La intervención reveló ausencia de contratos de arrendamiento con entidades públicas, con y sin fines de lucro y más de $300 mil en costos cuestionados
(San Juan, Puerto Rico)- Un examen de la Oficina del Inspector General (OIG) de Puerto Rico identificó deficiencias en los arrendamientos y recaudos de ingresos en propiedades públicas administradas por la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), las que incluyen la ausencia de contratos de arrendamiento vigentes que ha generado ingresos dejados de percibir ascendentes a $258,578.28.
La intervención también clasificó $322,087.12 en costos cuestionados correspondientes al pago del servicio de agua potable y consumo eléctrico de estructuras que permanecen cerradas. El informe de examen reveló que como parte de la muestra evaluada, en cuatro casos relacionados al proceso de arrendamiento de estructuras públicas a entidades privadas, con y sin fines de lucro, no se formalizó un contrato para regular las operaciones.
Según el examen, el primer caso correspondió a una institución educativa instalada en un plantel escolar del gobierno, que se ha mantenido desde 2023 operando sin un contrato formalizado. Como resultado, la AEP dejó de recibir ingresos por concepto de arrendamiento que ascienden aproximadamente a $145,989.48, que corresponderían al uso continuo de las facilidades entre el 16 de septiembre de 2023 y el 30 de junio de 2025.
Asimismo, se identificó un operador de estacionamiento ubicado en un edificio público intervenido por la OIG que operaba sin un contrato formalizado desde 2017. En este caso, a partir del vencimiento del último contrato el 9 de abril de 2017, la organización continuó operando el estacionamiento ubicado en el Complejo Gubernamental Roberto Sánchez Vilella en San Juan, realizando pagos mensuales de arrendamiento que totalizaron $389,500. Sin embargo, el examen identificó que dichos pagos tomaron como referencia el último canon de arrendamiento vigente bajo contrato en 2017.
En particular, el informe resaltó que 57 pagos fueron realizados por $3,500, monto inferior a los $5,000 y $3,750 desembolsados en meses anteriores. Esta reducción respondió a un ajuste aplicado unilateralmente por el propio Concesionario, lo que resultó en un importe total dejado de recibir de $100,500. De igual forma, se identificó al Concesionario 4, que operó sin un contrato válido por al menos diez meses, lo que permitió que AEP dejara de recibir ingresos por un monto aproximado de $12,088.80.
Al mismo tiempo, la OIG resaltó que, de 19 contratos evaluados en la AEP, se identificaron contratos sin registrar o registrados de forma tardía ante la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR). En particular, dos contratos permanecían sin registrar ante la OCPR. De igual forma, se determinó que al menos 12 contratos fueron registrados ante la OCPR entre 75 y 277 días posteriores a la fecha de otorgamiento. Por otra parte, en los contratos evaluados se identificó la omisión de cláusulas mandatorias y la ausencia de documentación necesaria en los expedientes de contratos de arrendamiento.
Por otra parte, la OIG identificó deficiencias en la AEP sobre el control, registro y mantenimiento preventivos de propiedad inmuebles cerradas. La intervención destacó discrepancias significativas en el Registro de Propiedades Cerradas, luego de examinar una muestra de 16 propiedades incluidas en el mencionado registro. Entre los hallazgos, el examen destacó tres propiedades visitadas por la agencia fiscalizadora que se encontraban ocupadas mientras mantenían el estatus de cerradas. Estas propiedades fueron escuelas identificadas en los municipios de Dorado, Yabucoa y Bayamón.
Asimismo, el Área de Bienes Raíces de la AEP reportó a la OIG la existencia de 66 propiedades cerradas, mientras que el Área de Conservación y Mantenimiento reportó 56. El informe señaló que las deficiencias identificadas dificultan conocer con certeza cuáles de las estructuras están disponibles para arrendamiento y las condiciones en que se encuentran. En relación con el estado de las estructuras cerradas, las visitas de observación realizadas por la OIG revelaron instalaciones en deterioro significativo, vehículos abandonados, acumulación de desperdicios y una fuga de agua activa en una de las estructuras inspeccionadas.
Por otro lado, los informes de consumo energético correspondientes a dos propiedades intervenidas, certificados por la AEP y provistos para los años fiscales 2022-2023, 2023-2024 y 2024-2025, reflejaron consumo de servicio eléctrico en las propiedades cerradas por un total de $266,070. De igual forma, en cuatro propiedades, las facturas de agua reflejaron consumo correspondiente a los mismos años fiscales, por un total de $56,017.12.
El examen, que cubrió el período comprendido entre el 1 de julio de 2022 y el 22 de enero de 2026, también evaluó una reorganización administrativa implementada por la AEP e identificó vacíos operacionales en el manejo de los arrendamientos. En particular, el examen resaltó que la creación del Área de Bienes Raíces no estuvo acompañada de los recursos humanos necesarios para asumir sus funciones. Esta situación provocó que parte de las responsabilidades relacionadas con arrendamientos fueran atendidas por la Oficina de Servicios Legales.
Como resultado de la intervención, la OIG emitió diversas recomendaciones dirigidas a fortalecer los controles internos de la AEP, regularizar la situación de concesionarios que operan sin contratos vigentes, mejorar los procesos de cobro y facturación, completar la estructura organizacional relacionada con la administración de propiedades, desarrollar un programa formal de mantenimiento preventivo, actualizar la reglamentación institucional y cumplir con los requisitos legales de planificación estratégica y rendición de cuentas.
Conforme al Artículo 17 de la Ley Núm. 15-2017, según enmendada, la OIG remitió el informe a la autoridad nominadora para la implantación de las medidas correctivas correspondientes y continuará dando seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas. La OIG exhorta a la ciudadanía a denunciar irregularidades relacionadas con el uso de fondos y propiedad pública a través de la línea confidencial (787) 679-7979, el correo electrónico informa@oig.pr.gov y la página web oig.pr.gov/informa.
