(SAN JUAN – sábado, 9 de mayo de 2025) El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Jorge ‘Georgie’ González Otero, informó que está abogando ante Chris Wright, secretario del Departamento de Energía de los Estados Unidos, con relación a la cancelación de unos $700 millones en adjudicaciones del Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (PR-ERF). “Son miles las familias puertorriqueñas que pueden beneficiarse de estos fondos, y estamos en la dinámica de solicitar formalmente una reconsideración”, señaló.
Como presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, el también alcalde de Jayuya representa el 52% de los alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico. “En representación de ellos, y de los cientos de miles de residentes a quienes servimos, expresamos nuestra profunda preocupación ante las recientes decisiones del Departamento de Energía de cancelar más de setecientos millones ($700,000,000) en adjudicaciones bajo el Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (PR-ERF), incluyendo aproximadamente $365 millones cancelados el 30 de septiembre de 2025 y otros $350 millones cancelados el 9 de enero de 2026. De las aproximadamente doce mil (12,000) familias aprobadas que quedaron sin sus sistemas solares y baterías debido a la terminación del programa el 9 de enero de 2026, una gran mayoría reside en municipios representados por nuestra Asociación, señala González Otero en la misiva.
El documento expone además que los alcaldes son los primeros respondedores y, con frecuencia, el primer y último punto de contacto para esas familias. Desde esa realidad, es que viene la solicitud para que el Departamento de Energía reconsidere su decisión. El Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (PR-ERF) fue establecido por el Congreso Federal mediante la Ley Pública 117-328, conocida como la ‘Ley Consolidada de Asignaciones de 2023’, la cual autorizó mil millones de dólares ($1,000 millones) para actividades dirigidas a fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico de Puerto Rico, incluyendo subvenciones para hogares de ingresos bajos y moderados y hogares con personas con discapacidades para la compra e instalación de energía renovable, almacenamiento energético y otras tecnologías de red.
“Dicho lenguaje legislativo fue es aspiracional, constituye una directriz clara del Congreso Federal respecto a quiénes debían beneficiarse. Durante casi tres años, la Oficina de Despliegue de Redes del Departamento de Energía, en coordinación con municipios afectados, organizaciones comunitarias y aliados federales, diseñó e implementó dos programas principales que lograron resultados tangibles, incluyendo la instalación de seis mil (6,000) sistemas residenciales solares y de baterías en hogares vulnerables alrededor de Puerto Rico, además de otras doce mil (12,000) familias identificadas, evaluadas y aprobadas que esperaban la instalación de sus sistemas al momento de la cancelación”, añadió el líder municipalista.
La cancelación de aproximadamente setecientos millones de dólares ($700 millones) en fondos obligados del PR-ERF y la redirección de esos recursos hacia actividades de estabilización de la red administradas por la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), “plantea serias interrogantes que los municipios afectados solicitan atender. Primero, nos preocupa que esta reasignación se aparte del texto y propósito expreso de la Ley Pública 117-328. La ley identifica poblaciones beneficiarias específicas, particularmente hogares de ingresos bajos y moderados y hogares con personas con discapacidades. Reasignar esos fondos a proyectos generales de transmisión, distribución o generación centralizada, aunque puedan ser necesarios, no atiende directamente a las familias que el Congreso buscó beneficiar”, expuso González Otero.
La realidad prevaleciente es que Puerto Rico mantiene una tasa de pobreza de 39.6%, más de tres veces la tasa de 12.5% de Estados Unidos, según el Censo Federal. Muchas de las familias afectadas dependen de medicamentos refrigerados, ventiladores, concentradores de oxígeno y máquinas de diálisis, y durante emergencias son nuestras oficinas municipales las primeras en responder. 
“Segundo, señalamos que más de seis mil (6,000) sistemas residenciales solares y de almacenamiento ya habían sido instalados antes de la terminación del programa, y que los sub recipientes habían contratado personal, adquirido equipos, coordinado inspecciones y asumido compromisos con miles de familias en confianza legítima de los acuerdos firmados con el Departamento. Tercero, nos preocupa la ausencia de información pública específica sobre los proyectos a los cuales serán dirigidos los fondos reasignados. Las comunicaciones del Departamento y las expresiones públicas de PREPA, LUMA y Genera han ofrecido únicamente descripciones generales. Los municipios no pueden planificar ni coordinar adecuadamente sus capacidades de respuesta a emergencias sin conocer el destino preciso de esos recursos”, argumenta el líder municipalista.
“Cuarto, observamos que varias de las actividades identificadas para utilizar los fondos redirigidos, incluyendo manejo de vegetación alrededor de líneas de transmisión, reparación de plantas de gas metano y petróleo, y modernización de infraestructura de la red, ya forman parte de categorías de trabajo para las cuales la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) ha obligado más de nueve mil millones de dólares ($9,000 millones) específicamente para el sistema eléctrico de Puerto Rico. El uso de fondos PR-ERF para actividades ya cubiertas bajo los programas de Asistencia Pública y Mitigación de Riesgos de FEMA levanta interrogantes legítimas sobre duplicidad y diseño estatutario”, añade González Otero en la misiva al secretario Wright.
Otro argumento esbozado es que el 23 de abril de 2026, cuarenta y seis (46) miembros del Congreso de los Estados Unidos, incluyendo el comisionado residente de Puerto Rico, Pablo José Hernández Rivera, que es el miembro de mayor rango del Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal y el presidente del Caucus Hispano Congresional, dirigieron cuestionamientos al Departamento sobre estas cancelaciones y solicitaron una reunión informativa para el 30 de abril de 2026. “Nuestra Asociación de Alcaldes de Puerto Rico respalda formalmente esa gestión congresional y solicita que el Departamento de Energía provea respuestas completas y oportunas a las interrogantes planteadas. No somos defensores de una sola tecnología ni buscamos cuestionar los criterios técnicos de los ingenieros del Departamento de Energía. Somos funcionarios electos responsables ante nuestras comunidades, las cuales necesitan tanto una red eléctrica estable como resiliencia energética distribuida a nivel residencial y comunitario. Ambas son necesarias y una no debe desplazar a la otra”, añadió el alcalde.
Por todo lo anterior, la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico solicita respetuosamente al Departamento que:
1. Reconsidere la terminación del 9 de enero de 2026 de los ocho acuerdos cooperativos del Programa Acceso Solar, particularmente respecto a las aproximadamente doce mil familias ya evaluadas, aprobadas y programadas para instalación, la mayoría residentes en municipios representados por esta Asociación.
2. Establezca un mecanismo de transición que permita completar las instalaciones ya iniciadas, utilizar el equipo adquirido y almacenado, y honrar los compromisos asumidos con los subrecipientes que actuaron de buena fe conforme a los acuerdos firmados.
3. Publique un informe detallado sobre los proyectos específicos, cantidades asignadas, contratistas y cronogramas asociados a los fondos redirigidos, junto con el análisis legal correspondiente que demuestre consistencia con la Ley Pública 117-328, para que los municipios puedan coordinar adecuadamente su planificación de emergencias. 
“Señor Secretario, los hombres y mujeres que servimos como alcaldes y alcaldesas en Puerto Rico no tenemos el privilegio de escoger entre la confiabilidad de una red centralizada y la resiliencia energética a nivel residencial. Enfrentamos ambos retos simultáneamente y con recursos limitados. El PR-ERF, según fue diseñado por el Congreso, era un instrumento orientado precisamente a atender el segundo de esos desafíos. Los municipios de Puerto Rico continúan disponibles para colaborar de buena fe con el Departamento de Energía y asegurar que cada dólar asignado por el Congreso sea utilizado de manera efectiva, transparente y conforme al propósito establecido por ley”, finaliza la carta a Wright firmada por Jorge L. González Otero, presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico.
