicio de Alguaciles de los EE. UU. (U.S. Marshals Service) para Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU., DEA, ATF, IRS, la Guardia Costera de los EE. UU., el Servicio de Investigación de la Guardia Costera de los EE. UU., el Servicio de Inspección Postal de los EE. UU., el Departamento de Estado y el Servicio Secreto de los EE. UU., así como la entidad de Puerto Rico/EE. UU. HIDTA de las Islas Vírgenes, TSA, FAA y las Fiscalías Federales para los Distritos de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. La HSTF también cuenta con las siguientes agencias asociadas del orden público a nivel estatal y local: el Departamento de Policía de Puerto Rico; los Departamentos de Policía Municipal de San Juan, Carolina, Guaynabo, Barceloneta y Ponce; el Programa Antinarcóticos de la Guardia Nacional de Puerto Rico; el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico; el Departamento de Hacienda de Puerto Rico; la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico; y el Departamento de Policía de las Islas Vírgenes.
