San Juan, PR – 7 de mayo de 2026 – La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico emitió hoy la siguiente declaración:
Hoy, la gobernadora Jenniffer González Colón presenta formalmente legislación para establecer salvaguardas fiscales permanentes para el presupuesto de Puerto Rico: un Fondo de Estabilización Presupuestaria, un Fondo de Capital y un plan financiero a cinco años. Estas son medidas que la Junta de Supervisión lleva tiempo impulsando y que el Gobierno y la Junta de Supervisión desarrollaron juntos durante muchos meses. La Junta de Supervisión apoya esta legislación y la cooperación que llevó a estas importantes decisiones.
La Junta de Supervisión coincide con la gobernadora en que el pueblo de Puerto Rico merece un alivio contributivo. El reembolso contributivo de $554 millones autorizado en la Resolución Conjunta 6-2026, según presentada conforme a la Sección 204 de PROMESA, se financia con dos fuentes identificadas y no recurrentes: fondos incialmente reservados para cubrir posibles insuficiencias de ingresos en virtud de la Ley 52-2022 y que no fueron necesarios porque los ingresos de la Ley 52 superaron las proyecciones, y reducciones en los fondos extendidos de años anteriores para gastos planificados que no se ejecutarán. El reembolso no tiene un impacto en el presupuesto del presente año fiscal 2026.
Las reservas existentes no se están utilizando para financiar este alivio —por el contrario, la legislación actual logra, por primera vez, la creación de reservas. La Junta de Supervisión y el Gobierno dedicaron meses a analizar cómo brindar un alivio de manera responsable. La solución alcanzada muestra a los contribuyentes, las agencias de calificación y los mercados de capital que Puerto Rico cuenta con la disciplina fiscal necesaria para lograr ambas cosas: brindar un alivio significativo hoy y crear las reservas que protejan a los puertorriqueños en el futuro.
Un gobierno responsable no se limita a lo que Puerto Rico hace hoy. Se trata de construir instituciones fiscales permanentes que protejan a los puertorriqueños de los difíciles ajustes presupuestarios necesarios cuando disminuyen los ingresos, ocurren desastres y las condiciones económicas empeoran sin que el gobierno esté preparado.
Cuando la Junta de Supervisión inició su labor —y cuando el huracán María azotó la Isla— el Gobierno de Puerto Rico no contaba con reservas para proteger a sus residentes. Un alivio contributivo no recurrente, sin salvaguardas estructurales permanentes, indicaría que Puerto Rico no ha institucionalizado los cambios necesarios para evitar un retorno a las prácticas que provocaron su crisis fiscal.
Financiar las prioridades gubernamentales y acumular reservas no se excluyen entre sí: todo estado bien administrado hace ambas cosas, y si esta legislación se aprueba, Puerto Rico demostrará que también puede hacerlas, lo que es de particular importancia en un momento de incertidumbre económica y disminución de los ingresos.
El mes pasado, la Junta de Supervisión y la Asociación Nacional de Oficiales de Presupuesto Estatales (NASBO) organizaron un simposio en San Juan que reunió a directores de presupuesto de seis estados de EE. UU. para discutir las herramientas y prácticas que sostienen la estabilidad fiscal en las diferentes administraciones: proyecciones de ingresos honestas, creación de reservas, inversión estratégica de capital y planificación multianual transparente. La legislación que la gobernadora presenta formalmente hoy refleja con precisión esos principios. No se trata de requisitos novedosos —es lo que hacen los gobiernos responsables, y Puerto Rico ahora también sigue estos principios.
La gobernadora González Colón presenta legislación para:
Establecer un nuevo Fondo de Estabilización Presupuestaria estatutario como parte del presupuesto para el próximo año fiscal 2027, que comienza el 1 de julio de 2026. Este fondo reemplaza el actual fondo de estabilización presupuestaria que carece de financiamiento y no ha sido capitalizado desde 2008. Se le asigna un financiamiento meta del 13.5% de los gastos presupuestados del Fondo General, el nivel recomendado en el Plan Fiscal Certificado para el Gobierno de Puerto Rico y en alineación con los estándares de los fondos de contingencia estatales de los EE. UU. La capitalización comienza de inmediato con un depósito inicial de $729 millones en el AF2026, seguido de aportaciones anuales del 1.4% de los gastos del Fondo General hasta alcanzar la meta del 13.5% para el 30 de junio de 2032. Este calendario acelerado refleja los años en que no se acumularon reservas desde 2022 y es consistente con la liquidez disponible al momento.
Establecer un Fondo de Capital destinado para financiar proyectos de infraestructura y otros proyectos capitales. Por primera vez, la inversión de capital se separará estructuralmente de los gastos operacionales del Fondo General, una práctica habitual en los estados de EE. UU., pero ausente en Puerto Rico. El fondo recibirá el 35% de los ingresos del Fideicomiso de Puerto Rico (Puerto Rico Trust Fund) anualmente, lo que proporcionará una fuente de financiamiento local sostenible y recurrente para proyectos de capital que requieran fondos no federales. El Gobierno y la Junta de Supervisión elaborarán conjuntamente un Plan Maestro de Mejoras Capitales multianual y un Plan de Financiamiento de Capital. Ningún proyecto capital se aprobará sin una fuente de financiamiento correspondiente identificada dentro del Fondo de Capital u otro mecanismo de financiamiento designado.
Adoptar y conservar un plan financiero a cinco años creíble y transparente, que comience en este año fiscal y se actualice anualmente, y que alinee los ingresos recurrentes con los gastos recurrentes. El plan se divulgará públicamente con su metodología y suposiciones completas, en un formato que permita la comparación interanual y la rendición de cuentas a través de las diferentes administraciones. Incorporará un caso base y otro de incertidumbre financiera calibrados conforme a las actuales tendencias de ingresos planos y decrecientes. A partir del AF2028, el plan proporcionará proyecciones detalladas de ingresos, gastos y flujo de efectivo por fuente para cada año del periodo de cinco años. El plan a cinco años deberá certificarse como consistente con el Plan Fiscal para Puerto Rico requerido en virtud de PROMESA.
El progreso fiscal de Puerto Rico —gasto controlado, requisitos de superávit estructural, reestructuraciones de deuda exitosas y presupuestos estables— representa un avance logrado tras años de arduo trabajo. Distribuir los recursos disponibles sin construir simultáneamente el marco contributivo amparado en la ley para proteger a las generaciones futuras obstaculizaría el regreso de Puerto Rico al acceso a los mercados de capital y menoscabaría la credibilidad fiscal que Puerto Rico se esfuerza por recuperar. La legislación de hoy supone un paso decisivo en la dirección correcta.
La Asamblea Legislativa tendrá ahora la oportunidad de revisarlos, debatirlos y fortalecerlos a lo largo del proceso legislativo. La Junta de Supervisión acoge esta colaboración. Estas medidas son también el comienzo, no el final, de una agenda de reforma presupuestaria más amplia. La Junta de Supervisión ha estado colaborando con la Legislatura en reformas complementarias para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el proceso presupuestario de manera más integral, y esperamos poder continuar ese trabajo conjunto.
La función de la Junta de Supervisión, según el mandato de PROMESA, es garantizar que las decisiones de gobernanza sean cónsonas con el camino hacia lograr la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados. La gobernadora y la Asamblea Legislativa desean, con razón, que la Junta de Supervisión culmine su mandato. La Junta de Supervisión desea que Puerto Rico prospere. El objetivo es común para ambos. La legislación de hoy representa un paso importante para lograrlo.
