(El Capitolio – 9 de julio de 2026) – Los miembros de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) favorecieron que se introduzcan enmiendas a la Ley 118 del 1974, que crea este organismo, así como disposiciones relacionadas con el cumplimiento de sentencia en la libre comunidad, con el fin de lograr un balance entre la rehabilitación y la seguridad de la ciudadanía.
Entre los puntos abordados durante el interrogatorio realizado por los miembros de la Comisión de lo Jurídico, presidida por el representante José “Che” Pérez Cordero, se resaltó que la JLBP, organismo cuasi judicial encargado de evaluar las solicitudes para extinguir penas en la libre comunidad, no cuenta con personal de apoyo especializado para analizar los expedientes sometidos a su consideración.
El presidente de la JLBP, Lcdo. Samuel González Rosas, indicó que “entiendo que, si pudiéramos tener algún técnico social que nos diera atención directamente a nosotros, alguna ayuda o asistencia en la línea psicológica y si es posible psiquiátrica, eso sería de gran utilidad para que pudieran asistirnos en sacar los perfiles psicológicos y mentales de estas personas, dada la magnitud de la complejidad de lo que está aconteciendo en este caso”.
González Rosas se refirió al caso ocurrido recientemente, cuando fue arrestado Carlos Estefano Pino -quien cumplía su sentencia en la libre comunidad bajo un certificado de libertad bajo palabra desde el 2018, por un caso de asesinato. Pino ha sido señalado como persona de interés en el asesinato de la enfermera Jennifer Torres Castro en Caguas.
Según la información vertida por los medios de comunicación, Pino ha sido acusado y encarcelado en varias ocasiones por delitos como asesinato, violación y agresión sexual y se le ha concedido el privilegio de libertad bajo palabra en dos ocasiones.
El presidente de la JLBP narró que cuando llegó este expediente lo estudiaron inmediatamente y se determinó su arresto ya que había violado los términos de su libertad, cuando no pernoctó en su hogar por tres noches, además de no haberse comunicado con su técnico socio penal y estar involucrado en el caso de feminicidio.
González Rosas explicó que en cuanto al trámite de la revocación, se celebró la vista sumaria inicial, “el señor declaró, los sociales declararon, y entiendo que la recomendación que viene es que se va a encontrar causa y se va a señalar para la vista final”.
También especificó que, durante el proceso para conceder libertad bajo palabra, la petición es enviada de forma automática por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), cinco meses antes de que el confinado cumpla el mínimo para aspirar al privilegio. Al llegar el expediente, cada miembro de la JLBP lo estudia de forma individual y votan a favor o en contra de conceder la libertad, solo si no hay unanimidad, es que se reúnen en panel.
Según González Rosas, este personal se uniría a los 39 empleados que laboran en la entidad, la cual tiene tan solo ocho oficiales examinadores a cargo de los informes que se realizan para el trámite de libertad bajo palabra. En lo que va de año, 518 casos han sido referidos por parte del DCR.
Esta división es dirigida por el Lcdo. José García, quien a preguntas del representante Gabriel Rodriguez Aguiló, puntualizó la necesidad de mayor personal, ya que actualmente también bajo el programa se atienden a 577 personas que gozan de libertad bajo palabra.
Otra de las necesidades es tener una unidad estadística para evaluar los niveles de cumplimiento o reincidencia de los confinados, según el presidente de la JLBP.
Ante ello, el representante Denis Márquez Lebrón, le planteó la posibilidad de lograr un acuerdo colaborativo con el Instituto de Estadísticas, lo que recibió el visto bueno de González Rosas, quien aseguró que estudiará la propuesta.
Por su parte, la Dra. Karla De Jesús, integrante de la JLBP, quien ha laborado en el servicio público por 30 años como psicóloga, sostuvo que debe enmendarse el reglamento 9684-2025 para que las vistas de seguimiento se celebren una vez al año, en lugar de al menos dos veces anualmente, como dispone actualmente.
“Hemos conversado y discutido distintas enmiendas para atemperar e incluir en el reglamento”, dijo la psicóloga.
De Jesús añadió que “soy una fiel creyente de la rehabilitación, si creo en los procesos de cambios, si se ofrecen los tratamientos dirigidos a tratar la problemática o trastorno que esté presentando ese individuo en este caso dentro de la institución penal”.
“Entiendo que se deben revaluar todos los programas dentro del sistema correccional para verificar la efectividad de estos y como cumplen dependiendo de la situación de salud mental que este presentando cada confinado”, recomendó De Jesús.
“Yo creo en la rehabilitación yo he visto muchas personas que se han rehabilitado gente que conozco personal y actualmente, son gente de bienestar para nuestra sociedad”, expresó la deponente.
Mientras que Ángel Rosendo Martínez, también miembro asociado, opinó que “los reglamentos al igual que las leyes siempre tienen espacio para mejorar y esta ley es una del 1974. Es una ley que deberíamos considerar varias razones para verificarla y estamos en la disposición para hacer lo propio”.
A su vez, Carlos Tavárez, otro de los miembros asociado de la JLBP y quien por 27 años fue agente del orden público, coincidió que esta ley necesita enmiendas. A su vez, afirmó que cree en el proceso de rehabilitación, ya que ha sido “testigo de primera mano de personas que han logrado cambiar su vida y convertirse en ciudadanos de provecho”.
Durante su turno de preguntas, el representante Ramón Torres Cruz, solicitó que en una próxima vista se cite al secretario del DCR, Lcdo. Francisco Antonio Quiñones, así como miembros de la Sociedad para la Asistencia Legal y abogados de la práctica privada que litigan casos ante la JLBP. “Estas personas son las que viven día a día lo que se pasa en la JLBP, que solamente emite mandatos de liberación, pero quien supervisa Corrección con sus oficiales y sus técnicos socio penales”, aseguró el legislador.
Asimismo, funcionarios del DCR concurrieron en la necesidad de implementar protocolos especializados para atender casos de violencia de género y reclutar cerca de un centenar de empleados en puestos esenciales para poder atender las necesidades de la población correccional.
De acuerdo con Madeline González, secretaria auxiliar de la Secretaría de Programas y Servicios, el DCR requiere la contratación de aproximadamente 94 técnicos socio penales y por lo menos, 15 psicólogos adicionales para apoyar los programas de rehabilitación como “Aprendiendo a Vivir sin Violencia”.
“Los casos de violencia de género tienen unos técnicos socio penales que atienden exclusivamente lo que son la violencia de género, y ese grupo está capacitado. Pero sí necesitamos mejorar los protocolos, mejorar los servicios y también la cuestión del reclutamiento”, indicó González a preguntas de la representante Adriana Gutiérrez Colón.
González aseguró que solicitó los fondos en el nuevo presupuesto del DCR para iniciar el reclutamiento de los técnicos socio penales y espera completarlo en los próximos meses.
Sin embargo, la representante Gutiérrez Colón sostuvo que también es fundamental emplear a personal especializado en el manejo de casos de violencia de género a raíz de la Ley 449-2000, que reconoce que este tipo de violencia requiere una atención distinta.
“Sabemos qué es lo que nos trae a esta vista, y es un caso de feminicidio. Parecen existir unas lagunas o una falta de esos protocolos especializados para atender los casos particulares de las distintas manifestaciones de la violencia de género”, opinó la legisladora.
Por otro lado, el representante Pérez Cordero aseguró que la situación de feminicidio “es algo, que por más legislación que tenemos, por más fuertes que son nuestras leyes, que lo son, si las comparamos con otras jurisdicciones, vemos que esto sigue siendo recurrente, lo que me da a pensar que más allá, esto es algo que es intrínseco en nuestra conducta social, en nuestra propia cultura por lo que tenemos que ir rompiendo con ese círculo”.
“Nos toca a todos como sociedad como funcionarios públicos trabajarlo desde la parte más trillada, pero que a la vez más importante y que suele ser más complicada y es educar”, añadió el legislador.
“Es promover que nosotros cambiemos y ustedes lo mencionaron siempre hay oportunidad para cambiar. No creo en ese refrán de palo que nace dobla’ o, eso no siempre opera, creo que no, y tenemos que ser optimistas y por eso es que creo en la rehabilitación también y por eso es que los padres de la Constitución nuestra lo pusieron ahí como un deber del Estado. Pero, como dije al principio; esto no puede tomarse desde la ingenuidad porque entonces le fallamos a ese principio de rehabilitación, le fallamos a lo más importante que es promover la justicia y garantizar la seguridad de nuestra sociedad y ese es el contrato que nosotros tenemos con el pueblo”, dijo el representante Pérez Cordero.
“Hay asuntos que del saque hay que elevarlo a rango de ley y tenemos que organizar esta ley; sé que el presidente de la Cámara tiene la intención de revisar esto; lo hemos dialogado y lo seguiremos dialogando y entiendo el rol importante de mantener comunicación efectiva con las partes involucradas en todo esto. Buscamos saber en qué área podemos mejorar”, finalizó el legislador.
El Departamento de Justicia se excusó de comparecer a la vista pública.
Durante los trabajos, también participó la representante Lisie Burgos Muñiz, quien planteó la necesidad de evaluar la aplicación del privilegio de libertad bajo palabra en casos de asesinato en los que la víctima también fue agredida sexualmente.
