(El Capitolio)— En Sesión Ordinaria, el Alto Cuerpo aprobó el Proyecto del Senado 757, de la autoría del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, junto a los senadores de minoría José Luis Dalmau Santiago y Joanne Rodríguez Veve, dirigido a ampliar el acceso a servicios de salud mediante la integración formal de los “Nurse Practitioners” como profesionales autorizados para prescribir medicamentos.
La medida enmienda diversas leyes, incluyendo la Ley de Farmacia de Puerto Rico, la Ley para Regular la Práctica de la Enfermería, la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente y el Código de Seguros, con el fin de reconocer a estos profesionales dentro del sistema de salud. Además, dispone que los pacientes puedan seleccionar servicios ofrecidos por “Nurse Practitioners”, siempre que su plan médico cubra dichos servicios, promoviendo así mayor accesibilidad y continuidad en la atención médica.
“La inclusión de los Nurse Practitioners en el sistema de salud contribuye a optimizar la distribución de los recursos médicos, mejorando la cobertura en áreas con déficit de profesionales y aumentando la capacidad de respuesta del sistema. No obstante, existe una discrepancia con la Ley 247-2004, según enmendada, conocida como Ley de Farmacia de Puerto Rico, que únicamente reconoce como prescriptores a médicos, odontólogos, dentistas, podiatras y veterinarios. Esta inconsistencia ha generado que las recetas emitidas por los Nurse Practitioners no sean aceptadas por farmacias, afectando la aplicación de sus atribuciones legales”, cita la exposición de motivos.
En un turno, la senadora de minoría, Rodríguez Veve, expresó que “a pesar de que la ley y reglamento que rige esta profesión permite que los Nurse Practitioners puedan recetar, la Ley de Farmacias de Puerto Rico no los reconoce como prescriptores autorizados. El efecto que esto tiene es que las recetas emitidas por los Nurse Practitioners no son aceptadas en las farmacias. Por lo tanto, para nosotros corregir esta incongruencia y hacerles justicia es que presentamos este proyecto”.
Igualmente, manifestó su apoyo la senadora de minoría, María de Lourdes Santiago Negrón. “Se trata de un reconocimiento a lo que la profesión de la enfermería ha adelantado en esta práctica. Personas realmente comprometidas con la salud pública, comprometidas, además con que se proyecte adecuadamente lo que se presenta esta profesión, que es indispensable para la provisión de servicios de salud en Puerto Rico. Por lo tanto, estaremos votando a favor de la medida”.
También, en beneficio del personal de enfermería se aprobó el Proyecto del Senado 687, presentado por petición del Colegio de Enfermería, a través del portavoz de la mayoría, Juan Oscar Morales Rodríguez. La medida propone crear la “Ley de Patrón de Personal de Enfermería en las instituciones médico-hospitalarias de Puerto Rico”, a los fines de resguardar unas condiciones de trabajo funcionales y óptimas que viabilicen la labor del personal de la enfermería en beneficio y atención de los pacientes.
En esa línea, el proyecto instituye el patrón de personal correspondiente a cada unidad; establecer penalidades; delinear las obligaciones y responsabilidades del Departamento de Salud. La iniciativa surge ante la problemática de sobrecarga laboral en el personal de enfermería y la escasez de profesionales, factores que impactan directamente la calidad del servicio y la seguridad del paciente. La medida pretende asegurar una distribución adecuada del personal.
“Esta medida que lleva muchísimos años en discusión y es momento de hacerle justicia a estos profesionales. Que nadie debe tener duda en Puerto Rico, que son profesionales de primera, comprometidos con su vocación, con su trabajo y que siempre han demostrado que han dado la milla extra. Este proyecto tuvo tres vistas públicas y dos mesas redondas donde tuvimos la oportunidad en esas mesas redondas de discutir desde la primera página hasta la última… Esta medida busca asignar este patrón de enfermeros para que existan unas guías establecidas para servicio al paciente”, expresó Morales.
Asimismo, se expresó a favor la senadora de minoría y coautora, Ada Álvarez Conde. “Este proyecto lo que busca es que las herramientas y condiciones de trabajo sean apropiadas. Al final del día estamos pensando en el enfermero y la enfermera, pero también es un beneficio para el paciente que no tiene un enfermero cargado por demasiados pacientes a la vez”. Igualmente, apoyó el proyecto la senadora Santiago Negrón. “La atención a este proyecto es el resultado de una muestra de generosidad, de desprendimiento y de consenso entre las distintas organizaciones”.
Aprobada petición de información de Rivera Schatz
Por otra parte, fue aprobada la Petición de Información 2026-0055, radicada por Rivera Schatz. La solicitud menciona que surge tras información recibida en relación, si alguna, con posible participación de Suzanne Roig Fuertes, en la otorgación de un contrato con el hogar Hacienda Don Luis para el cuidado de un paciente, por un monto de $60 mil mensuales, durante el periodo en que ejerció funciones en el Departamento de Salud. Este asunto fue referido al Departamento de Justicia (DJ) en el año 2022 y posteriormente archivado el 30 de octubre de 2025.
Ante estos hechos, el presidente senatorial solicitó formalmente al DJ, por conducto de su secretaria, la licenciada Lourdes Gómez Torres, que someta en un término de cinco días calendario copia del informe de la investigación realizada sobre dicho referido.
Senado avala otras medidas
Igualmente, recibió aprobación el Proyecto del Senado 877 del senador de mayoría, Jeison Rosa Ramos. Este proyecto busca enmendar la Ley del Registro Interactivo de Propiedades Públicas para ampliar su alcance e incluir fincas agrícolas vacantes pertenecientes al gobierno. La medida pretende facilitar el acceso a estas tierras para su desarrollo económico, conservación o uso agrícola, promoviendo su aprovechamiento eficiente. Asimismo, propone que los agricultores tengan acceso gratuito a la información del registro mediante la plataforma AgroPerfil.
A favor de la medida se expresó el senador de mayoría Héctor Joaquín Sánchez Álvarez. “Este proyecto no busca darle autoridad o garras adicionales a la Autoridad de Tierras (AT) para que venda los terrenos que están conservados para la presente y futuras generaciones. Este proyecto lo que está buscando es algo bien sencillo. La AT no tiene una plataforma en donde estudiantes graduados de cualquier carrera que quieran dedicarse a la agricultura puedan acceder a una plataforma, y así poder identificar cuál terreno está disponible para desarrollar la finca, ya sea para ganadería o cualquier práctica agrícola”.
En la misma línea, en apoyo al proyecto habló el senador de minoría José A. Santiago Rivera dijo que “esta medida va en la dirección correcta, atiende un vacío real, la falta de un inventario accesible, actualizado y útil de terrenos agrícolas y públicos, y lo hace integrando esa información a una plataforma digital que, en teoría, permitiría conectar tierras disponibles con agricultores listos para producir”.
Además, fue aprobado el Proyecto del Senado 1085 del senador de mayoría, Rafael “Rafy” Santos Ortiz, para enmendar la Carta de Derechos de los Adultos Mayores. Esto con el fin de incluir disposiciones que garanticen su protección en el ámbito del deporte adaptado. Busca reconocer la importancia de la actividad física en esta población y asegurar que tengan acceso a espacios seguros y adecuados para su participación.
“Es una medida dirigida a fortalecer la protección e inclusión y dignidad de las personas adultas mayores en el ámbito deportivo. Enmendamos la Carta de Derechos del Adulto Mayor para establecer herramientas concretas que atiendan situaciones de discrimen, maltrato y exclusión, particularmente en el deporte adaptado. Entre sus disposiciones principales se establece como requisito que todos los participantes en ligas de deportes adaptados, incluyendo atletas, entrenadores, árbitros y personal administrativo reciban capacitación obligatoria en la prevención de la violencia, el discrimen por edad y el trato digno”, expresó Santos.
A su vez, se le dio paso a la Resolución Conjunta del Senado 68 de la vicepresidenta senatorial, Marissa “Marissita” Jiménez Santoni. Esta resolución ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales actualizar reglamentos y establecer protocolos relacionados con la erosión costera y cuerpos de agua. La medida responde a los cambios provocados por huracanes, terremotos y otros eventos naturales recientes.
De otro lado, fue aprobada la Resolución del Senado 424 del senador Santos Ortiz, para realizar una investigación exhaustiva sobre las deficiencias en los sistemas de respuesta rápida. Esto incluyendo la disponibilidad y funcionamiento de ambulancias, la escasez de personal técnico de emergencias médicas, así como la falta de recursos policiacos necesarios para atender situaciones de emergencia en el Distrito Senatorial de Guayama.
Igualmente, la Resolución del Senado 433 de Jiménez Santoni, para investigar los ingresos que genera el sello de dos dólares que se cobra en virtud de la Ley del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico. Esto por la expedición de los certificados de vacunación y las certificaciones de salud para transporte interestatal e internacional que expiden los veterinarios.
A su vez, de la senadora de mayoría Nitza Moran Trinidad, la Resolución del Senado 452. Esta resolución ordena investigar las prácticas de las aseguradoras de salud relacionadas con la cobertura de tecnologías quirúrgicas avanzadas, como la cirugía robótica. También, examina la cobertura de equipos especializados y asistencia quirúrgica. El objetivo es evaluar el impacto de estas prácticas en el acceso a servicios de salud y en los costos para pacientes e instituciones.
De igual manera, se aprobaron las Resoluciones del Senado 302, 303, 304 y 305 del senador de mayoría Héctor “Gaby” González López, para investigar las condiciones infraestructurales de las carreteras estatales PR-129; PR-490; PR-681 y PR-492, respectivamente. También, la Resolución del Senado 316 para investigar las condiciones de la carretera PR-567, que discurre por los barrios San Lorenzo, Pasto y Vaga del municipio de Morovis y se extiende hasta el municipio de Orocovis.
Medida aprobada de la Cámara de Representantes
Por otra parte, el Senado dio paso al Proyecto de la Cámara 1027 (A-102), una medida de administración. La medida enmienda la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos para incluir nuevas protecciones legales. Entre ellas, se establece el derecho a solicitar órdenes de protección ante violaciones de derechos y se define el proceso judicial correspondiente. Además, introduce nuevas penalidades por maltrato, negligencia y violaciones a estas órdenes. Su objetivo es fortalecer la protección legal de las personas con diversidad funcional, garantizando mayor seguridad, acceso a la justicia y respeto a sus derechos.
En su exposición de motivos, se explica que a pesar de que entre los derechos que se establecen específicamente en la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos está el de “recibir protección contra negligencia, maltrato, prejuicio, abuso o descuido por parte de sus familiares, proveedores de servicios o comunidad”, no se ha dispuesto un proceso para hacer efectivo dicho derecho mediante la obtención de una orden de protección. “Por esto, resulta imperativo legislar un procedimiento para la obtención de una orden de protección al amparo de la Ley Núm. 238-2004”, cita la medida.
