(El Capitolio – 2 de julio de 2026) – La Comisión de Transportación e Infraestructura, presidida por el representante José “Cheo” Hernández Concepción, inició hoy el análisis de un paquete de piezas legislativas dirigidas a que el Gobierno regule la utilización de los espacios adyacentes a las carreteras por pequeños comerciantes.
Las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 358, 363 y 366, también buscan ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y a los municipios de Puerto Rico, que se establezca de manera coordinada tanto un marco regulatorio para esta actividad, como un plan interagencial de orientación, asistencia y reubicación para los comerciantes de negocios ambulantes que cuentan con patentes municipales vigentes, pero que ubican en las servidumbres de paso estatales.
Asimismo, tienen la intención de decretar una moratoria en los desalojos y multas, que fueron determinadas por el DTOP el pasado mes de mayo, lo que causó una oleada de protestas entre los comerciantes ubicados a las orillas de las vías.
El ingeniero Edwin González Montalvo, secretario del DTOP, manifestó durante su participación en la vista pública que “reconoce y valora intención de la Asamblea Legislativa al promover estas medidas las cuales buscan salvaguardar el sustento diario de familias puertorriqueñas que, a través de sus negocios ambulantes, generan ingresos a través de la venta de productos agrícolas, artesanías y alimentos”.
“No obstante, el departamento ha identificado un número considerable de estos negocios ambulantes o microempresa- que se encuentran ubicados en los márgenes de carreteras estatales, avenidas, vías, marginales y paseos- que podrían comprometer la seguridad vial”, dijo González Montalvo, a quien le fue requerido una lista de estos negocios en 15 días laborales.
“La ubicación inadecuada de estas estructuras, vehículos o actividades comerciales representan un riesgo para la seguridad vial. Al constituir un elemento de distracción para los conductores en algunos casos, limitan la visibilidad de rotulación oficial, obstaculizan la circulación del tránsito y en determinadas circunstancias, se pueden convertir un obstáculo que dificulta las labores de emergencia y mantenimiento de la infraestructura vial. En ocasiones, han causado daños a valla de seguridad, letreros y taludes causando debilitamiento del terreno”, añadió el deponente.
Incluso, mencionó que, según un informe emitido por la Comisión de Seguridad en el Tránsito, se han registrado desde el 2019 al 2026, 359 choques contra este tipo de negocios, de los cuales 62 fueron contra el puesto, el vendedor o clientes.
De estos 62 incidentes, 59 fueron causados por vehículos de conductores que impactaron a la estructura o los clientes y tres en el que el auto del mismo dueño del negocio colisionó con el negocio. En este grupo se registraron dos fatalidades y 27 heridos. El resto de los 297 choques se registraron en el área de operación a la orilla de la carretera.
González Montalvo sostuvo que “ante esta realidad, la medida persigue establecer un balance adecuado entre la protección de la actividad de los pequeños comerciantes que operan sus negocios ambulantes y la responsabilidad del Estado de garantizar la vida y seguridad de los conductores, peatones y demás usuarios de las vías públicas”.
Esto, a pesar de que el Reglamento 6172, del 28 de junio de 2000, prohíbe expresamente la ubicación de estos vendedores en las vías estatales. Ello contrasta con lo que establece el Código Municipal del 2020, que confiere a los municipios la facultad de reglamentar la ubicación y operación de negocios ambulantes dentro de sus respectivas jurisdicciones cuando se le expide al comerciante un certificado de patente municipal.
A preguntas del representante Hernández Concepción, el funcionario recomendó ordenar a los municipios, antes de expedir un permiso a un comerciante ambulante, consultar con la agencia que es la entidad con el mandato de ley en el tema de las carreteras estatales.
En el interín, luego de la orden emitida por la Gobernadora, para paralizar el desalojo de los negocios ubicados en la PR-100 y la PR-129, ya que se llevan a cabo trabajos para el mejoramiento de estas vías, el DTOP ha comenzado una revisión del reglamento para ser atemperado a la realidad actual.
El secretario señaló que en este ejercicio de revisión es necesaria “la colaboración interagencial del DTOP con la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) en conjunto con la Federación y Asociación de Alcaldes para que las ordenanzas municipales estén en sintonía con los estándares y parámetros de seguridad de ambas entidades”.
