San Juan, Puerto Rico (2 de septiembre de 2026) – La Contralora de Puerto Rico, CPA y Lcda. Carmen Vega Fournier, reveló hoy una investigación que determinó que un exayudante especial del Municipio de Cabo Rojo inició una relación comercial con el propio Municipio antes de transcurrir dos años desde su renuncia, efectiva el 9 de agosto de 2019.
La investigación reveló que, el exempleado incorporó el 16 de septiembre de 2019 una entidad dedicada a trabajos de limpieza y construcción. Posteriormente, recibió directamente del Municipio un pago de $250 el 12 de agosto de 2020. Además, el exempleado, como presidente de su corporación, presentó una cotización para un trabajo de pintura y el Municipio pagó $16,000 a la corporación el 6 de abril de 2021.
La Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) concluyó que existe la posibilidad de que el exempleado y el alcalde relacionado con las transacciones examinadas hayan incurrido en violaciones de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). Esta ley establece restricciones para que los exservidores públicos intervengan o mantengan determinadas relaciones comerciales con la agencia para la cual trabajaron durante los dos años siguientes a la terminación de su empleo. La determinación final corresponde a la OEG.
La OCPR recomendó al director ejecutivo de la OEG considerar el referido remitido el 20 de abril de 2026, y adoptar las medidas que estime pertinentes, incluida la evaluación de posibles violaciones de leyes o reglamentos. También, recomendó al alcalde establecer controles para impedir que exempleados municipales inicien relaciones comerciales con el Municipio antes de que transcurra el período requerido por ley, de al menos dos años desde su desvinculación del servicio público.
La Contralora exhortó a los funcionarios y empleados municipales a fortalecer los controles de contratación y a promover una administración pública legal, transparente y ética.
El Informe de Investigación OC-27-29 está disponible en www.ocpr.gov.pr.
