San Juan, Puerto Rico, (17 de abril de 2026) – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, CPA, dio a conocer los resultados del Informe de Auditoría OC-26-18 correspondiente al Municipio de Sabana Grande, el cual cubre el periodo del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2024. El informe contiene una opinión cualificada, al identificarse múltiples hallazgos que reflejan incumplimientos con disposiciones legales y deficiencias en los controles internos.
La Contralora indicó que, aunque las operaciones del Municipio se realizaron en términos generales conforme a la ley y la reglamentación aplicable, las desviaciones señaladas en los hallazgos afectan áreas críticas como la contratación, el manejo de fondos públicos, la administración de ingresos, el control de la propiedad y los procesos de recursos humanos.
La auditoría reveló pagos indebidos por miles de dólares por trabajos no realizados y otros sin cotizaciones; más de $15,000 sin cobrar y deficiencias en los pagos de contratos contingentes relacionados con la facturación a planes médicos por servicios de ambulancia; créditos presupuestarios no obligados al momento de otorgarse los contratos; pérdida de propiedad notificadas con tardanza; y documentos incompletos en los expedientes de personal.
En el primer hallazgo, la auditoría reveló pagos indebidos por $13,861 por trabajos no realizados en un proyecto de mejoras a un parque recreativo. El examen evidenció que se pagaron partidas correspondientes a la construcción de una base de verja y la instalación de un poste de luz que no fueron ejecutadas, según corroborado mediante inspecciones y declaraciones del contratista. Además, se identificaron deficiencias en los procesos de cotización, incluyendo la ausencia del mínimo requerido de propuestas y la falta de documentación esencial como firmas, nombres y títulos de los funcionarios que participaron en el proceso. Estas deficiencias limitaron la competencia y restaron confiabilidad al proceso de adjudicación.
En sus comentarios, la gerencia municipal indicó que las situaciones corresponden a la administración anterior y que la administración actual ha iniciado procesos de recobro contra el contratista, así como medidas correctivas para garantizar el cumplimiento con los procedimientos establecidos.
No obstante, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) determinó que el hallazgo prevalece.
El segundo hallazgo señala deficiencias en la administración de contratos contingentes relacionados con la facturación a planes médicos por servicios de ambulancia. La auditoría identificó $15,168 en ingresos no cobrados correspondientes a cheques emitidos por aseguradoras, así como pagos indebidos por $416 por facturas duplicadas. Además, se determinó que el Municipio no retuvo $5,297 en contribuciones sobre ingresos, ni registró adecuadamente los contratos en la Oficina del Contralor, al asignarles un valor nominal de $1 en lugar de una cuantía estimada razonable.
La gerencia expresó estar de acuerdo con algunos de los señalamientos e indicó que ha iniciado gestiones de cobro para recuperar los fondos no recibidos y corregir los procesos. Sin embargo, expresó desacuerdo en cuanto a la naturaleza de los contratos contingentes. La Contraloría concluyó que el hallazgo prevalece, al incumplirse disposiciones específicas sobre el registro y control de contratos.
En el tercer hallazgo, se identificaron deficiencias en la obligación de créditos presupuestarios, incluyendo tardanzas de hasta 110 días en registrar obligaciones relacionadas con contratos, y retrasos de hasta 428 días en la obligación de fondos en contratos contingentes. Estas prácticas debilitan el control fiscal y aumentan el riesgo de sobregiros y litigios innecesarios.
La administración municipal indicó que ha corregido estas prácticas y que actualmente se asegura la certificación de fondos antes de formalizar contratos. No obstante, la auditoría concluyó que las deficiencias existieron durante el periodo evaluado.
El cuarto hallazgo revela deficiencias en el manejo de pérdidas de propiedad municipal. Se identificaron 38 unidades de propiedad perdidas en 33 incidentes, con un valor estimado de $738,352. De estas, 13 pérdidas fueron notificadas a la Oficina del Contralor con tardanzas que oscilaron entre 4 y 998 días, en incumplimiento con los términos establecidos por ley.
La gerencia indicó que ha impartido instrucciones para mejorar la notificación oportuna de incidentes y fortalecer los controles. Sin embargo, la Contraloría señaló que la tardanza en estos procesos limita la capacidad de investigar los hechos y fijar responsabilidades.
El quinto hallazgo se relaciona con deficiencias en los expedientes de personal. La auditoría determinó que múltiples documentos carecían de firmas, fechas y otra información esencial, lo que debilita los controles sobre pagos de nómina y propicia la comisión de irregularidades. La administración indicó que esta situación fue corregida y que se han impartido instrucciones al personal correspondiente.
El informe también incluye un comentario especial sobre demandas civiles pendientes de resolución, tanto en contra como a favor del Municipio, lo que representa posibles riesgos fiscales futuros.
Como resultado de estos hallazgos, la OCPR emitió recomendaciones dirigidas al secretario de Hacienda, al presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y al alcalde del Municipio. Entre las medidas recomendadas se destacan el recobro de fondos pagados indebidamente, el fortalecimiento de los procesos de cotización, la supervisión efectiva de los contratos, la retención correcta de contribuciones, la obligación oportuna de fondos, la mejora en los controles de propiedad y la correcta documentación de los expedientes de personal.
La Contralora reiteró que la sana administración pública exige controles efectivos, cumplimiento estricto de la ley y supervisión continua en todas las áreas operacionales.
El informe completo está disponible en la página oficial de la OCPR www.ocpr.gov.pr.
