FMPR y UNETE exigen información inmediata sobre los $90 millones adeudados por Carrera Magisterial

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San Juan, Puerto Rico – 2 de junio de 2026 – Las organizaciones magisteriales solicitaron una explicación detallada sobre el estatus de los

“Nos preocupa profundamente que miles de docentes vuelvan a quedar sin recibir el pago que legítimamente les corresponde. El Departamento de Educación nos ha informado que este pago no está contemplado para el próximo año fiscal porque la solicitud de fondos fue presentada este año ante la OGP. Esa respuesta resulta inaceptable cuando existe una obligación legal clara de identificar esos recursos”, expresaron Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la FMPR, y Liza Fournier Córdova, presidenta de UNETE.

Las organizaciones recordaron que la Ley Núm. 9 de 2022 responsabilizó expresamente al Departamento de Educación, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) de identificar los fondos necesarios para cumplir con el pago de Carrera Magisterial durante el año fiscal 2024-2025.

“Actualmente nos encontramos en el año fiscal 2025-2026. Ha transcurrido más de un año desde que las agencias responsables debieron cumplir con el mandato de ley y todavía los maestros y maestras continúan esperando por un dinero que les pertenece”, señalaron.

La FMPR y UNETE exigieron conocer cuáles han sido las gestiones concretas realizadas por la OGP, el Departamento de Educación y la AAFAF para cumplir con la Ley 9-2022, si los fondos ya fueron identificados y reservados, y cuál es la fecha prevista para efectuar el pago de la deuda.

Las organizaciones otorgaron un término de diez días laborables para recibir una respuesta oficial y reiteraron su solicitud de una reunión urgente con los funcionarios responsables.

Asimismo, advirtieron que, de persistir el incumplimiento de la ley o de no recibirse la información solicitada en un término razonable, ambas organizaciones evaluarán y tomarán todas las medidas administrativas, legales y de otra naturaleza que resulten necesarias para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente y la protección de los derechos del magisterio.

“Los maestros y maestras han esperado demasiado tiempo. El Gobierno tiene la obligación legal y moral de cumplir con esta deuda y de informar con transparencia dónde están los fondos y cuándo se realizará el pago”, concluyeron las líderes magisteriales.

 

 

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