El Tribunal de Apelaciones falló a favor del Senado al concurrir con la decisión del Tribunal de Primera instancia que obliga al secretario del Departamento de Hacienda a entregar a ese cuerpo información contributiva del otrora secretario de Justicia, Antonio Sagardía.
Según el foro apelativo, el Senado actuó dentro de su facultad constitucional de investigar el uso de fondos públicos y que existe un interés público claro en examinar el cumplimiento contributivo de un contratista gubernamental, al tiempo que concluyó que la información solicitada por el Senado no es confidencial en este contexto y que su entrega no infringe la intimidad ni de Antonio Sagardía ni de terceros.
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