(SAN JUAN – martes, 21 de abril de 2026) La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, por voz del licenciado Christian Cortés Feliciano, alcalde de Aguada y secretario de la Junta de Directores de dicha entidad, compareció en la mañana de hoy ante el Senado de Puerto Rico para someter sus comentarios a los dos proyectos de ley sometidos ante la Legislatura. Al iniciar la vista pública, el alcalde comenzó con el Proyecto del Senado 1183, titulado Código de Planificación y Permisos. De la ponencia en el salón de audiencias Miguel Ángel García Méndez, participaron además, el presidente de la Asociación y alcalde de Jayuya, Jorge ‘Georgie’ González Otero, y la alcaldesa de Humacao, Rosamar Trujillo Plumey.
“Nuestra organización comparte el diagnóstico contenido en la exposición de motivos del 1183 y respalda el objetivo de agilizar y modernizar el sistema de permisos. La realidad de la burocracia gubernamental de las agencias es incuestionable, pues es sistema de permisos a nivel central que adolece de fragmentación severa, con aproximadamente cuarenta y seis (46) instrumentos legales y administrativos, procesos que pueden tomarentre doscientos sesenta y tres (263) y quinientos cuarenta (540) días calendarios para permisos de
construcción bajo el procedimiento ordinario, y una incertidumbre regulatoria que perjudica al ciudadano, al sector privado y a los propios municipios”.Cortés Feliciano señaló que es inaceptable que Puerto Rico ocupe la posición ciento cuarenta y tres (143) del Banco Mundial en facilidad para obtener permisos, mientras los Estados Unidos ocupan la sexta (6) posición.
“Esta realidad constituye una desventaja competitiva inaceptable para nuestra economía y un obstáculo cotidiano para el ciudadano que busca emprender, construir su vivienda o expandir su negocio. Los alcaldes, como la primera línea de contacto entre el ciudadano y el Estado, convivimos a diario con la frustración que esta burocracia genera y reconocemos, sin reservas, la necesidad de transformación. Esta ponencia reconoce que el Proyecto del Senado 1183 presenta una ambición legislativa distinta y más abarcadora que su antecesor inmediato, el Proyecto del Senado 1173. Mientras aquel se concentró en simplificar aspectos operacionales del sistema vigente, el Proyecto del Senado 1183 propone una recodificación integral, mediante la adopción de un nuevo Código de Planificación y Permisos, la derogación expresa de la Ley Orgánica de la Junta de Planificación, la derogación de la Ley 161-2009 y la Ley 19-2017, la adscripción administrativa del nuevo ente
planificador al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la exclusión de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (Ley 38-2017) del régimen procesal aplicable, y la creación de figuras profesionales
privadas facultadas para adjudicar permisos con efecto equivalente al de la Oficina Central de Permisos”, detalló el alcalde
En la ponencia se señaló que paso más significativo hacia la descentralización en Puerto Rico fue la Ley de Municipios Autónomos de 1991 (Ley Núm. 81-1991 derogada), la cual reconoció a los municipios como la unidad primaria de prestación de servicios básicos y esenciales a la ciudadanía, ampliando el ámbito de sus facultades y autorizando la transferencia de competencias del Gobierno Central a través de tres mecanismos: la delegación específica de competencias en materia de planificación y ordenación territorial, la delegación de competencias expresas vinculadas al desarrollo social y económico local, y la delegación de facultades no expresas mediante acuerdos o convenios.
“La verdadera transformación exige avanzar más allá de una mera reestructuración administrativa hacia una política pública integral de delegación de competencias, regionalización de servicios y fortalecimiento de la
subsidiariedad, capaz de simplificar trámites, eliminar duplicidades, acercar la toma de decisiones al ciudadano y catalizar el desarrollo económico local. Solo mediante una descentralización efectiva, articulada con un marco institucional coherente, financiamiento adecuado y participación ciudadana real, podrá Puerto Rico superar el centralismo agotado que hoy obstaculiza la eficiencia gubernamental”, añadió el alcalde en su
presentación.
“En ese contexto, los comentarios que se presentan tienen tres propósitos: (1) reconocer la problemática que el Proyecto identifica y que también experimentan los municipios, incluyendo uniformidad, demoras, notificaciones tardías y fiscalización efectiva; (2) plantear soluciones viables que atiendan esas deficiencias sin requerir una codificación abarcadora y disruptiva; y (3) distinguir los asuntos en los que existe consenso, como la integración tecnológica, la estandarización y la fiscalización efectiva, de aquellos en los que persisten diferencias sustantivas o requieren mayor deliberación, entre los que se encuentran la reestructuración institucional del ente planificador, la ampliación del rol de los profesionales privados como eje del sistema y la
exclusión de la LPAU”, continuó Cortés Feliciano.La otorgación de permisos en los 50 estados – Con relación a este tema, el alcalde expuso que en un análisis
comparado del esquema jurisdiccional para la otorgación de permisos y uso de suelo en los Estados Unidos resulta particularmente esclarecedor para evaluar el modelo puertorriqueño y reafirmar la pertinencia de la descentralización. La responsabilidad primaria de regular el desarrollo y el uso designado de parcelas individuales de terreno en los Estados Unidos recae mayormente en el gobierno municipal, en el caso de áreas incorporadas, y en el gobierno del condado, en el caso de áreas no incorporadas, asumiendo el gobierno
estatal un papel más prominente solo en algunas jurisdicciones. Este diseño permite que la decisión sobre qué se construye, dónde y bajo qué parámetros pertenece al nivel de gobierno más cercano al ciudadano y al
territorio afectado.
Sobre el Proyecto del Senado 1183
Ante este tema, el alcalde señaló que Proyecto del Senado 1183, titulado “Código de Planificación y Permisos”, propone una transformación de alcance estructural más amplia que la contemplada por su antecesor, el Proyecto del Senado 1173. La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico reconoce que la medida persigue objetivos legítimos y necesarios. Entre ellos, destacan la uniformidad normativa, la reducción de la fragmentación interagencial, la integración tecnológica mediante un Sistema Unificado de Información, la
trazabilidad digital de expedientes, la estandarización de usos mediante el North American Industry ClassificationSystem (NAICS) y el fortalecimiento de la fiscalización efectiva por encima del modelo puramente preventivo.“Respaldamos esos objetivos. Coincidimos con el proyecto en que la modernización del sistema de permisos requiere plataforma tecnológica robusta, criterios publicados, precedentes administrativos claros, expediente
digital único, validaciones automáticas, métricas públicas y mecanismos disuasivos frente al incumplimiento.
Esos elementos no son motivo de objeción; por el contrario, constituyen terreno común sobre el cual esta Asociación se compromete a colaborar con la Asamblea Legislativa para fortalecer el producto legislativo final. A juicio de esta Asociación, cualquier reforma válida del sistema de planificación y permisos debe satisfacer cinco principios rectores de política pública: (i) la autonomía municipal debe garantizarse como componente sustantivo del Sistema de Permisos; (ii) la intervención municipal previa en la evaluación y
aprobación de permisos debe quedar garantizada de forma expresa en el texto del Código y no diferida al futuro Reglamento Único; (iii) el poder adjudicativo y regulador debe permanecer primordialmente en manos de
entes gubernamentales, reservando la participación profesional privada al complemento técnico y no a la decisión regulatoria sustantiva; (iv) cualquier reglamentación futura debe adoptarse con salvaguardas
procesales equivalentes o superiores a las de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley 38-2017, y con participación municipal categóricamente asegurada en ley; que la reglamentación sea para establecer los procesos administrativos y procesales y los distritos de calificación están en los respectivos planes y (v) toda reforma tan abarcadora debe demostrar, con base empírica suficiente, por qué no bastan enmiendas puntuales
y mejoras operacionales menos disruptivas para atender la problemática identificada”, señaló.
Cortés Feliciano expuso que el proyecto entra en tensión con varios de estos principios en cuatro ejes operacionales concretos, que se examinan a continuación: (a) el desplazamiento del régimen municipal de
ordenación territorial hacia el nuevo Código; (b) la adscripción del ente planificador al Departamento deDesarrollo Económico y Comercio (DDEC); (c) la exclusión expresa de la LPAU y la amplia remisión al futuro
Reglamento Único; (d) querer hacer la planificación mediante el Reglamento Único y (e) la institucionalización del Profesional Autorizado y del Profesional Cualificado con facultades adjudicativas sin intervención municipal previa.
“La Exposición de Motivos se presenta bajo una bandera de “descentralización responsable” y reconoce, con lenguaje favorable, el papel de los gobiernos municipales en la administración del territorio. Sin embargo, el
texto de ley propuesto tiene el efecto contrario a la descentralización. Centraliza la normativa sustantiva en un Reglamento Único que prevalece sobre toda reglamentación incompatible. Centraliza la radicación y
asignación de solicitudes en el Sistema Unificado de Información. Condiciona la vigencia de los instrumentos territoriales municipales a la aprobación final del Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Adscribe la Junta de Planificación al propio DDEC. Y traslada facultades adjudicativas, que son función pública por naturaleza, a una figura profesional privada acreditada por el DDEC, reduciendo la intervencióm del municipio a una notificación electrónica posterior”, argumentó el alcalde.
Otro tema señalado es que ya es de conocimiento que el gobierno central tiene problemas de personal, el gobierno redujo en 52% los empleados de carrera en los pasados 17 años. Este problema es parte de la razón por la cual el DDEC y la OGPe no han estado siendo eficentes manejando los casos a diferencia de las oficinas de permisos municiplaes. Del último informe de transisición de 2024, la OGPe reconocía el problema de no tenrmer el personal necesario para evaluar los casos (analistas de permisos a jueces administrativos), la necesidad de fondos y recuros para la campaña de adopción de los códigos de construcción y para actualizarla plataforma del Single Business Portal. El impacto de la Ley 80-2020 de Retiro Incentivado que hizo que los elementos más experimentados se retirasen el pasado año y los problemas y dificultades de los salarios bajos que no atraen talento.
“Por las razones expuestas, consideramos imperativo que el Senado de Puerto Rico considere y adopte las recomendaciones presentadas por la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, y que articulan la voz técnica de los gobiernos locales en su capacidad de ejecutores directos de servicios a la ciudadanía. La agilidad que el Proyecto del Senado 1183 persigue es compatible con el fortalecimiento de la autonomía municipal si la arquitectura institucional se ajusta para preservar el rol protagónico de los municipios, cuyo desempeño
durante más de tres décadas ha validado la descentralización como política pública exitosa. Toda reforma del sistema de permisos que aspire a la legitimidad democrática y a la efectividad operacional debe
construirse con los municipios y no sobre los municipios”, finalizó el alcalde aguadeño.
