(27 de marzo de 2026; San Juan, Puerto Rico) – El Departamento de Justicia de Puerto Rico, a través de la Secretaria Auxiliar de lo Civil, Lcda. Tania Fernández Medero, presentó ayer una Moción de Reconsideración y Relevo de Orden en representación del Secretario de Hacienda. El recurso legal impugna la orden que exige la entrega de información contributiva confidencial del Lcdo. Antonio Sagardía al Senado de Puerto Rico, tras una solicitud del Hon. Thomas Rivera Schatz bajo apercibimiento de desacato civil.
La moción, radicada a las 5:20 p.m., sostiene que el Tribunal erró al ordenar la divulgación de datos protegidos para los años contributivos 2024 y 2025. La Lcda. Fernández Medero reafirmó que esta defensa no se limita a un individuo, sino que protege las garantías constitucionales de cada ciudadano que rinde planillas en Puerto Rico.
La Secretaria Auxiliar de lo Civil enfatizó que el cumplimiento estricto del ordenamiento jurídico es la única vía para garantizar la seguridad de la información privada frente a cualquier rama de gobierno.
“La Constitución de Puerto Rico, en su Artículo II, Sección 8, establece un mandato de confidencialidad estricto sobre la vida privada. Las planillas son comunicaciones privilegiadas entre el contribuyente y el Estado. Romper ese sello sin cumplir rigurosamente con los criterios de excepción establecidos en la ley no solo es una irregularidad procesal, sino un precedente peligroso para todos los puertorriqueños”, afirmó la Lcda. Fernández Medero.
El Departamento de Justicia argumentó que la información contributiva es de carácter estrictamente confidencial, según lo dispone la Sección 1001.01 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011. Asimismo, el escrito legal se apoya en el precedente del Tribunal Supremo en el caso Rullán v. Fas Alzamora, 166 DPR 742 (2006), el cual limita la divulgación de estos documentos.
La licenciada advirtió que permitir el acceso a esta información, sin la base jurídica necesaria, vulnera el sistema de derecho: “Nadie está por encima de la ley, pero tampoco nadie está por debajo de las protecciones constitucionales”.
Con esta moción, la Secretaría Auxiliar de lo Civil reafirma su deber ministerial de proteger la integridad de los procesos fiscales y el derecho a la intimidad de todo ciudadano sin distinción de persona.
