San Juan, Puerto Rico (9 de abril de 2026) – San Juan, Puerto Rico — El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y las senadoras Joanne Rodríguez Veve, Ada Álvarez Conde, Wandy Soto Tolentino y Migdalia Padilla Arvelo, radicaron dos medidas legislativas dirigidas a fortalecer la protección de la familia y brindar apoyo concreto a poblaciones que requieren atención particular dentro de la política pública del Gobierno de Puerto Rico. Las medidas atienden, por un lado, la licencia de paternidad por adopción para padres adoptantes en el sector privado y, por otro, la actualización y fortalecimiento de la Carta de Derechos de la Estudiante Embarazada.
La primera medida crea la “Ley de Licencia de Paternidad por Adopción para Empleados del Sector Privado”, con el propósito de reconocer el derecho de los padres adoptantes que trabajan en la empresa privada a disfrutar de una licencia con paga, así como establecer protección en el empleo mientras ejercen ese derecho. La medida parte del reconocimiento de que la integración de un menor adoptado al hogar requiere tiempo, presencia y estabilidad emocional para facilitar el proceso de adaptación y fortalecer los vínculos familiares.
El proyecto dispone, tal como está reconocido para los padres adoptantes en el sector público, que en casos de adopción conjunta el padre adoptante tendrá derecho a quince (15) días laborables con paga; en adopciones individuales de menores de cinco años o menos, a ocho (8) semanas calendario con paga; y en adopciones individuales de menores de seis años o más, a quince (15) días laborables. Además, garantiza la reserva del empleo, el derecho a reinstalación y la protección contra despidos, represalias o discrimen por solicitar o disfrutar de la licencia. En Puerto Rico en los últimos cinco años se adoptan un promedio de 150 menores al año.
De otra parte, la segunda medida enmienda la Ley 220-2004, conocida como la “Ley de la Carta de Derechos de la Estudiante Embarazada”, para fortalecer y modernizar los mecanismos de divulgación, apoyo institucional y continuidad académica de las estudiantes embarazadas tanto en el sistema público de educación escolar como en la educación superior pública, incluyendo la Universidad de Puerto Rico.
La medida propone, entre otras cosas, que la Carta de Derechos esté disponible de forma continua y prominente en medios digitales; que se establezca una Ruta de Apoyo a la Estudiante Embarazada con información clara sobre derechos, acomodos, referidos y querellas; que se designe un Enlace de Apoyo a la Estudiante Embarazada en los planteles y recintos; y que se pueda activar un Plan Individual de Continuidad Académica para atender ausencias justificadas, ajustes razonables y coordinación de apoyos. También requiere métricas mínimas de cumplimiento e informes anuales a la Asamblea Legislativa.
Al anunciar la radicación de ambas medidas, la senadora Rodríguez Veve expresó que estas iniciativas responden a una visión de política pública centrada en la dignidad humana, el fortalecimiento de la familia y la protección efectiva de sectores que muchas veces enfrentan cargas adicionales sin suficiente respaldo institucional.
“Estas medidas van dirigidas a atender necesidades legítimas y a fortalecer la niñez y las familias en Puerto Rico”, expresó Álvarez Conde.
“Estas medidas procuran que la ley responda de forma concreta y justa a realidades humanas que no pueden seguir siendo ignoradas. Reconocer la licencia de paternidad por adopción en el sector privado fortalece la integración familiar y atiende el bienestar del menor adoptado. De igual forma, reforzar la protección y el acompañamiento a la estudiante embarazada ayuda a que ninguna joven vea truncada su formación académica por falta de información, apoyo o acomodos razonables”, sostuvo la senadora.
