(El Capitolio – 4 de mayo de 2026) – El presidente cameral, el representante Carlos “Johnny” Méndez Núñez, advirtió tanto al director de la Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt Roads (ARRR), Carlos Ríos Pierluisi, que, si los fondos para la rehabilitación de la infraestructura tanto de agua potable como el sistema sanitario de estas instalaciones no se consignan en el presupuesto del próximo año fiscal, haría las gestiones para que se asignen.
Sus expresiones fueron vertidas en la vista pública de la Comisión de Hacienda, que preside el representante Eddie Charbonier Chinea, en que se analizó el presupuesto del componente de desarrollo económico. El líder cameral y legislador del Distrito 36, que incluye Ceiba, sostuvo que era primordial que se asignen los dineros para que se inicie el proyecto de agua potable y sanitario necesario para atraer inversiones que ayuden a la economía de la zona.
Ante la pregunta de cuánto es el monto para realizar estas obras, Ríos Pierluisi contestó que según los diseños que recibieron para estos proyectos, haría falta $100 millones, pero tan solo se han asignado $23 millones.
El representante Méndez Núñez fue enfático al señalar que “eso es para mí, primordial y vamos a dar la pelea y le adelanto algo, si no vemos los $77 millones en la plancha del presupuesto, alguien se va a quedar sin chavos, pero van a estar. Lo estoy diciendo y el presidente de la comisión sabe que eso es así”.
El presidente cameral planteó que “los $77 millones tienen que estar, porque bajo mi presidencia, yo no voy a quitarle dinero a Roosevelt Roads, porque 23 años de espera es suficiente. Ese es mi compromiso”.
Cuestionó a ambos funcionarios en torno a “cuáles son las expectativas de la Administración, porque para mí es fundamental Roosevelt Roads y qué asignación presupuestaria a gran escala se le va a hacer para lo que es el servicio de energía eléctrica, el servicio sanitario y el servicio de agua potable, porque si queremos vender a Roosevelt Roads como un lugar de inversión, como un lugar de desarrollo económico, tenemos que hacer la inversión en las utilidades”.
Ante estos cuestionamientos, Ríos Pierluisi, informó que, al momento de confeccionar el presupuesto para la ARRR, no tenían el diseño para estos sistemas, pero al recibirlos “nos dimos cuenta de que el estimado de costo real era superior al originalmente contemplado”, por lo que procedió a declarar un estado de emergencia administrativo.
El deponente indicó que la entidad presentó un planteamiento ante la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para que se asigne el dinero correspondiente.
En el caso del sistema eléctrico, el funcionario planteó que estas labores serán sufragadas con fondos federales por la cantidad de $84 millones, pero para ello hay que realizar un pareo de $8.4 millones, por lo que está en conversaciones con el Departamento de la Vivienda para que los dineros provengan de los fondos de mitigación CDBG-DR y como alternativa del Fondo General.
Ríos Pierluisi aseguró que, para el mes de diciembre, el diseño estará listo de manera que en enero del próximo año natural “pueda salir a subasta”.
“No es una cuestión de si va a ocurrir o no. Es cuándo. Y para ese cuándo necesitamos el dinero”, afirmó el funcionario.
Ante estas expresiones, el presidente cameral alertó que de no producirse las acciones que informaron, “vamos a volver aquí y lo vamos a traer a usted y vamos a exigirle cuentas. Porque vuelvo y le digo, son 23 años que la gente de la región noreste de Puerto Rico está mirando con esperanza a Roosevelt Roads”.
En la mira decretos de incentivos
Por su parte, a preguntas del representante Gabriel Rodríguez Aguiló, el secretario Sebastián Negrón Reichard, manifestó que como parte de la gestión del DDEC para una utilización más efectiva de los decretos de incentivos que se aprueban, se ha dado un proceso de auditoría de 1,798 decretos, de los cuales se han revocado y anulado los que no cumplen con lo estipulado entre las partes.
“La mayoría de las revocaciones y anulaciones es por falta de cumplimiento con los informes anuales que es un requerimiento en ley. Lo que estamos mirando para todos los decretos como proceso estándar es si se está cumpliendo o no con el informe anual, para nosotros es lo básico, es lo mínimo que puede cumplir un decreto teniente con Puerto Rico”, dijo Negrón Reichard quien aclaró que no se revoca de inmediato, si no que se les orienta y se le da oportunidad, antes de tomar esta determinación.
En cuanto a otras razones para la revocación de estos beneficios, “es importante mencionar hay unos casos también donde hay temas federales o estatales de malversación de fondos en los que hay acusaciones, también tenemos casos en que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) ha tomado cartas en el asunto sobre un tema pendiente y ese decreto se revocó”.
El representante Rodríguez Aguiló solicitó al presidente de la Comisión que se le solicitara un informe sobre el tema, por lo que se le dio cinco días laborables para presentarlo.
En un aparte, Negrón Reichard indicó que en el caso de la sociedad de inversiones The Phoenix Funds “no se utilizó el decreto como se debía y la misma OCIF levantó bandera sobre las actividades del Phoenix Fund, por lo que se procedió a revocar el decreto”.
En este caso, la firma de inversión deberá pagar $100 millones al Departamento de Hacienda por los impuestos dejados de informar que dejó de aportar cuando gozaba del decreto contributivo. Otro de los decretos revocados en el 2025 pertenecía a Romark Pharma, quien abandonó el territorio en 2024.
“Así que es algo que vamos a seguir haciendo con las campañas de auditoría para los diferentes programas. Y es bien importante para que la gente tenga confianza de que los tenientes de decreto están utilizando el decreto como se debe. Así que eso ha sido un esfuerzo del equipo de la Oficina de Incentivos”, que dirige Ernesto Zayas García.
El DDEC solicitó para el próximo año fiscal un presupuesto con cargo al Fondo General de $29.7 millones, $77 millones provenientes de la partida de Ingresos Propios, $119. 9 millones de fondos del “Workforce Innovation and Opportunity Act” (WIOA) y $147.4 millones de fondos federales por reembolso.
Por su parte, el Compañía de Desarrollo Industrial (PRIDCO), por voz de su director ejecutivo Roberto Lefranc Fortuño, presentó el presupuesto recomendado para la agencia de $109.6 millones, siendo $14 millones adicionales al vigente de $95.5 millones.
Lefranc Fortuño especificó que “este presupuesto no es arbitrario, sino que responde a necesidades operacionales concretas y planificadas. Entre los factores que justifican este aumento se encuentran el crecimiento en la plantilla de empleados, que pasará de 46 a 70 puestos ocupados en el gasto de nómina”.
“Este presupuesto proyectado refleja una planificación estratégica orientada a fortalecer la capacidad institucional de PRIDCO, mejorar la capacidad de su portafolio de propiedades y maximizar los ingresos por arrendamiento, de manera que la corporación pueda seguir cumpliendo su misión de desarrollo económico de forma autosuficiente y sostenible en cumplimiento con si ley habilitadora”, expuso el funcionario.
El representante Charbonier Chinea informó que, ante la ausencia de la Compañía de Turismo, que es parte del componente de desarrollo económico, se le citará a una nueva vista pública.
A los trabajos comparecieron los representantes Víctor Parés Otero, Axel “Chino” Roque Gracia, Luis “Josean” Torres, Wilson Román López, Nelie Lebrón Robles y Joel Franqui Atiles.
