SAN JUAN, Puerto Rico – Un puertorriqueño fue acusado y se declaró culpable hoy de violar la Ley de Agua Limpia por actividades de construcción y relleno en una propiedad en la zona de Las Mareas, Salinas, Puerto Rico.
Según documentos judiciales, Orlando Rivera-Alejandro colocó material de relleno en Mar Negro, dentro de aguas estadounidenses y dentro de la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de la Bahía de Jobos (JBNERR). Entre enero de 2020 y marzo de 2022, Rivera-Alejandro construyó varias estructuras sobre el área rellenada, incluyendo una glorieta y una rampa de concreto para botes. También construyó un muelle y numerosos postes de PVC rellenos de concreto dentro de Mar Negro, vertiendo concreto directamente en el mar durante la construcción. Rivera-Alejandro no solicitó ni recibió autorización para rellenar el área ni para realizar construcciones dentro de Mar Negro. En ningún momento se le permitió hacerlo.
Como parte del acuerdo de culpabilidad, Rivera-Alejandro aceptó pagar una multa de $50,000, demoler todas las estructuras y realizar modificaciones en la propiedad, así como llevar a cabo la remediación de los daños ambientales y las alteraciones que modificaron el estado natural de la propiedad. La sentencia de Rivera-Alejandro está programada para el 1 de septiembre de 2026.
Las fotografías a continuación muestran la propiedad en mayo de 2019 y en marzo de 2022, evidenciando la construcción ilegal.
La Reserva Estuarina de JBNERR fue designada como reserva en 1981 para proteger los humedales y estudiar los impactos biológicos y sociales del hábitat estuarino, así como para brindar oportunidades recreativas y educativas a las comunidades locales. La reserva alberga al pelícano pardo, el halcón peregrino, la tortuga carey y el manatí antillano, especies en peligro de extinción. El Congreso promulgó la Ley de Agua Limpia en 1972 para proteger y mantener la integridad de las aguas de los Estados Unidos. Esta ley prohíbe el vertido de cualquier contaminante y material de relleno en las aguas de los Estados Unidos, salvo que se obtenga un permiso del gobierno estadounidense.
Este caso forma parte de una investigación en curso sobre la destrucción de humedales en Puerto Rico. Entre las personas previamente condenadas se encuentran Luis Enrique Rodríguez-Sánchez, sentenciado en junio de 2024; Awildo Jiménez-Mercado, Rafael Carballo-Díaz y Nathaniel Hernández-Claudio, sentenciados en septiembre de 2024. y Pedro Luis Bones-Torres, sentenciado en marzo de 2025.
El anuncio fue realizado por el Fiscal General Adjunto Principal Adam Gustafson, de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Departamento de Justicia, y el Fiscal Federal W. Stephen Muldrow.
El caso fue investigado por la División de Investigación Criminal de la EPA y el FBI, que participan en el Grupo de Trabajo contra los Delitos Ambientales de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
La acusación está a cargo del Fiscal Litigante Principal Patrick M. Duggan, de la Sección de Delitos Ambientales de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y del Fiscal Federal Auxiliar Seth A. Erbe, del Distrito de Puerto Rico.
