Agradecemos siempre a la Oficina de la Contralora de Puerto Rico por la continua fiscalización que realizan en nuestras oficinas.
Cada dos años la Oficina de la Contralora, tiene el deber de auditar uno de los programas de donación federal que la ASG administra. Este programa es el encargado de tramitar la donación de propiedad federal a municipios, agencia, organizaciones sin fines de lucro, entre otros, que así lo necesiten. Auditorías previas bajo la nueva reorganización de la ASG han concluido con informes positivos, incluyendo las auditorías federales del programa.
Sin embargo, el señalamiento que trae el auditor sobre la propiedad donada, en el que indica, que el participante no estaba activo luego de recibir la propiedad induce an error. El auditor omitió, que al momento de solicitar la propiedad el participante, en este caso un municipio, estaba elegible. Por tal razón, podía recibir la propiedad sujeto a su inspección. No obstante, la totalidad de nuestra respuesta que fue sometida con la evidencia, no formó parte del informe.
Por otra parte, la junta del programa de Propiedad Excedente, se mantuvo activa. Evidencia de ello es, la implementación de sistemas tecnológicos como Propex para el manejo eficiente de la propiedad, reglamentación vigente y aprobada por GSA Federal tan reciente como el 2024. Cabe señalar que la Ley 73-2019, según enmendada no exige dichas reuniones. Pero el auditor entendió en su interpretación legal que la Ley 28-1979, no está derogada por la Ley 73-2019. Interpretación que ciertamente no compartimos. Por lo tanto, este señalamiento es producto de una visión del auditor y no una falta a la Ley 73-2019, según enmendada.
Ante la nueva dirección de la Oficina de la Contralora, nos mantenemos en conversaciones para promover iniciativas de educación continua y seguir en cumplimento en beneficio de la buena administración pública.
