La fianza no fue entregada por la inacción y los retrasos de AEE
SAN JUAN, PUERTO RICO – Power Expectations, LLC anunció mediante comunicado de prensa que ha acudido al Tribunal Federal para impugnar la cancelación de su contrato para el despliegue de 400 megavatios de generación temporera para Puerto Rico y solicitar los remedios judiciales dirigidos a revertir sus efectos y restablecer un proyecto de generación que ya se encontraba encaminado. “Para Power Expectations, ha llegado el momento de que esta controversia salga del terreno de las suposiciones, insultos y presunciones infundadas y se diluciden donde corresponde; ante un tribunal, que examine los hechos, la evidencia documenta y derecho aplicable”, dijo Abraham Freyre Medina, asesor jurídico interno de la empresa.
El análisis legal de la empresa se ha centrado en levantar evidencia de que las causas expresadas por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no se sostienen por los hechos ni por el derecho aplicable. Freyre Medina señaló que la controversia judicial estará centrada en la pregunta fundamental, sobre si existió realmente un incumplimiento atribuible a Power Expectations o a retrasos injustificados de la AEE y si la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) cumplió con el debido proceso previo a la revocación de su aprobación
al proyecto.
“Las preguntas obligatorias que surgen de las acciones de Autoridad de Energía Eléctrica no puede contestarse mediante titulares de prensa, versiones incompletas, acusaciones infundadas o señalamientos públicos. Esas preguntas se contestan examinando el expediente completo. De aquí en adelante, que hablen los documentos.”, señaló Freyre Medina.
La cancelación fue fundamentada principalmente, en un alegado incumplimiento de Power Expectactions relacionado con la presentación de la fianza requerida bajo el contrato. Para obtener la fianza, las compañías de seguros internacional Lloyd of London y Skyscraper exigían una documentación en poder de la AEE que nunca fue provista, lo que causó el retraso. “En incontables ocasiones, mediante carta, llamadas, y reuniones, Power Expectations solicitó los datos que requiere todo asegurador para completar el proceso de aprobación de la fianza. La AEE nunca entregó la información y luego utilizó su propia inacción para justificar la cancelación”, describió el abogado.
La empresa presentará ante el foro federal las comunicaciones, documentos y demás evidencia relacionada con las gestiones realizadas para cumplir con el requisito de la fianza, así como las circunstancias que incidieron sobre la posibilidad de completar su emisión dentro del término correspondiente. “No estamos pidiendo que nadie acepte nuestra versión por nuestra palabra. Estamos pidiendo algo mucho más sencillo: que se abra el expediente, que se examinen las comunicaciones, que se evalúe la evidencia y que entonces se determine quién cumplió, quién tenía que actuar y qué ocurrió realmente”, aseguró el abogado.
Otra de las justificaciones que utilizó la AEE para cancelar el contrato está relacionada a la revocación de la aprobación obtenida de la JSF. La JSF se revocó a sí misma como consecuencia de la información obtenida mediante los medios de comunicación y reuniones con algunas las partes relacionadas con el tema.
La Junta no solicitó información adicional a Power Expectations, ni brindó la oportunidad de que la empresa planteara su defensa a los planteamientos realizados.
“El examen de lo que ocurrió dentro de los pasillos de la Junta de Supervisión Fiscal será más interesante. La Junta se revoca, luego de tener reuniones secretas con abogados del bufete de O´Neil & Borges que no tan solos son abogados de otra empresa implicada en este proyecto, sino también, son asesores legales de la Junta. Aquí hay que examinar si esa interferencia con un contrato se justifica en ley, si ese claro conflicto de interés es legal y si estas acciones motivaron a la junta a actuar sin haberle concedido a Power
Expectations las protecciones constitucionales de debido proceso¨, apuntó Freyre Medina.
La Prioridad es la Estabilidad del Sistema Eléctrico Para Power Expectations, la controversia tiene una dimensión que trasciende el litigio. Según se enfatizó, se trata de revertir los efectos de la cancelación injustificada y restablecer el proyecto de 400 megavatios que había sido objeto de un complicado proceso contractual, técnico y financiero dirigido a sustentar el sistema eléctrico de Puerto Rico. “Puerto Rico necesita la generación. Una vez pase este proceso y se restablezca el contrato, continuaremos con nuestro plan de instalar los 400 megavatios de generación en las facilidades de Aguirre”, señaló Freyre Medina.
Power Expectations sostiene que existen asuntos sustanciales de hecho y de derecho que justifican la intervención del Tribunal Federal y que cualquier determinación sobre un supuesto incumplimiento debe realizarse después de considerar el proceso completo que precedió la cancelación.
Se Acercan Más Reclamaciones Judiciales Power Expectations anunció además que se reserva expresamente todos los derechos y reclamaciones que puedan corresponderle como consecuencia de los acontecimientos relacionados con el contrato y su
cancelación.
“La compañía se encuentra evaluando la posibilidad de futuras reclamaciones que están disponibles bajo nuestro marco legal por los daños económicos y demás perjuicios causados como consecuencia de la clara interferencia ilícita con relaciones contractuales, las declaraciones difamatorias u otras actuaciones jurídicamente imputables a terceros y filtraciones de información confidencial protegidas por leyes federales”, sentenció el abogado.
Freyre Medina explicó que la prioridad del equipo de abogados es defender el proyecto y luego radicar las reclamaciones contra las personas y entidades responsable de actos no protegidos por la ley. El abogado recalcó que la compañía no adelantará públicamente conclusiones los análisis que realiza para imponer responsabilidad individual sobre los hechos que han trascendido.
Una vez presentado el recurso, la compañía no debatirá públicamente la evidencia, no responderá mediante comunicados a cada alegación que pueda surgir y no litigará el caso mediante entrevistas, redes sociales o intercambios mediáticos. Se aclaró que, los argumentos legales serán presentados por el equipo de abogados ante el Tribunal y la evidencia será incorporada al expediente judicial mediante los mecanismos correspondientes.
“Hasta aquí llegan nuestras expresiones sobre los méritos. El próximo escenario es el Tribunal Federal. Allí presentaremos nuestra evidencia y defenderemos nuestros derechos. A partir de la radicación, hablarán nuestros abogados, hablarán los documentos y hablará el expediente. “Los casos se deciden por los hechos, por la evidencia presentada y, consecuentemente, por la aplicación del derecho. No por titulares, no por narrativas y no por quién hable más fuerte. Esa es precisamente la razón por la que acudiremos al Tribunal Federal: que hablen los documentos, que se establezcan los hechos 1. Complainty que se aplique el derecho”, acotó el letrado.
