Ante el estado de emergencia que atraviesa el país por la violencia de género, la Fundación Ángel Ramos designó recientemente un fondo de $100,000 para subvencionar un programa que ofrece asistencia y apoyo a las víctimas de violencia mediante los servicios de intercesoras legales.
“El aumento de casos de violencia de género, sobre todo a mujeres, es alarmante. Las situaciones que hemos experimentado en los últimos años -los huracanes Irma y María, los terremotos y la pandemia del COVID 19- han puesto de relieve la vulnerabilidad de las víctimas de violencia, así como sus efectos en el entorno familiar y comunitario. Desde la Fundación estamos aunando esfuerzos para enfrentar la violencia que tanto nos afecta como sociedad. Sabemos que se requiere de múltiples esfuerzos de educación y prevención entre otros, que pudieran ser proyectos a largo plazo. Sin embargo, el objetivo de nuestra Junta de Directores es hacer algo ahora, que pueda tener un impacto inmediato”, expresó el presidente de la Fundación Ángel Ramos, Roberto Santa María.
Como parte de los esfuerzos, la Fundación invierte en un proyecto, gestado por Coordinadora Paz para la Mujer (CPM), cuyo propósito es ofrecer orientación, asistencia y apoyo emocional a las víctimas de violencia mediante los servicios de intercesoras legales. Su función como intercesoras legales está debidamente cualificada con adiestramientos o estudios acreditados en consejería, psicología o trabajo social y está autorizada para acompañar a las víctimas de violencia durante los procesos judiciales.
La directora ejecutiva de CPM Vilma González explicó que: “Son muchos los incidentes de violencia que no son denunciados o quedan invisibilizados. Uno de los principales factores para que no se procesen los casos de forma adecuada es la respuesta institucional del sistema de justicia. Podemos encontrar funcionarios y funcionarias que muestran actitudes basadas en prejuicios y desconocimientos sobre el problema y sus secuelas. Precisamente por esto, el rol de las intercesoras legales es fundamental. Las intercesoras no asesoran ni representan, pero interceden, acompañan y facilitan para que las mujeres puedan expresarse y defender sus derechos”.
El proyecto se implementará en Aguadilla y Mayagüez por tratarse de municipios con un notable número de casos de violencia de género que no es proporcional con la cantidad de intercesoras legales disponibles. Para el desarrollo del proyecto, que al momento tendrá un año de duración, CPM establecerá alianzas con otras organizaciones que ofrecen servicios a las víctimas sobrevivientes en la zona.
CPM es la coalición puertorriqueña contra la violencia doméstica y agresión sexual, una organización sin fines de lucro integrada por un colectivo de 38 organizaciones y 14 personas en su carácter individual que reconocen y defienden los derechos de las mujeres y desarrollan servicios, investigaciones o trabajos en torno al tema de la violencia que afecta especialmente a las mujeres por razón del género.
La Fundación Ángel Ramos es una institución filantrópica que por más de 60 años se ha dedicado a mejorar la calidad de vida en Puerto Rico mediante el apoyo a organizaciones sin fines de lucro que rinden servicios en las áreas de educación, arte y cultura y bienestar social. Para más información sobre sus programas e iniciativas visite su página web en www.fundacionangelramos.org.
