San Juan, Puerto Rico – (22 de junio de 2026) La Contralora de Puerto Rico, Lcda. y CPA Carmen Vega Fournier, informó hoy los resultados de una auditoría de cumplimiento realizada al Municipio de San Germán, la cual reveló múltiples deficiencias relacionadas con pagos indebidos, procesos de contratación, manejo administrativo y cumplimiento de requisitos en nombramientos municipales.
La auditoría cubrió el período del 1 de julio de 2021 al 31 de diciembre de 2024 y concluyó con una opinión cualificada debido a cinco hallazgos relacionados con las operaciones fiscales y administrativas del Municipio.
“Los municipios administran recursos públicos esenciales para el funcionamiento de las comunidades. Por ello, es indispensable que sus operaciones fiscales, administrativas y de recursos humanos se conduzcan con estricto cumplimiento de ley, transparencia y controles internos efectivos”, expresó la contralora Vega Fournier.
El informe detalla que las pruebas realizadas por la Oficina de la Contralora reflejaron incumplimientos relacionados con pagos indebidos por licencias acumuladas de enfermedad, formalización de un contrato sin las fianzas requeridas, atrasos en auditorías financieras, deficiencias con las actas de la Junta de Subastas y nombramientos de un un funcionario y un empleado que no cumplían con los requisitos mínimos establecidos por ley.
Uno de los principales hallazgos identificados corresponde al pago indebido de licencias acumuladas de enfermedad a exempleados y exfuncionarios municipales.
La auditoría reveló que, entre enero de 2021 y noviembre de 2024, el Municipio desembolsó aproximadamente $876,629 por concepto de liquidaciones de licencias acumuladas de vacaciones y enfermedad a 182 exservidores públicos. Como parte del examen, la Oficina de la Contralora evaluó 20 pagos por $24,864 y determinó que el Municipio pagó, sin facultad legal, 237 días de licencia de enfermedad acumulados en exceso del límite de 90 días permitido por ley.
Según el informe, estos desembolsos indebidos ocasionaron pagos por $24,864 que pudieron haberse utilizado para atender otras necesidades municipales. La auditoría atribuyó la situación, entre otras cosas, a que funcionarios de Recursos Humanos se apartaron de las disposiciones del Código Municipal y de sus deberes administrativos.
En sus comentarios, el alcalde sostuvo que algunas de las liquidaciones fueron autorizadas por la pasada administración y argumentó que el Municipio se amparó en una ordenanza municipal que autorizaba pagos relacionados con excesos de licencias de enfermedad. No obstante, la Oficina de la Contralora determinó que el hallazgo prevalece, ya que el Código Municipal permite el pago de excesos de vacaciones acumuladas, pero no de enfermedad en exceso de 90 días al momento de la separación del servicio.
Otro de los señalamientos importantes de la auditoría fue la formalización de un contrato de $1 millón para trabajos de revestimiento asfáltico y escarificación de superficies sin obtener las fianzas de cumplimiento del contrato y de pago de mano de obra, equipo y materiales.
La auditoría determinó que ni los funcionarios municipales ni el contratista pudieron suministrar evidencia de las fianzas requeridas para garantizar el cumplimiento contractual. Según el informe, esta situación privó al Municipio de las garantías necesarias ante posibles incumplimientos relacionados con el proyecto.
En sus comentarios, el alcalde indicó que se trató de un error involuntario y señaló que como medida correctiva se implementó un proceso para requerir y corroborar todos los documentos y garantías antes de formalizar contratos futuros.
La Oficina de la Contralora también identificó deficiencias relacionadas con la contratación de servicios de auditoría de los estados financieros del Municipio y atrasos en la entrega de informes requeridos por reglamentación federal.
El informe señala que cuatro contratos para auditorías externas fueron otorgados entre 13 y 146 días después de las fechas establecidas por ley. Además, el estado financiero auditado correspondiente al año fiscal 2021-22 fue remitido con 90 días de atraso a la Federal Audit Clearinghouse (FAC).
La auditoría concluyó que estas situaciones pueden afectar la disponibilidad de información financiera actualizada para la toma de decisiones y potencialmente impactar la asignación de fondos federales al Municipio.
En respuesta, el alcalde argumentó que los atrasos estuvieron relacionados con las extensiones federales otorgadas tras el impacto del huracán Fiona. Sin embargo, la Oficina de la Contralora sostuvo que el hallazgo prevalece debido a que él informe auditado fue entregado fuera del terminó concedido.
Otro hallazgo relevante corresponde a deficiencias en las actas de la Junta de Subastas.
La auditoría reveló que, de 77 reuniones celebradas por la Junta entre mayo de 2022 y julio de 2024, las actas de 39 reuniones no habían sido transcritas al momento del examen realizado por los auditores.
La Oficina de la Contralora señalo que esta situación impide mantener registros completos y confiables sobre las decisiones y adjudicaciones de la Junta, además, de dificultar la encuadernación oficial de las actas en forma de libro conforme a ley.
En sus comentarios, la gerencia indicó que culminó el proceso de transcripción y encuadernación correspondiente al año fiscal 2022-2023 y que continuaba trabajando con las actas del año fiscal 2023-2024.
Asimismo, la auditoría identificó irregularidades en nombramientos dentro de la Policía Municipal.
El informe señala que un funcionario nombrado como comisionado de la Policía Municipal y un empleado nombrado como inspector no cumplían con los requisitos académicos y de experiencia establecidos en ley y en los planes de clasificación municipales.
En uno de los casos, el funcionario recibió más de $90,000 entre salarios y diferenciales de sueldo durante el período examinado.
El alcalde defendió el nombramiento del comisionado argumentando que su experiencia como vigilante del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y su entrenamiento en la Academia de la Policía de Puerto Rico cumplan con los requisitos alternos establecidos por ley. Sin embargo, la Oficina de la Contralora determinó que el hallazgo prevalece, al concluir que la definición legal de “oficial” no incluía el puesto de vigilante del DRNA y que el funcionario no cumplía con los requisitos requeridos para
el cargo.
Como resultado de los hallazgos, la Oficina de la Contralora emitió múltiples recomendaciones dirigidas al alcalde, al presidente de la Legislatura Municipal y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Entre estas se incluyen el recobro de los pagos indebidos, fortalecer los procesos de contratación, garantizar la contratación oportuna de auditores externos, cumplir con los términos federales de entrega de auditorías y evaluar adecuadamente los requisitos de los funcionarios y empleados municipales antes de sus nombramientos.
“El cumplimiento con los controles fiscales, los procesos de contratación y los requisitos de recursos humanos no puede verse como un mero trámite administrativo.
Son mecanismos fundamentales para proteger el interés público, garantizar la sana administración gubernamental y fortalecer la confianza ciudadana”, añadió la contralora.
El Municipio de San German operó con presupuestos del Fondo General que fluctuaron entre aproximadamente $13.5 millones y $14.5 millones durante los años fiscales auditados. Además, sus estados financieros reflejaron superávits acumulados en los años examinados.
“La responsabilidad fiscal y administrativa requiere supervisión continua, cumplimiento estricto de ley y una cultura institucional orientada a la transparencia y la rendición de cuentas”, concluyó Vega Fournier.
El informe completo está disponible en www.ocpr.gov.pr.
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