SAN JUAN, Puerto Rico – Hoy se hizo público un pliego acusatorio que imputa a César P. Borges-Arroyo, Neftalí Borges-Gómez, Erison Delgado-Santos, Héctor Fulgencio-Cabrera y a Ganaderos Borges Inc. (GBI) cuatro infracciones a la Ley de Agua Limpia (*Clean Water Act*), así como conspiración para infringir dicha ley. Los cargos se relacionan con el vertido de contaminantes por parte de GBI en aguas de los Estados Unidos.
GBI es una corporación con sede en Naguabo, Puerto Rico, que opera un matadero y una planta de procesamiento de carne. Sus operaciones abarcan la recepción y el confinamiento de animales vivos para su sacrificio, el faenado (desangrado), el procesamiento inicial de los animales y las actividades necesarias para elaborar productos cárnicos listos para el consumo. Según el pliego acusatorio, los acusados conspiraron en beneficio de GBI para verter deliberadamente un contaminante —específicamente aguas residuales provenientes de la laguna de retención de desechos de la planta de procesamiento de carne— en aguas de los Estados Unidos sin haber obtenido el permiso requerido por la Ley de Agua Limpia.
“Sostenemos que esta planta procesadora de carne y al menos cuatro de sus empleados conspiraron para verter carne, sangre y heces de animales en un arroyo que desemboca en el océano y en una playa pública”, declaró Adam Gustafson, fiscal general adjunto principal de la División de Energía y Recursos Naturales (ENRD) del Departamento de Justicia. “La conducta aquí señalada sacrifica la salud pública en aras del beneficio económico y constituye un delito. El Departamento de Justicia hará que los infractores rindan cuentas”.
“GBI violó de manera reiterada e intencional la Ley de Agua Limpia al descargar desechos sin tratar en el mar Caribe, a la altura de Tropical Beach en Naguabo”, afirmó Héctor Ramírez Carbó, fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico. “Este proceso judicial envía el mensaje de que aquellos que infrinjan deliberadamente las leyes ambientales federales y pongan en peligro el medio ambiente y a las comunidades de Puerto Rico se enfrentarán a un proceso penal por delitos graves debido a su conducta ilegal”.
“Los acusados ignoraron deliberadamente la prohibición absoluta de realizar vertidos establecida en la Ley de Agua Limpia y, a sabiendas, arrojaron al mar Caribe —a escasas millas de reservas naturales, playas y una base militar— una mezcla repugnante de sangre y desechos animales, así como productos de limpieza. Vertidos ilegales como estos causan graves daños, poniendo en peligro la seguridad y la calidad del agua, la vida silvestre y la salud humana”, declaró Jeffrey A. Hall, administrador adjunto de la Oficina de Cumplimiento y Aseguramiento del Cumplimiento de la EPA. “La EPA se asegurará de que los contaminadores que perjudican a nuestras comunidades y aguas costeras rindan cuentas por sus actos”.
Desde agosto de 2018 y hasta al menos septiembre de 2025, el presidente de GBI, Borges-Arroyo, y el operador de GBI, Borges-Gómez, instruyeron a empleados —entre ellos Delgado-Santos y Fulgencio-Cabrera— para que vertieran residuos líquidos desde la laguna de retención de residuos de GBI hacia un arroyo adyacente. Para ello, utilizaban una bomba sumergible colocada en la laguna de retención y conectada a una manguera, con el fin de evitar costos anuales de millones de dólares asociados a la retirada de residuos.
GBI generaba residuos derivados de diversos procesos en sus instalaciones, tales como la recepción de animales, el sacrificio, el desollado, el despiece y la limpieza. Dichos residuos incluían sangre, pelo, tejidos y excrementos de animales, así como grasa, aguas residuales, desinfectantes y otros líquidos utilizados en las áreas de sacrificio y procesamiento de la planta. La mezcla de residuos fluía desde las instalaciones hacia una tubería de descarga que vertía el contenido en una laguna de retención situada en la esquina suroeste de la propiedad de GBI. El borde occidental de esta laguna colinda con un arroyo que recorre aproximadamente media milla hasta desembocar en el mar Caribe, a la altura de Tropical Beach en Naguabo, Puerto Rico.
GBI contaba con un permiso de tratamiento de aguas residuales que prohibía las descargas al exterior y exigía el traslado de los residuos líquidos desde las instalaciones hasta un centro de disposición final autorizado. En ningún momento estaba permitido verter residuos dentro del recinto ni en ningún otro cuerpo de agua. El permiso venció el 31 de julio de 2019, y la empresa continuó infringiendo la Ley de Agua Limpia (*Clean Water Act*) hasta, por lo menos, septiembre de 2025.
Para ocultar el vertido ilegal de residuos, los acusados escondían la bomba sumergible y la manguera cuando no estaban en uso, y proporcionaban declaraciones y documentos falsos o engañosos a las autoridades para encubrir las actividades ilícitas.
Está previsto que los acusados comparezcan ante el juez magistrado Héctor Ramos Vega, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, para sus respectivas audiencias iniciales. De ser condenados, se enfrentan a una pena máxima de cinco años de prisión y a multas de 250.000 dólares por cada cargo. GBI se enfrenta a una multa máxima de 500.000 dólares por cargo.
La División de Investigación Criminal de la EPA investigó el caso con la colaboración del FBI. Tanto la EPA como el FBI forman parte del Grupo de Trabajo sobre Delitos Ambientales de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
El abogado litigante sénior Patrick M. Duggan, de la Sección de Delitos Ambientales de la ENRD, y el fiscal federal adjunto Seth A. Erbe, del Distrito de Puerto Rico, están a cargo de la acusación en este caso.
Reporte posibles infracciones de las leyes y normativas ambientales en epa.gov/tips. Puede enviar información de manera anónima si no desea identificarse.
