“Establecer un reglamento uniforme relacionado con la operación de los negocios ambulantes es necesario para evitar situaciones que impidan la operación de estos comercios mientras se garantiza la seguridad vial”. Con estas expresiones la representante del Distrito 27, Estrella Martínez Soto, urgió al personal del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), la creación y establecimiento de un marco jurídico que atienda las lagunas existentes en la actual legislación. Por ello hizo un llamado al secretario del DTOP, Edwin González, a que en conjunto con los gremios que acogen a los alcaldes del país iniciar un diálogo para lograr acuerdos que permitan la operación de dichos negocios.
“Los negocios ambulantes además de ser el sustento para miles de familias también aportan al intercambio de bienes y servicios. La falta de un reglamento uniforme provoca situaciones que ponen en riesgo la continuidad de los servicios y peor aún limita la imposición de responsabilidades. Estas y otras situaciones pueden ser resueltas con el establecimiento de un reglamento que atienda las necesidades tanto del DTOP, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) así como las necesidades de los municipios”, expresó la legisladora de Aibonito, Coamo, Santa Isabel y Juana Díaz.
“En el caso del distrito que represento durante años la falta del reglamento para la operación de negocios ambulantes crea confusión e incertidumbre entre los dueños de este tipo de comercios. Ante esta realidad, resulta necesario establecer un balance adecuado entre la reglamentación y uniformidad de los vendedores ambulantes y pequeños comerciantes que operan en áreas cercanas a las carreteras estatales, y la obligación gubernamental de garantizar la seguridad vial de la ciudadanía”, precisó Martínez Soto. “La política pública debe procurar la protección de la vida y la propiedad sin menoscabar injustificadamente oportunidades económicas que representan el sustento de numerosas familias puertorriqueñas”.
La representante reafirmó su postura sobre la urgencia de atender las lagunas existentes “ e iniciar un plan de acción concreto que incluya, la comunicación con los alcaldes, orientación a los comerciantes y el establecimiento de un nuevo reglamento”. Martínez Soto esbozó estas y otras preocupaciones a través de la Resolución Concurrente de la Cámara 358, de su autoría. La misma fue radicada y se encuentra en medio del trámite legislativo.
